Vuelven los desahucios, crece la pobreza

La pandemia se ha cebado en los barrios y ciudades ya más castigados. Al empleo precario o directamente a la falta de trabajo se ha sumado la covid-19, que al parecer afecta más por código postal que por código genético. 11 de los 13 barrios que integran Nou Barris han superado la media de contagios de Barcelona. La represa, para la Generalitat, o la “nueva normalidad”, para el Gobierno central, no resulta muy esperanzadora: aumenta el desempleo y desde el 4 de junio han vuelto los desahucios, que, como si de la Tregua de Dios se tratara, quedaron en suspenso durante la pandemia.

Las entidades sociales son un buen termómetro de la gravedad de la situación. La plataforma Xarxa Solidària Badalona ha garantizado durante tres meses y hasta esta semana la alimentación básica a más de 500 personas. El pasado lunes 22 y en el reparto domiciliario de comida, uno de los grupos se encontró a una mujer a la que una plancha metálica soldada a la puerta le impedía el acceso a su domicilio y a sus pertenencias. Es una práctica habitual por parte de bancos y fondos contra los okupas que suelen ser vecinos que no pueden pagar el llamado precio de mercado. Otra familia les preguntó qué debía hacer con la notificación de desahucio que acababan de recibir. Por último, se cruzaron con una madre y dos hijas —a las que en días anteriores habían atendido— y que habían pasado a no tener vivienda y no sabían adónde ir.

En Barcelona, un total de 2.500 personas han pasado el estado de alarma en pensiones, albergues y locales habilitados, de acuerdo con datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). 600 ciudadanos que venían de anteriores desahucios han vivido dos meses confinados en una habitación. Niños y adultos en no más de ocho metros cuadrados.

Los juzgados de la provincia de Barcelona tienen sobre la mesa unos 2.000 expedientes de desahucios acumulados, según el Sindicat de Llogateres. He aquí dos casos. Liliania y sus dos hijos de tres y siete años evitaron ser expulsados el pasado 18 de junio de su vivienda en la calle Llobregat de l’Hospitalet gracias a la presión de 300 personas convocadas por la PAH. Liliana llevaba casi un año en el piso cuando supo que era ocupante ilegal de una vivienda por la que pagaba religiosamente 350 euros en metálico al presunto propietario, que no era tal pues la titularidad correspondía a un fondo de inversión que fue el que instó el desahucio. Durante la pandemia se quedó sin trabajo de limpieza, aunque al carecer de contrato laboral no pudo acogerse a las medidas dictadas por el Gobierno.

En la misma situación de realquilada ilegal, la familia de Ileana evitó el desahucio después de que se llegara a un acuerdo en las negociaciones entre el fondo de IM3 Pastor y la plataforma Sant Roc Som Badalona. El lanzamiento estaba fijado para el 3 de marzo y la pandemia lo aplazó hasta el 9 de junio. El mismo día para el que estaba fijado el desalojo, el hijo mayor de la familia debía someterse en Sant Joan de Déu a su primera sesión de quimioterapia por un tumor cerebral. El juzgado finalmente no ejecutó el lanzamiento.

Trabajo en negro sin generar derechos, alquileres fruto de la picaresca de mafias que actúan como agencias inmobiliarias y cuyas cuotas —que revientan los precios de mercado— son las únicas que los más vulnerables se pueden permitir. Y como colofón deudas de agua, luz y gas que se acumulan. En marzo, el Gobierno central prohibió los cortes de suministros. Pero tres semanas después la Asociación Española de Empresas Gestoras de Agua Urbana remitió una carta al Ejecutivo advirtiendo que si no paralizaba en determinados casos el servicio aumentaría “la morosidad a muy corto plazo, ocasionando un déficit financiero estructural”, explican desde la Alianza contra la Pobreza Energética.

“De esta crisis salimos todos juntos”, reza el eslogan que ha hecho fortuna. Sin embargo, según el sindicato Gestha de técnicos de Hacienda, el Impuesto de Sociedades recaudó en 2019 21.000 millones de euros menos que en 2007, pese a una recuperación del 23,3% de los beneficios empresariales. Asimismo, los 23 españoles más ricos han incrementado sus haberes en un 16% desde el 18 de marzo pasado, en plena pandemia. Su patrimonio en acciones ha crecido en 14.056 millones de euros, según la revista Forbes. Paralelamente, el Ejecutivo de PSOE-Unidas Podemos ha decidido sacrificar en aras al consenso el impuesto sobre las grandes fortunas. Son cosas de la correlación de fuerzas. O razones que el corazón, el estómago y a veces el propio cerebro se resisten a entender.