Colau ofrece 1.200 euros mensuales a propietarios de pisos turísticos para que los destinen a familias pobres

Al inicio de la crisis del coronavirus, entre toda la batería de medidas para afrontar la crisis sanitaria y social que presentó el Ayuntamiento de Barcelona, además de abrir servicios para personas sin techo u hoteles para sanitarios, figuraba la idea de utilizar pisos turísticos para alojar a familias vulnerables. Pero no cuajó, porque no hubo acuerdo en el precio: el Ayuntamiento ofrecía 950 euros mensuales más suministros y limpieza a la patronal del sector, Apartur, por dos meses. Este martes la alcaldesa Ada Colau ha hecho pública una carta en la que presiona al sector y redobla su oferta hasta 1.200 euros por piso. La patronal ha respondido que su disposición es colaborar y ha asegurado que el consistorio no ha utilizado los 200 pisos que ofreció al inicio de la crisis sanitaria. Fuentes municipales replican a la respuesta: el acuerdo contemplaba pagar por todos ellos tanto si los utilizaba como no.

La carta de Colau llega pasado el estado de alarma, cuando el consistorio ha gastado seis millones en ayudas para vivienda y alimentación y ha constatado que la situación va para largo. Ahora, el gobierno municipal ofrece entre 700 y 1.200 euros por piso (en función de su tamaño y las personas que aloje) por contratos de un año o un año y medio, mientras no vuelva el turismo, y destinados a familias que viven en pensiones mientras esperan un piso público.

Actualmente el consistorio paga 45 euros al día por alojar a familias en pensiones: 1.350 euros al mes a los que muchas veces cabe añadir ayudas para alimentación, porque en estos establecimientos las personas alojadas solo disponen de una habitación y no pueden cocinar.

En su carta dirigida al presidente de Apartur, Enrique Alcántara, Colau insiste en la idea de “movilizar hacia el sector público parte de los 9.000 pisos turísticos que hay en la ciudad y que están mayoritariamente vacíos”. “No nos podemos permitir que haya familias con criaturas viviendo en pensiones o pisos sin condiciones mientras hay tantos pisos turísticos vacíos en la ciudad”, insiste. La alcaldesa afirma que “solo han puesto a disposición del Ayuntamiento dos pisos” y pide “avanzar mucho más porque las necesidades siguen vigentes”. Un acuerdo, apunta Colau, en el que también el sector de las viviendas turísticas resultaría beneficiado ante la perspectiva de tener los apartamentos vacíos hasta que se recupere el sector del turismo.

La respuesta de Apartur ha sido rapidísima vía comunicado en el que “reafirma su compromiso con el Ayuntamiento para destinar pisos turísticos a alquiler social”. En un tono muy cordial, la patronal asegura que desde el inicio ofreció 200 pisos al Ayuntamiento para familias pobres, “de los que no hizo uso”, apunta. Y recuerda que cedió 250 para alojar a sanitarios y personal de residencias. Además de informar de que 3.700 de los 9.600 pisos turísticos con licencia han pasado a alquiler residencial.

La concejal de Vivienda, Lucía Martín, ha subrayado que “la crisis sanitaria ha incrementado la crisis social y la emergencia habitacional” y ha instado al sector privado a “corresponsabilizarse” en el problema al tiempo que se garantiza “un ingreso” a los propietarios de los apartamentos turísticos. “Creemos que debe tener una propuesta positiva para familias que están en una situación no digna. Nuestra intención no es cubrir los beneficios que tenían los operadores, pero todo el mundo en la ciudad está en una situación económica complicada y entendemos que es positivo que el Ayuntamiento esté en disposición de pagar un alquiler a largo plazo”, ha afirmado.

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