Epidemia y soberanía

Cuando se declara la epidemia se necesitan medidas excepcionales. La cuestión de la soberanía, aunque no sea objeto de discusión pública, se plantea abiertamente. Carl Schmitt, el jurista del decisionismo y de la polarización política –hay que designar un enemigo para marcar nítidamente la separación entre el nosotros y los vosotros–, lo formuló con precisión: es soberano quien decreta el estado de excepción.

Corresponde pues a la lógica soberanista la crítica de los gobiernos vasco y catalán en la aplicación del artículo 116 de la Constitución. La suspensión de competencias, la creación de un mando único y la centralización de las decisiones no sólo constituyen acciones legítimas y constitucionales sino que son la única forma con un mínimo de garantías de eficacia de luchar contra el virus. No hay otra forma. Oponerse en circunstancias tan graves y excepcionales es una actitud irresponsable y obstaculizadora de la lucha de toda la sociedad contra la epidemia.

El nacionalismo más responsable, como es el caso del gobierno vasco, se ha limitado a dejar constancia de su oposición formal, pero a continuación ha apoyado las medidas del Gobierno. No es el caso de Quim Torra y de su gobierno secesionista, orientado desde el primer día a la crítica del ejecutivo español y a una celosa disputa de todas y cada una de sus decisiones.

Hay en esta actitud una disposición táctica, de cara a endosar los fracasos al Gobierno central y reservarse como logros propios los buenos resultados que se puedan conseguir. Pero hay también una estrategia de plantear el combate contra el virus como un ejercicio de disputa de la autoridad, de la competencia e incluso de la soberanía entre los dos ejecutivos. El de Pedro Sánchez, presentado despectivamente como 'el Gobierno de España', en castellano siempre, y el gobierno en catalán, catalán por antonomasia y por lo tanto el único al que deben obedecer los catalanes.

Todo el aparato de comunicación pública, que en el caso del gobierno nacionalista incluye la programación entera de los medios de comunicación públicos, se ha puesto a disposición de esta política de explotación del estado de alarma. Cualquier decisión ajena, española, permite y obliga a una respuesta secesionista, que comienza con las intervenciones y conferencias de prensa del presidente y de los consejeros y acaba con el batallón de los tertulianos y columnistas desplegados en los medios.

Este guion permite cuantas tergiversaciones convengan, por delirantes que puedan parecer. La primera, sobre la aplicación del artículo 116 del estado de alarma, presentado como un nuevo 155, sin utilidad para combatir la epidemia y con el único propósito de recortar el autogobierno y contribuir a la recentralización. Después, la crítica al uso del color amarillo en la publicidad oficial, denunciado como una explícita identificación entre la epidemia y la independencia. Y el escándalo ante las llamadas a la unidad civil de los ciudadanos confinados contra el virus, identificadas según esta mentalidad como apologías de la unidad de España.

Torra sabe que en situaciones de emergencia la gran mayoría de ciudadanos tiene tendencia a cobijarse bajo la autoridad del Gobierno. Es una reacción patriótica, propia de las situaciones de guerra, cuando hay que dejar de lado las diferencias para concentrarse en eliminar la enfermedad. La hora de la crítica deberá llegar más tarde, después de haberla vencido. También la hora de pasar cuentas en las urnas. Así lo han visto Urkullu y Arrimadas, pero no Torra, ni Casado y Abascal. Cada uno de ellos quiere que se produzca lo que en Estados Unidos llaman ‘rally round the flag’ (reunirse en torno a la bandera), pero quieren ser ellos quienes la levanten y quieren también que sea exclusivamente la suya, Torra sólo la catalana, Casado y Abascal sólo la española.

El aglutinante semántico que ha encontrado Torra para su disputa soberanista es la consigna del 'confinamiento total', eufemismo del control del territorio catalán por parte de la Generalitat, una vez aislado totalmente del resto del mundo. No tiene mucho que ver con el confinamiento de la población, que ya se ha producido en un grado muy elevado, sino con el cierre de los aeropuertos, puertos y fronteras. Tampoco tiene que ver, aunque Torra lo disimule, con la paralización de los sectores productivos sin vinculación directa con la lucha contra el virus, como ha quedado probado con la continuación de todas las obras de construcción que tenía contratadas el gobierno de la Generalitat.

Acompañan estas medidas el prurito de apariencia antimilitarista exhibido por el gobierno secesionista. No sólo quiere el aislamiento de Cataluña, sino que no quiere la presencia ni del ejército ni de las fuerzas de orden público españolas. Todos los países europeos cuentan con las fuerzas armadas para las tareas excepcionales que exigen la epidemia, pero el secesionismo lo quiere aprovechar para expulsar las fuerzas armadas y de orden público españolas de Cataluña. El 'confinamiento total' es la independencia de hecho, obtenida gracias al virus.

El último escalón en el delirio irresponsable del secesionismo orienta todas estas críticas en una dirección siniestra e indigna, sólo compartida por fuerzas políticas xenófobas y racistas del nacional populismo de todo el mundo. Se trata de atribuir el balance de muerte y de pobreza que nos espera a la acción y la responsabilidad directa de Pedro Sánchez y del Gobierno, y metonímicamente de España. La cantilena infame que nos preparan, y que los más osados ya han empezado a difundir, es que si España hasta ahora nos robaba, ahora nos mata.

Más delirante todavía es que hagan el juego a Torra quienes más se oponen al secesionismo, al menos aparentemente, como son Pablo Casado y Abascal. Argumento adicional para que el catalanismo responsable, incluido el independentismo todavía capaz de mantener la cordura, tome todas las distancias con esta deriva irresponsable y excluyente de Torra, Buch y Budó.