La Mesa del Parlament desoyó los avisos de inconstitucionalidad de las leyes del ‘procés’

Hubo advertencias de que los actos que se iban a tomar y votar en el Parlament catalán en septiembre de 2017 preparatorios del referéndum del 1 de octubre y la posterior Ley de Transitoriedad eran “palmariamente” inconstitucionales y cayeron en saco roto. En esa idea han coincidido el que fue letrado mayor del Parlament catalán, Antoni Bayona, en la recta final del procés, y Xavier Muro, secretario general de la cámara, al testificar en la vista que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra cuatro ex miembros de la Mesa y una ex diputada de la CUP.

La cuestión es que los informes o dictámenes que hacen los letrados de la Cámara no son de obligado cumplimiento para la Mesa del Parlament antes de decidir si admite a trámite o no una iniciativa, como en las dos que centran esta vista: la Ley de Referendum y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República del 6 y 7 de septiembre de 2017. Y tampoco lo son para el propio Pleno. Eso lo sostuvieron los acusados de un supuesto delito de desobediencia -Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluís Guinó y Mireia Boya- en su declaración de este martes, primer día del juicio, y lo ha mantenido hoy el que fue presidente del Parlament, Ernest Benach, al testificar propuesto por la defensa: “Los letrados son asesores, informan, pero en ningún caso te obligan a cumplir sus indicaciones aunque históricamente se les ha hecho caso”.

En las maratonianas sesiones de esos días de septiembre, y en otros informes anteriores relativos a otras iniciativas como la ley de presupuestos que acompañaba una partida para “consultas electorales” -paraguas del referéndum-, el parecer de los letrados no fue tenido en cuenta. Bayona ha explicado que el 6 de septiembre de 2017 el debate de la Ley del Referéndum se hizo “vía exprés” ampliando la orden del día del pleno que ya estaba previsto celebrar. Ha referido que los grupos de la oposición pidieron que se escuchara antes al Consell de Garantías Estatutarias y que la Mesa lo desestimó. Y también ha afirmado que presentaron -junto con el secretario general- un escrito advirtiendo de los requerimientos anteriores del Tribunal Constitucional de que la Mesa debía impedir pronunciamientos soberanistas: “estaba claro que la Ley del Referéndum y la de Transitoriedad estarían afectadas por las advertencias del Constitucional”. “Los letrados intentamos asegurar las cosas, si había requerimientos del Constitucional que estaban claros, teníamos que hacerlo”, ha añadido a preguntas de las defensas.

Los acusados, para los que el fiscal pide 20 meses de inhabilitación, insistieron en sus declaraciones que la función de la Mesa del Parlament es tramitar las iniciativas y velar para que cumplan los requisitos del reglamento sin entrar en el fondo de lo que plantean. Muro, el secretario general de la cámara, lo ha confirmado pero ha añadido: “La mesa puede acordar la inadmisión de una iniciativa si es palmariamente inconstitucional”.

Muro ha apuntado que la Ley de Referéndum se presentó en el registro a finales de julio de 2017 y que lo normal era que la Mesa lo hubiera incluido para tramitarlo en el pleno siguiente- aquel año hubo un pleno el 17 de agosto- pero que no se hizo así.

Cuando el 6 y 7 de septiembre se plantearon el debate de las dos leyes, Muro y el letrado mayor redactaron una nota: “Informábamos que las dos podrían entrar en contradicción con las interlocutorias y sentencias del Constitucional que tenían un mandato dirigido a los miembros de la Mesa para que no adoptaran decisiones en contra”.

También ha matizado, a preguntas del fiscal, que “no era habitual que la Mesa adoptara decisiones en contra de su criterio”. Parecida situación se produjo en el pleno del 27 de octubre cuando se votó la declaración de independencia en un pleno del que salieron los partidos de la oposición, tal como recordaron en la sesión del martes los diputados José María Espejo (Ciudadanos) y David Pérez, del PSC. Y una sesión a la que tampoco asistieron los letrados del Parlament -tampoco su secretario- precisamente “por la naturaleza de la sesión”, según explicó el letrado mayor.

Sesiones accidentadas

Varios de los testigos de la defensa de la ex diputada de la CUP propiciaron que en la vista se escucharan alegatos independentistas al defender la presentación de las leyes del procés. Lo hizo  Gabriela Serra, ex diputada de la CUP: “Dijera lo que dijera el Constitucional teníamos la obligación de tirar adelante”. Y también lo defendieron otros testigos de esa parte, como Albert Botran (ex diputado del Parlament de la CUP y ahora del Congreso), Ferran Civit (diputado del Parlament por ERC) o Antoni Castella ( diputado por Junts). En sus testimonios, todos subrayaron que fueron firmantes de algunas de las leyes clave del procés pero que ninguno, a diferencia de Boya, había sido objeto de querella criminal de la fiscalía.

En el mismo sentido se ha expresado Lluís Llach, ex diputado independiente por Junts per Sí en la legislatura que acabó abruptamente en 2017, que defendió la legitimación de aquellas sesiones de setiembre que recordaba “muy accidentadas” con continuas interrupciones. Llach, que asumió la presidencia de la comisión de estudio del proceso constituyente, ha afirmado también que en ningún momento pensó que podría tener consecuencias penales: “Yo me sentía protegido por la inviolabilidad parlamentaria en mi voto y expresión”.