En la guardia de Doña Carmen: “Que el detenido se baje la mascarilla, no se le entiende”

La magistrada Carmen García mira hacia la pantalla del televisor, anclada al techo de la sala de vistas, con cara de no entender lo que le dicen.

—A ver si se puede bajar un poco la mascarilla—, pide al hombre al que interroga por videoconferencia. Está acusado de pegar a su expareja (otro hombre) cuando iba a recoger sus pertenencias.

—Es que aquí hay mucha gente…—, replica el presunto agresor, que declara desde una sala de la comisaría central de los Mossos d’Esquadra en Barcelona.

—Ya veo que no se la quiere quitar, pero si puede ahuecarla un poco...—, insiste Carmen, que ahora no lleva puesta la protección (la máscara le empaña las gafas), pero sí guantes de color negro.

—“Mejor me acerco un poco más”.

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García tiene una foto de la ría de Cedeira, el pueblo coruñés donde nació hace 57 años, en su despacho de la planta 9. La estantería es un altar donde acumula los objetos que la acompañan en su día a día: cuadros, una fotografía en la que Felipe VI le sonríe, condecoraciones policiales (la última, por desmontar una trama de corrupción en el puerto) y diplomas que la acreditan como ganadora del premio Naranja del colegio de abogados, que distingue a los jueces de buen trato y señala a los ásperos con su reverso, el premio Limón.

“¿A ver si se puede bajar un poco la mascarilla, que no le entendemos”

“¿A ver si se puede bajar un poco la mascarilla, que no le entendemos”

Es 1 de mayo, Día del Trabajador, y Doña Carmen —así la llaman sus funcionarios, pero también abogados y policías— está de guardia de detenidos. Dirige el juzgado de instrucción 18 de Barcelona desde el día de 1991 en que “empezó la Guerra del Golfo”, rememora. Ha llegado caminando a la Ciudad de la Justicia de Barcelona, una mole de cemento con ventanas que son colmenas y en cuyo inmenso vestíbulo, aséptico como un tanatorio, reina el silencio. El juzgado de guardia está en la planta baja. Allí hay unos pocos trabajadores protegidos por una mampara de plástico. Pero la mayoría están en su hábitat natural, la planta 9. “Abajo es más angustioso, estamos más pegados. Los primeros días fueron duros, ahora estamos más tranquilos”, cuenta Asun, la funcionaria que hoy dirige la guardia. En los ascensores, el aforo está limitado a dos personas y un operario ha pegado en el suelo una tira amarilla para delimitar espacios.

“Cada mañana nos reparten mascarillas, guantes y gel a los 11 funcionarios del juzgado”, explica Carmen, que sorbe a ratos una lata de Coca-Cola zero. Las guardias son de los pocos servicios que la justicia mantiene activos durante el estado de alarma por el coronavirus. “Somos la trinchera”. En Barcelona funcionan ahora dos juzgados de detenidos, cuando lo normal es que haya tres. Y aun así, la actividad ha caído a más de la mitad. Sobre la mesa de Carmen apenas hay cinco atestados. El primero es el de violencia doméstica. El resto son robos.

La juez conduce por la trastienda del edificio hasta la sala de vistas 118, que según un cartel de la empresa de limpieza, acaba de ser desinfectada. Está reservada, en condiciones normales, a los juicios por delitos leves (las antiguas faltas). Pero ahora se emplea para los interrogatorios: son más amplias y permiten la conexión por videoconferencia, principal vía en la toma de declaraciones. A Carmen no le gusta el sistema. No solo porque la calidad del sonido deja mucho que desear (“a veces parece un diálogo de Gila”), sino porque se ven mermadas las garantías del proceso penal. “Yo así no me siento juez, es una ficción. El detenido no deja de estar en un calabozo, custodiado por policías, y no ante un juez. Además, al ver al acusado, el juez se percata de si tiene miedo, está ansioso… o miente”.

El equipo del 18 se pone en marcha para recibir virtualmente al primer detenido. “¿Es un robo o dos?”, pregunta la juez. “No me lo he leído, doña Carmen”, contesta Asun. Conectan con la comisaría. La wifi del juzgado no funciona: hay que encender el ordenador de mesa. La fiscal, Irene Calle, de 37 años, toma asiento. Llega el abogado, pero este no es. Lío de papeles. Lo arreglan. El letrado (ahora sí) accede a la sala. Lleva mascarilla con filtro, pero no toga. Recibe una llamada. “Es que estoy en otras diligencias con el mismo detenido”. Resulta que su cliente, A. A., fue detenido ayer por un robo, aunque ahora, ante la juez, responde por otro anterior. El abogado quiere entrevistarse a solas con él para decirle que no declare. Un funcionario le advierte de que esa conversación, a su pesar, va a grabarse. “Es que de otra manera el programa no funciona”, lamenta.

Son las 11.20. A. A., acusado de forzar la puerta del restaurante El Gauchito de Barcelona, dice que no entiende nada. Pero no por el sonido. “No hablo español”. Con su abogado, en cambio, sí lo hablaba. Carmen le anuncia que quedará en libertad. “Veo que eso sí lo ha entendido”, ironiza la juez. “La palabra mágica”, tercia la fiscal. Atiende el juzgado otros dos casos de robo con fuerza. Ninguno declara, una tendencia al alza durante la pandemia. Todos quedan en libertad. El ambiente es distendido en la sala. La juez comenta con los abogados lo complicado que es trabajar así. Uno de ellos, al salir, replica casi en un susurro: “Complicado no, más bien es inconstitucional”.

Un breve descanso. En la pared marrón apenas se distingue el mango de una puerta que parece un acceso secreto a un estrecho pasillo, donde saludan a un juez de violencia de género. “Con el confinamiento tenemos algún caso más, pero sobre todo problemas con hijos adolescentes. Y acosos. La gente tiene mucho tiempo libre”, reflexiona. La juez repasa los papeles del próximo caso, más grave: un robo con violencia. Dos hombres están detenidos por atacar a un chico y quitarle una cadena de oro. L. y Y. lo niegan todo y aseguran que salían de una mezquita del Raval barcelonés de “recoger la comida del Ramadán” cuando fueron arrestados sin motivo.

“Le juro que yo no lo he hecho”, dice el primero. Otras cosas que dice no se entienden. La juez mira el televisor y se dirige al mosso que le acompaña: “Bájele un poco la mascarilla porque no le escuchamos”. Otra vez, no tiene éxito. “Es que es por la seguridad de todos”. “Vale, vale”, contesta la magistrada, que a ratos lleva puesta la mascarilla y a ratos no. Resopla. “En condiciones normales, habríamos acabado hace dos horas”. Les deja en libertad y sale al pasillo. Su compañera de guardia, la del juzgado 19, lo lleva peor: solo hay audio, pero no imagen, y así no se puede tomar declaración a nadie. Y eso que tiene algún caso más goloso: un detenido por quemar un contenedor en una atípica jornada del 1 de mayo.

Asun comunica que ha llegado hay una segunda ronda de detenidos. Dos chicos. Por tráfico de drogas. Mientras llegan, la juez desciende a la garganta más profunda e inaccesible de la Ciudad de la Justicia: los calabozos. Pueden acoger hasta a 80 detenidos. Ahora no hay nadie: los pocos que hay están en Les corts. También está vacía la sobrecogedora sala para las ruedas de reconocimiento de sospechosos. A Doña Carmen le entusiasma esa materia y, mientras señala los números del 1 al 6 pintados en la pared, piensa en cómo serán las ruedas en las próximas semanas: “Habrá que poner unas fundas de plástico o algo para separarlos”.

“Ahora nos toca a nosotros. Somos un privilegiado, tenemos un trabajo”

“Ahora nos toca a nosotros. Somos unos privilegiados, tenemos un trabajo”

Sube a sala para atender los dos últimos casos. A un chaval le han pillado con 100 gramos de hachís: por la cantidad, podría ser venta, no consumo. El joven dice que era para un grupo de amigos. La juez le conduce hábilmente por un interrogatorio infernal:

—Lo compré en la calle.

—En la calle no hay nadie, ¿quedó con alguien?

—Sí.

—¿Cómo se llama?

—David.

—¿Me puede dar el teléfono?

—No lo tengo.

—Vaya, qué casualidad.

—¿Y dónde vive?

—Tanto no sé.

Tras la última libertad del día (tiene fama de dura; no le tiembla el pulso para dictar prisiones provisionales), concluye el trabajo. Son las tres de la tarde. Si hay nuevos detenidos, tomará las riendas el juzgado de incidencias. Carmen sabe que volverá a sentirse plenamente juez de nuevo, pero que vienen tiempos movidos. “Si la delincuencia sigue baja, no seremos los que peor lo pasaremos. Los juzgados sociales y de familia lo tendrán más complicado. El problema será reprogramar todo”, dice mientras señala en un calendario de pared puntos verdes (declaraciones) y naranjas (juicios) suspendidos por el virus. También habrá que replantearse la forma de hacer las cosas: limitar el aforo en los juzgados, organizar el uso de los espacios y trabajar en turnos de mañana y tarde, hasta hora una excepción en el ámbito de la justicia. “Nos gusta tener un cajero o una enfermera a cualquier hora, ¿no? Pues ahora nos toca a nosotros. Somos unos privilegiados, mantenemos nuestro puesto de trabajo”.

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