El coronavirus desentierra la pobreza invisible

Miércoles 1 de abril. A las 9.30 de la mañana siete personas recorren las calles desiertas de Badalona. Una pareja de voluntarios sociales acompaña a otros cinco vecinos de la ciudad al supermercado. Llevan la tarjeta de crédito de Cáritas para comprar. Pueden gastar cada uno 50 euros en alimentación y productos de higiene. Viven en los barrios de La Salut, Sant Roc y Montigalà y son la muestra de que las necesidades más perentorias han empezado a hacer su aparición en esta extraordinaria situación generada por la pandemia.

El coronavirus ha hecho aflorar la precariedad en todo su esplendor. Las realidades invisibles han salido a la luz. La situación de la que veníamos no era halagüeña. Pese a la recuperación económica y las macro-cifras, la pobreza severa –ingresos inferiores a 350 euros al mes afecta –según la Generalitat– a 500.000 catalanes .

Los beneficiarios de la compra de Badalona son personas como R., una mujer separada con tres hijos a su cargo de 9, 7 y 2 años, que cobra la Renta Garantizada de Ciudadanía –unos 900 euros– y paga 400 de alquiler. L., otra de las compradoras, vive en un local sin luz ni agua y trabajo en empleos tan sumergidos que con el coronavirus han desaparecido. Los voluntarios que la acompañan al súper han tenido que facilitarle una tarjeta multiviaje para que pueda ir a visitar a su hijo, ingresado por un atropello en Can Ruti.

Para quienes el régimen de supervivencia es la dieta diaria se han puesto en marcha las redes solidarias –xarxes solidàries– en más de medio centenar de localidades catalanas: todos los barrios de Barcelona, el área metropolitana, Tarragona, Reus, Osona, Girona, Lleida… Ayuntamientos, entidades sociales, asociaciones de vecinos y plataformas de lucha por la vivienda han organizado esta iniciativa (https://confavc.cat/cuidem-nos-des-dels-nostres-barris/) que intenta orientar a quienes nunca han tenido brújula. Va dirigido a la mano de obra sin cualificar, a aquellos que no han tenido ocasión de descubrir qué significa trabajo con valor añadido.

De esta realidad invisible daba cuenta recientemente en SER Catalunya Joan Artigal, director del institut escola Trinitat Nova. Artigal explicó las dificultades de sus 440 alumnos para seguir las clases on line tal como propone la Generalitat: muchos de ellos no tienen internet y dependen del teléfono de sus padres. “Más que llamarlos para seguir las clases, les hemos llamado para preguntarles como estaban y en 57 casos los tutores han detectado que sus familias lo están pasando muy mal. Somos la primera línea de contacto con la realidad invisible”. Y en las redes sociales sentenció a propósito de la evaluación: “¿Qué nota les pondremos a los alumnos cuando nos digan que no tienen para comer?”

A pesar del descarrilamiento que ha supuesto la pandemia, no podemos permitirnos seguir perdiendo vagones. Las medidas sociales tomadas por el Gobierno central ni son suficientes ni contentan al 100%. La música suena bien, pero la letra es burocráticamente compleja. Los autónomos piden la exoneración y no la moratoria de cuotas, la Alianza Contra la Pobreza Energética quiere que no sea el erario público sino las grandes empresas las que se hagan cargo de las deudas impagadas de suministros básicos y el Sindicat de Llogaters es partidario de que se suspendan los pagos de mensualidades a todos los golpeados por la crisis que se han quedado sin ingresos. Desde la derecha montaraz española se opina que el paquete de medidas del Gobierno central protege demasiado a los más vulnerables, que provocará más paro, más déficit y que generará una deuda imposible. Olvidan que Rajoy llegó al poder con una deuda pública de 744.000 millones y la dejó en 1,169 billones, además de no subir los impuestos cuando la economía crecía al 3% entre 2014 y 2018.

Ahora, desde la Generalitat reclaman una renta mínima durante la pandemia y exigen más generosidad al Gobierno central. Todo ello hace falta. Pero es fácil disparar con pólvora del rey mientras se racanea con la propia. En Cataluña, el Govern tiene una vía de agua en las residencias para la tercera edad. Además el Departamento de Trabajo rechaza numerosas peticiones de Renta Garantizada de Ciudadanía y el Indicador de Renta de Suficiencia –base de esta y otras muchas prestaciones– no se actualiza desde 2010. La Mesa del Tercer Sector ha vuelto a reclamar esta semana la activación de RGC, habida cuenta de la emergencia y de que la propia Generalitat estima la pobreza severa en 494.000 personas mientras que esta prestación social solo la disfrutan 124.427 ciudadanos.

Cuando todo esto acabe habrá que pasar cuentas con quienes cínicamente reclaman más eficacia o generosidad, mientras ellos, en pasado o en presente, se han dedicado a recortar los servicios públicos básicos.