De lo público

Pasados los momentos de la propaganda, aparecen las rebajas de la euforia. Tras la grandilocuencia aplicada al acuerdo europeo para la reconstrucción, los matices van tomando forma y la conclusión es que en Bruselas no ha habido ni vencedores ni vencidos. Solo así la Unión puede seguir avanzando. Y esto nadie lo niega y todos lo quieren porque el beneficio es general. Por la misma razón, hay que entender que la cumbre se prolongara durante cinco días con sus correspondientes noches. Un tiempo tan denso y largo que en algún momento se pudo intuir cercano a las penas de Joaquín Sabina cuando “va en romería con la cofradía del santo reproche”.

Felizmente no fue así. Aunque, traducida, la canción serviría a aquellos países que han exigido y logrado reformas estructurales y controles sobre el gasto para evitar que los sureños caigan en la tentación “del juego y el vino” y vayan sobreviviendo “derrochando la bolsa y la vida”, como entona el cantautor aliviando el agobio del desplante. Una imagen basada en el tópico, que, recordemos, es aquella idea resultante de la reiterada repetición de una verdad que ni el tiempo ha conseguido desnudar.

La conclusión es que en Bruselas no ha habido ni vencedores ni vencidos. Solo así la Unión puede seguir avanzando

España, pues, va a disponer de un buen pellizco económico que deberá programar y justificar a partir de un autocontrol en parte supervisado y con obligación de retorno. Y ahí es donde entra en juego la necesidad de revisar la gestión de lo público en todas sus dimensiones en un país al que a veces le cuesta asumir que el gratis total no existe.

Bajo esta premisa, hay que entender que los Estados del norte exijan el examen comunitario del gasto público, que en su cultura protestante tiene que ver con la responsabilidad individual. Al no ser de nadie es porque es de todos. Esta, a su vez, emana de la reforma moral que el liberalismo pretendió desde un principio de manera obsesiva. Según la historiadora Helena Rosenblatt, el suyo era un proyecto ético que instaba a un reformismo basado en la conciencia cívica de una ciudadanía generosa favorable al bien común. Y esto exige reglas de comportamiento y vigilancia para que los esfuerzos colectivos no se desperdicien en beneficio de unos grupos reducidos e interesados, ya sean los de los ricos influyentes o los de los pobres pícaros. Para esta inspección bastarían los órganos legalmente establecidos para tener a la propia administración bajo la lupa permanente, pero la experiencia y la casuística demuestran que es insuficiente. Esto se constata tanto en la jerga popular, amparándose en “hecha la ley, hecha la trampa”, como en el anecdotario del conde de Romanones, a quien se atribuye: “Hagan ustedes las leyes y déjenme los reglamentos”. Sumando ambas sentencias, observaremos el paisaje dominante. Más de 100.000 normas vigentes que impiden una eficaz administración del bien público, perdido en un inmenso marasmo burocrático.

El ejemplo más reciente lo tenemos en los ERTE, que muchos aún ignoran cuándo podrán percibir. Sandro Rosell, por su parte, denuncia que el retorno de todo lo embargado por la justicia en 24 horas le supuso un año de espera desde la absolución de todos los cargos por los que se le había juzgado tras 645 días de cárcel preventiva y 13 recursos de libertad denegados. Cualquier ciudadano sometido a una inspección fiscal con cuyas conclusiones no esté de acuerdo sabe que igualmente tiene que depositar lo que se le pide a la espera de la sentencia judicial, que puede tardar no menos de cuatro años. Se hace difícil aceptar que la maquinaria del Estado respeta el principio constitucional de presunción de inocencia. Como resulta arduo entender la facilidad y esmero con los que se compensa a algunas grandes empresas siempre atentas a la oferta pública y listas para ganar sus concursos.

En este país las declaraciones de buenas intenciones suelen durar lo que “dos peces de hielo en un whisky on the rocks”. Y los del norte lo saben

Por otra parte, tenemos a los fraudulentos y vividores incapaces de sentirse solidarios con el coste que supone evadir impuestos o abusar de subsidios. Y a quienes no entienden qué representa para las arcas públicas el destrozo habitual del mobiliario urbano o los atentados a bienes y servicios colectivos. No es anecdótico el uso y abuso que los representantes de los partidos políticos hacen de los cargos que ostentan en organismos públicos. Y de sus prebendas con tarjetas de crédito en mano o coche oficial. Y siendo cierto que esta bicoca ha ido a menos, también lo es que siguen sin renovarse los miembros de entes imprescindibles para el adecuado cumplimento del balance democrático. Al frente, las corporaciones públicas de radio y televisión de ámbito estatal o catalán, que estas semanas están transmitiendo simultáneamente renovadas muestras de la pérdida de respeto al llamado bien común.

Volviendo a Sabina, en este país las declaraciones de buenas intenciones suelen durar lo que “dos peces de hielo en un whisky on the rocks”. Y los del norte lo saben.