El día que los demonios tomaron la Inquisición

“Acabadas las elecciones, los revoltosos pasaron a la casa o Palacio de la Inquisición y encontrándose la puerta cerrada subieron por los tejados y parecía que los Demonios les llevaban (...) tomaron los procesos y los esparcieron por toda Barcelona (...) Luego fueron a buscar mazos y martillos y empezaron a tirar el tribunal abajo, gritando y diciendo mil pestes y blasfemias contra el tribuna de la fe”, escribiría Joan Serrahima, prior de los carmelitas calzados de Barcelona, pocos años después de los hechos. “Tiraron a la calle los instrumentos de tortura y los quemaron, todo junto a los muebles y los documentos archivados en la terrible mansión. De aquel acto hoy nadie se acuerda; pero entonces fue un gran trueno por lo que significaba”, le contarían al periodista Rossend Llates décadas después sus bisabuelos, que lo vivieron desde la cercana calle del Bisbe.

Los dos retazos de memoria son del asalto al Palacio de la Inquisición de Barcelona hace ahora 200 años, el 10 de marzo de 1820, a los pocos días del aparente acatamiento por parte de Fernando VII de la Constitución de Cádiz en el inicio del accidentado y breve Trienio Liberal (1820-1823). Fue un eslabón de la cadena de explosiones populares anticlericales que han ido salpicando la historia de Barcelona, de sustrato parecido al que acabó generando la quema de conventos de 1835, la Setmana Tràgica de 1909 o, incluso, los incidentes contra la Iglesia en los inicios de la Guerra Civil en 1936.

Las relaciones de los catalanes con la Inquisición nunca fueron muy buenas, como se comprobó con la llegada del primer inquisidor, Fra Alonso de la Espina, el 5 de julio de 1487, impuesto por la Corona de Aragón, lo que provocó que no fuera recibido ni por los consejeros ni los diputados de Barcelona; escenificando su poder, además, entró a caballo en la catedral dejando su espada a pies del sagrario. Lo recuerda con erudición el periodista Lluís Permanyer en el prólogo de Un dia de fúria, nueve estudios sobre el asalto y su contexto bajo la coordinación de la doctora en filología Anglo-Germánica Frances Luttikhuizen (Publicacions Abadia de Montserrat).

Los roces populares ya se daban con los familiares del Santo Oficio, miembros de menor nivel de la Inquisición que servían de informantes. Temidos, solían ser menestrales y comerciantes recién llegados a las poblaciones que, para medrar socialmente ante las antiguas y poderosas familias de pueblos y ciudades, se alistaban a la sombra de la institución. Buscaban privilegios de todo tipo: jurídicos (sólo rendían cuentas a los tribunales del Santo Oficio y no a los públicos), económicos (gozaban de exenciones contributivas; no debían alojar en sus casas a las tropas en las constantes guerras) y sociales (podían llevar y usar armas y acceder a los tristes espectáculos de los autos de fe). El rechazo y la envidia social era una clara consecuencia, como ocurría en Canet de Mar e ilustra el estudioso local Sergi Alcalde.

El único, tímido y episódico apoyo popular catalán a la Inquisición se manifestaba, cómo no, por razones económicas y era cuando aquella caía sobre franceses, víctimas propiciatorias del Santo Tribunal: fue de los colectivos más perseguidos, con un 20% de los casos, según la historiadora Alexandra Capdevila. El de Barcelona actuaba como una audiencia de frontera para España, evitando la entrada del pensamiento protestante: durante los siglos XVI y XVII, cuando llegaban franceses arrojados por una brutal crisis económica y la guerra entre católicos y hugonotes (protestantes); en el XVIII, para que no fueran quintacolumnistas de las ideas de la Revolución Francesa o de la masonería, institución que nunca pasó de ser el 5% de los casos de la Inquisición. Las tensiones geopolíticas entre Madrid y París (que en Cataluña se traducían en constantes invasiones de tropas supuestamente amigas y de enemigas, con idénticos daños económicos) y la pugna comercial entre los tejidos catalanes y los franceses explicarían los discretos aplausos al tribunal represor.

Abolida la Inquisición por Napoleón cuando su invasión en 1808, Fernando VII la restablecería en 1814, pero sólo aguantó seis años más en Barcelona: la revolución liberal se la llevó por delante en 1820. Indiferente la mayoría de la población a la creciente oposición a la monarquía absolutista que sostenían sociedades secretas de burgueses, clases medias y militares, la crisis económica por la pérdida de las colonias de ultramar y el desgobierno hicieron el resto para acabar con el régimen.

El sistema monárquico se derrumbó. Fruto de la inestabilidad política, fábricas de Barcelona empezaron a cerrar en febrero, con multitud de gente sin trabajo y viviendo de la caridad. En cuatro días de marzo se precipitó todo: el día 6, las autoridades absolutistas trasladaron los presos “por asuntos de conspiración” de la Ciutadella a Mallorca y Cartagena; el 9 se proclamaba la nueva constitución en Galicia, Zaragoza o Tarragona y el 10 ya no se pudo contener más: paisanos y militares, con escarapelas, banderas y papeles tricolores (encarnado, amarillo, blanco) se concentraron en plazas públicas, especialmente en el Pla de Palau, donde el capitán general Castaños no supo detener por más tiempo la proclamación.

Tres comisiones se conforman para ir a liberar presos: una, hacia la Ciutadella (para los constitucionalistas detenidos); otra, a la Real Audiencia (para los de contrabando de tabaco) y una al palacio de la Inquisición (“por si tienen presos”), relata el historiador Ramon Arnabat. Según algunas fuentes, a la Inquisición la gente fue como sucedáneo de los fallidos asaltos al palacio del obispo y a algunos conventos, que el nuevo gobernador liberal habría frenado apostando guardias de artilleros. Testimonios cifran en 20.000 personas las que acudieron al edificio en la hoy calle dels Comtes; otras, hablan de unas 3.000. Ante la actitud defensiva de los inquisidores, las puertas se derribaron a golpes, los moradores huyeron “y los paisanos se entraron por todas partes llevándose todo lo que encontraron, tanto de ropa como de muebles, sin respetar a nadie. Por la parte de la calle de la Tapinaría por las ventanas derribaron tantos libros y papeles como encontraron, esto duró hasta entrada la noche”, relató el menestral Mateu Crespí. Prisioneros, los demonios no hallaron más que dos.

Habría habido, al parecer, dos ataques al edificio: el 10 y el 11 de marzo. En el segundo, los asaltantes, según la crónica de Crespí, se llevaron todos los libros de una espectacular sección de cirugía y se echaron por las ventanas papeles, entre ellos “procesos de más de 200 años”. Esto último, en parte, por culpa de la inacción del Inquisidor Mayor, que “tenía orden de Madrid de quemarlos”, según lamentaba el carmelita Serrahima. Muchos acusados, así, pudieron hacerse con los legajos de sus juicios, si bien no cometieron actos de venganza. Y es que, según los testimonios, la Constitución se proclamó pacíficamente: “Todo ha sido con orden menos en la Inquisición contra la cual se está todavía desahogando el pueblo”, escribía en una carta el comerciante Josep Brufau. La Inquisición quedó abolida definitivamente en España en 1834, pero en Barcelona, con aquel asalto demoníaco, quedó ya tocada mucho antes.