El Consejo de Garantías Estatutarias avala los Presupuestos de la Generalitat

El Consejo de Garantías Estatutarias ha dictado este miércoles por la tarde un informe en el que avala el proyecto de Presupuestos de la Generalitat al sostener que se ajusta tanto al Estatut como a la Constitución. Con la emisión del informe, solicitado por Ciudadanos, el Consejo da vía libre para que se continúe tramitando la ley, que estaba paralizada a la espera de esta resolución, no vinculante, que ha sido adoptada por unanimidad. El Govern y los comunes habían lamentado que la formación naranja presentara el recurso.

Tras la difusión del informe, se abre un periodo de 48 horas para presentar nuevas enmiendas a las cuentas. El plazo expira el próximo martes. La junta de portavoces del Parlament se reunirá precisamente ese día y es probable que fije la celebración del Pleno para aprobar los presupuestos a partir del jueves, día 16. La Mesa ya aprobó el pasado día 14 organizar sesiones plenarias en las que participaran solo 21 diputados y que estos pudieran estar facultados para votar por sus compañeros de grupo.

El informe rechaza las tres consideraciones que había formulado el partido de Inés Arrimadas, que consideraba que los presupuestos eran irracionales porque no contemplaban el impacto de la pandemia de la Covid-19; añadía que vulnerarían los derechos de participación política de los diputados porque muchas de las decisiones se tomarían en el ámbito del Govern y sin posibilidad de ser fiscalizadas por la oposición. Por último, denunciaban que la disposición final 27 sobrepasaba las competencias propias de la Generalitat al estimar el salario mínimo de los catalanes como si Cataluña se tratara de un Estado. El recurso lo registró justo cuando se tomaron las primeras medidas de confinamiento.

En primer lugar, el Consejo sostiene que el artículo 2 de los Presupuestos, en relación con la estabilidad presupuestaria y financiera, no vulnera ni el principio de legalidad (artículo 9.3 de la Constitución) ni el 23 (el de participación política) ni el de estabilidad presupuestaria (el 135). El segundo apartado garantiza que la tramitación de las cuentas no ha vulnerado tampoco dos artículos del Estatuto que aluden a la autonomía del Parlament (artículo 58) ni el de la elaboración de las cuentas (212). Y, por último, que la disposición adicional 27, que abría la puerta a utilizar el salario mínimo de referencia creado por la Generalitat, no es contrario a ninguna de las dos normas.

Tras la emisión del dictamen, el vicepresidente económico de la Generalitat, Pere Aragonès, ha urgido a aprobar los Presupuesto. El consejero republicano así lo ha manifestado a través de Twitter, en el que ha aprovechado para cargar contra Ciudadanos por retrasar la aprobación de las cuentas “un mes en medio de una crisis sanitaria”. El Govern siempre ha sostenido la urgente necesidad de aprobar ya los presupuestos para actuar de forma más eficaz contra la pandemia al tener que tratar de contenerla ahora con las cuentas prorrogadas de 2017.

El dictamen tumba los argumentos utilizados por Ciudadanos para intentar paralizar los Presupuestos. Es especialmente duro contra el que defiende que los Presupuestos de 2020 no contabilizan el impacto en ingresos y gastos que tendrá la crisis del coronavirus en las Cuentas de la Generalitat, por lo que, concluía la formación naranja, se abusará de los decretos leyes para modificar la ley una vez que ésta esté aprobada.

Primero, el Consejo de Garantías defiende que la pandemia fue declarada antes del inicio de la elaboración de los Presupuestos, por lo que deja implícita cierta lógica a que ese impoacto no quede recogido. Después, que hay sentencias del Tribunal Constitucional que consideran que los Presupuestos son “leyes no petrificadas” y que el uso de los decretos está más que argumentado en “situaciones excepcionales”, como podría ser la actual situación de pandemia.

Asume así el organismo el argumentario del Gobierno catalán, al afirmar que la renovación de los Presupuestos dotará de más recursos al Ejecutivo al elevar el techo de gasto para combatir la crisis del coronavirus. Sobre la posible desviación del déficit, afirma que hay controles del Estado para fiscalizar esa cuestión y que la nueva situación de aumento de gasto público a causa de la Covid-19 justamente ha provocado que desde la Unión Europea se haya abierto la puerta a dar más flexibilidad de gasto a las administraciones.

Ciudadanos también criticaba que una disposición adicional de los Presupuestos asumiera el uso del salario mínimo de referencia creado recientemente por el Govern. El Consejo de Garantías desprecia esa petición al considerar que no es una alternativa al salario mínimo interprofesional (SMI) y que el Govern solo pretende utilizarlo en marcos de negociación propios, como la contratación pública.