La oposición critica la “mala gestión” del Govern en las residencias

El drama vivido en las residencias en Cataluña, donde el coronavirus ha dejado más de 15.000 contagiados y 4.000 fallecidos, centró ayer toda la atención en el Parlament. En un pleno monográfico sobre el asunto, y mientras los familiares protestaban a las puertas de la cámara, los grupos de la oposición criticaron la “mala gestión” del Govern en los centros de mayores, especialmente la falta de coordinación y los problemas estructurales que dejaron a la intemperie a los centros. El Govern admitió algunos errores aunque se escudó en la falta de financiación por parte del Estado para explicar las debilidades del modelo.

Hace cuatro meses, el 6 de marzo, cuando todavía no se había decretado el estado de alarma, los responsables del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia se reunieron con las patronales y los sindicatos del sector de las residencias para abordar las primeras medidas ante la pandemia. Una de ellas fue recomendar a los familiares que no visitaran a los usuarios de los centros. “Probablemente nos equivocamos, con la información que tenemos ahora tendríamos que haberlo prohibido directamente, como hicimos una semana después”, admitió ayer el consejero Chakir El Homrani.

A partir de ese día empezó una virulenta emergencia sanitaria que se cebó muy especialmente con las personas mayores en las residencias. El Homrani admitió que el sector sufrió de falta de equipos de protección individual, de personal, de test y sufrió dificultades para aislar a los contagiados, aunque responsabilizó al Gobierno de parte de estos errores, especialmente por haber centralizado la compra de los equipos de protección: “Nos hicieron perder diez días”.

La emergencia se sumó a una década de infrafinanciación y a las condiciones laborales precarias de los trabajadores. Ayer, tanto el presidente de la Generalitat, Quim Torra, como El Homrani y la consejera de Salud, Alba Vergés, reconocieron en el Parlament que la pandemia ha puesto sobre la mesa las debilidades del modelo de residencias, y que ahora tiene que abrirse un debate para repensar el modelo. A corto plazo, el Govern contratará personal e implementará medidas para detectar mejor los casos, y a largo plazo apuesta por un modelo integrado entre Asuntos Sociales y Salud y por una mayor presencia del operador público. Aunque admitieron errores, los responsables del Govern criticaron al Gobierno por la falta de financiación de la ley de dependencia. “De los 1.500 millones que el Govern destina cada año para la dependencia, solo 203 provienen del Estado, cuando la ley dice que deberían repartirse al 50%”, dijo El Homrani.

El consejero analizó el traspaso de la gestión de las residencias al departamento de Salud. “Lo apoyé. El Govern priorizó el criterio sanitario y teníamos que ser más eficientes”, explicó El Homrani. Vergés defendió que “hubo coordinación antes y después”.

La oposición no aceptó estas explicaciones y cargó contra la gestión del Govern. La portavoz del grupo de Ciudadanos, Lorena Roldán, incidió en que el Govern declinase la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias para desinfectar los centros. El diputado socialista Raúl Moreno criticó que algunas residencias, siguiendo las indicaciones del departamento de Salud, negasen las derivaciones de personas mayores a hospitales. Los diputados Marta Ribas, de los comunes, y Vidal Aragonès, de la CUP, insistieron en la precariedad del sector y denunciaron la externalización de la atención sanitaria. “El sistema sanitario público había renunciado a tener ojos y orejas en las residencias, y tenemos que asegurarnos que esto no volverá a pasar”, destacó Ribas.