Reconstruir o rehabilitar

El día que se firmaron los Pactos de la Moncloa, Pedro Sánchez tenía cinco años. Inés Arrimadas y los dos Pablos –Iglesias y Casado– ni siquiera habían nacido. Como Gabriel Rufián. Aitor Esteban, Laura Borràs y Santiago Abascal tenían quince, siete y uno, respectivamente. No hay memoria que les valga. Solo crónicas, libros, comentarios o prejuicios.

Fue el 25 de octubre de 1977 y la Transición española era tan incipiente como la voluntad de Adolfo Suárez de apostar por la democracia. El flamante presidente hacía cuatro meses que había ganado las primeras elecciones sin mayoría absoluta al frente de un conglomerado de partidos más parecido a una sopa de letras para hacer frente a unas urnas ni siquiera constituyentes que a una formación política capaz de abrirse al gran desafío.

La sorpresa de aquella victoria fue pareja a la de la derrota de Santiago Carrillo al frente de un Partido Comunista entonces sobrevalorado. Los asuntos españoles pendientes eran todos. La sociedad se desperezaba de una dictadura que en sus últimos y agónicos años había sido incapaz de plantarle cara a la grave crisis económica internacional hija de la del petróleo. La de 1973. Esta, a su vez, era consecuencia de la guerra que había enfrentado a Israel con Siria y Egipto y que provocó el freno de la exportación de crudo a los países amigos del Estado hebreo. La globalización no existía como concepto pero sí como realidad estratégica. La prueba estaba en la dependencia del entonces llamado oro negro, que puso el mundo al límite y a la oligarquía española ante su espejo.

Evocar aquellos acuerdos cuatro décadas después para recuperar su valor histórico y emularlo ante la gravedad de la situación generada por el coronavirus ha provocado alguna polémica y mucha pérdida de tiempo. En cambio, hay más razones coincidentes en la oposición que en el aval a la propuesta de reconstrucción porque si ayer sus contrarios eran quienes pretendían o que nada cambiara o que se rompiera la baraja, los de hoy lo maquillan de supuesto interés social cuando solo es electoral. Visto en

perspectiva, es exactamente esto lo que otorga mérito histórico a haberlos sacado adelante entonces. Supuso el gran paso central para desbrozar el camino a la democracia a pesar de las lecturas negativas que se hacen de aquel período por parte de quienes ni lo vivieron ni se lo imaginan. Por supuesto que pudo haber sido distinto pero analizarlo desde la perspectiva actual para descalificarlo es envolverse en la bandera de lo que les dijeron que pudo haber sido y no fue.

Así las cosas, recuperar aquella página para intentar repetir la historia ha sido un gesto tan grandilocuente como ingenuo. Excesivo porque poco tienen los tiempos en común salvo que se quiera pensar que la afectación de la covid-19 va pareja a la destrucción masiva de una sociedad hija de una dictadura que a su vez fue hija de una guerra civil. Y aunque en este combate pandémico se haya abusado de terminología militar e inoculado el virus del miedo frente a un enemigo tan intangible como incierto cuyos estragos van mucho más allá de la salud pública, es evidente que cualquier paralelismo parece forzado cuando no desmedido.

La prueba la tenemos en el comportamiento de las familias políticas actuales. Más pendientes de sí mismas que de las necesidades reales del país, han actuado en la comisión del Congreso para la reconstrucción como suelen hacerlo en las de investigación. Sin mayor interés que provocar la bronca a cuenta de unos convocados que, si no lo eran por el propio partido, poco les interesaban. Y si al final no ha quedado en agua de borrajas es porque en las últimas sesiones han simulado una responsabilidad de la que fueron ajenos durante las semanas anteriores.

Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez ha encontrado en empresarios y sindicatos la complicidad que le niegan algunos partidos. Exactamente al revés que entonces. Porque aquel gran acuerdo político derivó al Congreso el compromiso adquirido en los salones de palacio, y a los agentes externos, la correspondiente responsabilidad social posterior. En el caso presente, la concesión a Pablo Casado de que fueran las Cortes quienes canalizaran las bases para que las propuestas garantizaran pluralidad y transparencia no ha hecho más que alejar cualquier posibilidad de acuerdo. La crónica estaba escrita.

A la espera de lo que haga el PP en la votación final, de momento solo parece dispuesto a avalar las conclusiones económicas de la Comisión. Exactamente lo mismo que hizo Manuel Fraga hace 43 años, refunfuñando y presionado por los empresarios. Y es que hoy, como ayer, las exigencias sociales básicas derivadas de las económicas asustan a la derecha política tanto como le asusta el reto de gobernar. Por eso, más que reconstruir prefiere rehabilitar.