Opinión
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La demolición sigue

Hay pocas soluciones al continuo martilleo de la oposición al Gobierno. Pero ¿qué tal plantear una cuestión de confianza? Es una opción poco utilizada y que garantiza un debate de fondo sobre la situación política

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, habla con el presidente del PP, Pablo Casado un pleno de la cámara
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, habla con el presidente del PP, Pablo Casado un pleno de la cámaraPool / Europa Press

Hace pocas semanas me atreví a publicar un artículo, de tono pesimista, en el que aventuré que lo que está en juego en el marco tan deprimente y estresante de la pandemia es una dinámica muy preocupante. Está en curso un proceso de demolición del Estado, y lo está por su flanco más débil, el estado autonómico. Más allá del esperpento cotidiano en el Congreso de los Diputados, y cuando se tercia, en el Senado, el martilleo diario lo podemos contemplar en el terreno de la cuestión autonómica. Siendo así que las comunidades autónomas son bastiones de poder, institucional, económico y político, estamos ante una guerra de posiciones y a la vez de movimientos.

La parte fácil de poner en evidencia es ver cómo el señor Torra, con un margen de cuatro días, pasó a “exigir enérgicamente” 9.000 millones de euros de deuda al Estado, a exigir 13.000 millones de euros. Tal inflación de deuda en menos de una semana sería un caso de estudio para los genios del Fondo Monetario Internacional o del Banco Central Europeo, aunque al mismo tiempo exija con la misma energía de pantalla gestionar directamente desde la Generalitat cualquier dinero que llegue de fondos europeos en cualquiera de sus fórmulas. Pero hemos visto también cómo las comunidades autónomas son terreno de enfrentamiento entre las que son del PP, las que son del PSOE, y dentro de cada una de estas familias políticas, mientras el PNV sigue dando ejemplo de realismo pragmático a la hora de intentar contribuir a la gobernanza colectiva.

La ceremonia semanal del encuentro entre el presidente del Gobierno, legal y legítimo, y los numerosos presidentes autonómicos, también legales y legítimos, así como las conferencias de prensa en plasma, habrán de ser estudiadas en su día como un extraño ritual tan inútil como prodigiosamente aburrido. Por suerte, sabemos que los “segundos escalones” de las instituciones (secretarios generales, directores generales y de allí hacia abajo) siguen negociando la letra pequeña de la gestión de los problemas, al menos para limitar los daños. ¿Cómo creen ustedes que funcionó como un reloj la Generalitat y sus relaciones con el Gobierno bajo el abominable artículo 155? Como dijo un alto cargo, aquí no dimitió ni un subdirector general. Pero los medios, a su manera víctimas colaterales del despropósito, ¿con qué se van a quedar? Con el FRAP, la marquesa y otros personajes de esta comedia de cuarta fila.

A todo esto la situación es a la vez de bloqueo y de deterioro acelerado de la vida política. Las tan amenazadas libertades democráticas, que llevan a las derechas más extremas a manifestarse al grito de “Libertad, libertad”, de momento siguen permitiendo a estos manifestarse en sus coches, mientras se podía escuchar (lo escribe Muñoz Molina, de quien me fío al 100%) desde el “Cara al Sol” al “Que viva España”. Mientras aquí, de ocurrencia en ocurrencia, la señora Budó se acuerda de nuevo del mediador internacional o comarcal para lo del procés. De verdad, uno añora cada vez más el talento de un José Luis Cuerda, capaz de regalarnos un “amanece que no es poco: la secuela”.

Soluciones, pocas de momento. Pero ¿qué tal plantear una cuestión de confianza? Ha sido en general una disposición constitucional poco usada, una vez por Adolfo Suárez y otra por Felipe González, y tiene varias ventajas sobre la moción de censura. La mayor es que se gana por mayoría simple, más síes que noes, y si se pierde, se reanuda el proceso de investidura con el mismo parlamento. Pero garantiza un debate de fondo sobre la situación política general, y sobre todo, traslada a todos los grupos de la cámara un dilema nuevo, súbito y que la oposición no puede resolver mandando a la señora Álvarez de Toledo a montar otra bronca. Por supuesto, VOX y su más próximo socio (en comportamiento parlamentario), el PDeCAT, votarían que no, pero repasen uno por uno a todos los líderes políticos y grupos parlamentarios, y de momento el desconcierto sería mayúsculo. Por lo pronto, no sabemos si la presión cambiaría de bando, pero se vería distribuida de modo mucho más equitativo. El dilema para todos ellos es de calado, ¿hacer caer a Pedro Sánchez? ¿Para abrir una nueva ronda de investidura? Recuerden que en ningún caso se podrían convocar elecciones hasta que haya un nuevo presidente de Gobierno, el único habilitado para convocarlas. Y mientras, Vox sigue intentando agitar a algunas asociaciones ante las fuerzas de seguridad del Estado.


Pere Vilanova es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona.