El coronavirus deja al límite las finanzas municipales

Los ayuntamientos catalanes, como los del resto de España, han hecho un imponente esfuerzo en los últimos años para sanear sus cuentas. Una gran parte de ellos han logrado entrar en superávit y reducir la abultada deuda con la que salieron de la pasada crisis. Pero sus finanzas vuelven a estar amenazadas, ahora por los efectos de la covid-19. Han tenido que aumentar el gasto social para dar servicio a sus ciudadanos mientras ven caer los ingresos por tasas, a la par que mantienen los salarios de sus trabajadores. Sus superávits peligran y piden libertad para gastar lo ahorrado en los últimos años.

El viernes, el Ayuntamiento de Barcelona, reconocido por unas finanzas saneadas, anunció el aplazamiento de algunas de sus inversiones. Y razonaba sus planes porque el parón de la actividad en la ciudad y la suspensión en el cobro de algunos impuestos está suponiendo 200 millones de euros menos de ingresos, mientras que solo en el primer mes de pandemia tuvo que gastar 10 millones de euros más de lo previsto. Jaume Collboni, primer teniente de alcalde de Economía, Trabajo, Competitividad y Hacienda, baraja sin embargo dispendios superiores entre gastos asistenciales y estímulos económicos al final del ejercicio. Podrían superar los 60 millones este año. “Estamos haciendo números para intentar no cerrar 2020 con déficit presupuestario (gastar más de lo que se ingresa), pero igualmente pediremos al Estado que nos permita hacerlo”, explica.

Estamos haciendo números para intentar no cerrar 2020 con déficit presupuestario, pero igualmente pediremos al Estado que nos permita hacerlo

Jaume Collboni, primer teniente de alcalde de Barcelona

El mayor de los ayuntamientos de Cataluña, cuyo presupuesto depende en una tercera parte de transferencias directas del Estado, es solo un caso de lo que se ven venir el resto de alcaldes catalanes. Pero no el peor. Jaume Dulsat, primer edil de Lloret de Mar, explica su situación: “Cada año ingresamos 1,3 millones de euros por la tasa turística [la mitad de lo que se ingresa por el impuesto sobre establecimientos hoteleros] y este año esa cifra se va a caer, van a reducirse también los ingresos vinculados al impuesto de actividades económicas e incluso los de los aparcamientos, los de la basura...”.

El último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que las corporaciones locales (diputaciones incluidas) “alcanzarán un resultado cercano al equilibrio, pudiendo incurrir en déficit por primera vez desde 2011, fruto fundamentalmente del impacto de la covid-19”.

Lluís Soler, presidente de la Asociación Catalana de Municipios y alcalde de Deltebre, habla directamente de “asfixia total” para los municipios y recuerda que, en definitiva, estos son los que están en primera línea con los contribuyentes. “Nuestra reacción siempre tiene que ser mayor que la de cualquier otra administración y no podemos permitir que nuestros ciudadanos se queden atrás”, defiende. Un estudio de la Diputación de Barcelona reveló hace casi una década que los municipios gastaban una cuarta parte de su presupuesto en servicios a los que no están obligados porque era competencia de otra administración. Lo hacen porque no existe alternativa para que esos servicios lleguen a sus conciudadanos.

Estos días, la mayoría ha tenido que cerrar sus escuelas infantiles y las de música a raíz del estado de alarma por el coronavirus y ha renunciado a las tasas que cobraban por ese servicio. En cambio, incapacitados para presentar regulaciones de empleo, mantienen los salarios de sus plantillas. “Para los municipios pequeños la situación es más flagrante porque obtener liquidez es mucho más complicado”, dice Soler. “Ahora es angustia, en pocas semanas será asfixia”, resume.

Ahora es angustia, en pocas semanas será asfixia

Lluís Soler, presidente de la ACM

“Cada día que pasa la situación es peor”, coincide en el análisis Àlex Garrido, alcalde de Manlleu y vicepresidente de la Federación Catalana de Municipios. “No solo se trata de esa caída de los ingresos, es que estamos haciendo planes de reactivación económica para asistir a nuestros habitantes y empresas”, dice. Es como si ese castillo de naipes estuviera a punto de derrumbarse. Y mientras que los Gobiernos autonómicos han conseguido el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez de un fondo a través del cual repartirá a las comunidades unos 16.000 millones de euros para sufragar sus gastos (entre otras cosas, porque la sanidad la tienen transferida), los ayuntamientos reclaman que les dejen disponer del remanente de tesorería que han amasado tras años de esfuerzos.

Ahorro sin autonomía

El Ayuntamiento de Manlleu sirve de ejemplo de lo que sucede en la actual situación. Cuenta con un presupuesto anual de unos 17 millones. En los últimos años ha obtenido superávits presupuestarios, lo que le ha permitido acumular unos tres millones de euros. Pero la regla de gasto incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria no le permite invertir esos recursos, pese a encontrarse en una situación de emergencia. Solo podía destinar parte de esas partidas para reducir deuda (con el objetivo de que esta se situara por debajo del 75% de sus partidas de gasto) y para inversiones denominadas sostenibles, como podría ser perfectamente cambiar unas bombillas por otras que consuman menos energía. En marzo, el Gobierno les permitió que pudieran invertir para afrontar la crisis del coronavirus, pero solo un 20% del remanente de tesorería del año 2019. Y la respuesta municipal no tardó en llegar.

Es insuficiente, vienen a responder al unísono los alcaldes consultados. “Ese 20% es absolutamente insignificante”, dice tajante el alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, también presidente del área de Recursos Humanos, Hacienda y Servicios internos de la Diputación de Barcelona. Ese porcentaje le permitirá al municipio del Baix Llobregat unos 100.000 euros, una cuantía que choca con el medio millón de euros que ya lleva gastados el Ayuntamiento para pagar a personal en las residencias geriátricas y planes de dinamismo económico para la ciudad.

“Es muy importante que podamos utilizar esos remanentes de tesorería, es de sentido común teniendo en cuenta que esos ahorros están ahí y ahora no utilizarlos no tiene ningún sentido”, afirma Ruiz. Pone el acento sobre todo en el Ayuntamiento de Viladecans y en la Diputación de Barcelona, que apenas tienen deuda y, pese a ello, no pueden aumentar su gasto del superávit en un momento en que tener dinero en el banco puede llegar a costar dinero a causa de los tipos de interés en negativo. “Hay que activar recursos”, dice.

Teniendo en cuenta que esos ahorros están ahí, ahora no utilizarlos no tiene ningún sentido

Carles Ruiz, alcalde de Viladecans

El Consistorio de Torredembarra parte de una situación similar. Ha pasado de tener una deuda del 110% sobre su presupuesto en 2014 al 42% actual. En 2019 cerró con 1,5 millones de euros de superávit y tiene en caja 2,6 millones. Su alcalde, Eduard Rovira, cree que el municipio podría participar con más protagonismo en la salida de la crisis del coronavirus. “Pero si nos dejaran tocar ese remanente...”, avisa.

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