El síndico de cuentas recrimina al Govern que se le ataque por su informe sobre Laura Borràs

El síndico de cuentas de Cataluña, Jordi Pons, ha denunciado este jueves en el parlamento autonómico los ataques que habría sufrido por parte de representantes de la Generalitat y de Junts per Catalunya. Pons ha lamentado que ni el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ni la consejera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, le hayan defendido tras las duras críticas recibidas por parte de cargos institucionales, en especial por parte del director de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Oriol Ponsatí-Murlà. El sucesor de la diputada en el Congreso Laura Borràs al frente de la ILC ha afirmado en el Parlament que el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión de Borràs entre 2016 y 2018 es negligente y que responde a motivaciones políticas.

Elena Fort, diputada de Junts per Catalunya en la comisión parlamentaria de la Sindicatura de Cuentas, también cargó contra Pons, y lamentó la tergiversación por motivos electoralistas que, a su parecer, se ha realizado desde la oposición, e incluso desde los medios de comunicación públicos, de la auditoría sobre los años de Borràs al frente de la ILC. La exconsejera de Cultura está siendo investigada por el Tribunal Supremo por la presunta adjudicación irregular de dieciocho contratos menores por valor de 260.000 euros. La Sindicatura de Cuentas constató en su estudio que Borràs había fraccionado contratos para saltarse la obligación del trámite del concurso.

Pons advirtió, dirigiéndose a Torra y a Vilallonga, que “si no se defiende a las instituciones, el país no tiene ningún tipo de futuro”. “Es muy triste que se ataque a la Sindicatura para proteger los intereses espurios de algunas personas”. La Sindicatura de Cuentas es el organismo fiscalizador de la gestión económica del sector público de Cataluña. Pons consideró como impropias las críticas vertidas contra él por parte de Ponsatí-Murlà en varios medios de comunicación y en las redes sociales. Tachó algunas de las alegaciones de la ILC contra su análisis de “vomitivas y ofensivas”. “Casi podían meterse con mi madre”. También acusó a Fort de utilizar tuits de cuentas anónimas para sembrar dudas sobre la contabilidad de la Sindicatura.

El PSC pidió la dimisión del director del ILC. Este replicó, desafiante, que la solicitud de dimisión le hacía “feliz”. La diputada de la CUP Maria Sirvent afeó que Ponsatí-Murlà “faltara al respeto” a la comisión durante su comparecencia. El PP subrayó que el informe sobre Borràs había sido aprobado por el pleno de la Sindicatura y no por una sola persona –Pons–, y recordó que no es tarea del ILC “fiscalizar al Síndic”. Los comunes, representados por Lucas Ferro, pidieron a Ponsatí-Murlà que evitara insinuaciones y que presentara una acusación formal de prevaricación.

Jenn Díaz, diputada de Esquerra Republicana, socio de Gobierno de Junts Per Catalunya, insistió en que la investigación sobre Borràs estaba siendo utilizado políticamente para hacer “guerra sucia” contra el independentismo. Díaz también pidió a Pons que propusiera medidas extraordinarias para acabar con irregularidades similares, a lo que el síndico respondió que no son necesarias porque, según su experiencia, las irregularidades que detectaron en la ILC son excepcionales.

Ponsatí-Murlà reiteró que no se ha producido ninguna irregularidad en el fraccionamiento de los contratos de la ILC. Los partidos de la oposición coincidieron igualmente en reprochar otros aspectos del informe de la Sindicatura de Cuentas, sobre todo el que concluye que la contabilidad presentada por la institución muestra graves deficiencias en la transparencia sobre “el patrimonio y la situación financiera de la ILC”.

Tergiversación de la defensa de Borràs

El síndico de cuentas ha ironizado sobre la malinterpretación de la auditoría que ha realizado la defensa de Laura Borràs. Su abogado, el mediático letrado Gonzalo Boye, difundió en las redes sociales y en los medios de comunicación que la Sindicatura de Cuentas no había detectado delito alguno, puesto que este organismo no había elevado una denuncia ante la justicia. “Algunos dicen que la Sindicatura concluye que no hay ninguna actuación perseguible administrativamente o penalmente, pero lo he buscado en el informe y no lo he encontrado en ninguna parte”, ha relatado Pons, y ha añadido que si no lo han hecho es porque en casos de fraccionamiento irregular no es práctica habitual de la Sindicatura acudir a los tribunales.