La Guardia Civil registra una empresa de la Generalitat en Castelldefels por desvío de fondos

La Guardia Civil ha registrado este martes por la mañana la sede de la sociedad Equacat, participada por la Generalitat y que gestiona el Canal Olímpico de Castelldefels (Barcelona), por orden del juez que investiga una trama de desvío de subvenciones públicas a fundaciones afines a CDC. Según fuentes del cuerpo policial, la operación de entrada y registro ha sido ordenada por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en el marco de una causa en que se investigan los delitos de fraude en adjudicaciones, prevaricación, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales. No se han realizado detenciones.

Las nuevas diligencias derivan de una investigación sobre presunto desvío de subvenciones públicas a fundaciones cercanas a la extinta CDC a través del Consejo Catalán del Deporte, ente que depende de la Secretaria General del Deporte. Su secretario general, Gerard Figueras, fue detenido el pasado mes de noviembre junto a otros tres cargos del PDeCat. El juez investiga si Equacat cobró por duplicado fondos del gobierno catalán y subvenciones de la Diputación de Barcelona para unas obras de adecuación del Canal Olímpico, lo que habría permitido desviar parte de la ayuda pública a otros fines, según ha adelantado El Periódico de Catalunya. El responsable de Equacat, Jordi Congost , también es primer teniente de alcalde en Banyoles (Pla de l’Estany)por Junts per Catalunya

Agentes de la Unidad Policía Judicial han registrado las oficinas de Equacat en busca de los expedientes relacionados con las subvenciones recibidas para las obras del Canal Olímpico y la justificación de las mismas. Los indicios de fraude en el desvío de estas subvenciones derivan de la documentación analizada en la investigación que el juez inició sobre una trama para la adjudicación irregular de subvenciones para cooperación internacional por parte de la Diputación de Barcelona, entre los años 2011 y 2015, durante la primera etapa de CiU al frente de la corporación.

El magistrado ordenó en mayo de 2018 una operación en la que la Policía Nacional detuvo a 30 personas —entre ellas el expresidente de la Diputación de Barcelona, Francesc Esteve— y practicó una veintena de registros en distintas entidades y empresas vinculadas a las subvenciones fraudulentas. En enero de 2019, el juez encargó las investigaciones a la Guardia Civil, lo que dio pie a una segunda operación, el pasado noviembre, centrada en la presunta concesión fraudulenta de subvenciones públicas de la Secretaría General del Deporte a fundaciones controladas por CDC.

Entre otros fines, el magistrado indaga si la trama desvió dinero público para costear actos vinculados con el procés e incluso los gastos del expresidente catalán Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica).