La Generalitat tarda 10 días en parar sus obras pese a reclamar el confinamiento total de Cataluña

La obra pública dependiente de la Generalitat parará este miércoles, 10 días días después de que lo hicieran las del Ayuntamiento de Barcelona. Es una de las medidas decretadas por el Govern de Quim Torra, que demanda insistentemente al Ejecutivo central que decrete un confinamiento total para cortar la propagación de la Covid-19. Tanto Fomento del Trabajo como Pimec llevan días opiniéndose a la pretensión del president por el golpe adicional que supondría para una economía amenazada por el retorno de la recesión. Los sindicatos, por su parte, evitan entrar en un espinoso debate.

“Un paro total de la actividad empresarial conllevaría consecuencias aún más graves que las que ya está teniendo la economía. Tenemos que garantizar la continuidad económica con las máximas medidas preventivas y de protección para la salud”, reitera el presidente de Pimec, Josep González, una posición que lleva más de una semana defendiendo. El lunes, Foment del Treball, defendió también ese discurso con un comunicado en el que señalaba que la petición de Torra no era “una medida proporcionada en la actual situación”, que podría acarrear problemas incluso para los servicios considerados como esenciales.

La idea que sostienen muchos economistas es que, además de las industrias básicas, como la alimentaria o la química, es necesario el funcionamiento de una cadena logística e intermedia de suministros que alimente esos sectores económicos.

En todo caso, los sindicatos prefieren mantenerse al margen de un debate con muchos matices dentro de sus federaciones. Tanto el secretario general de CC OO en Cataluña, Javier Pacheco, como el de UGT, Camil Ros, se muestran reacios a expresar tanto un apoyo total como una crítica abierta a los postulados de Torra. “No somos expertos en materia sanitaria, y no somos quienes para decir qué medidas hay que tomar. Lo prioritario es la salud de la gente, aunque también estamos preocupados por la ocupación”, señala Pacheco. Ros lamentaba que el debate se haya convertido “en un estoy contigo o contra ti”. “Tenemos que huir de esto, lo que hay que hacer es seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y mirar que tengan la menor afectación en la economía, pero las medidas de confinamiento las tienen que indicar las autoridades sanitarias”, resume Ros.

“¿Cómo definimos qué sectores son esenciales y qué empresas, aunque su actividad no sea esencial, son necesarias para que los sectores que sí lo son sigan funcionando?”, cuestiona el secretario general de UGT. “Cualquier medida sanitaria de confinamiento la tendremos que asumir, pero lo que queremos es que mientras haya gente que tenga que trabajar, estos lo hagan con todas las medidas de seguridad. Y si la Inspección de Trabajo no puede revisar todas las actividades, pedimos que también lo hagan las fuerzas de seguridad”, defiende su homólogo de CC OO.

Y mientras sigue ese debate abierto, incluso entre la comunidad científica, la Generalitat ha decidido paralizar las obras públicas que dependen de ella. La paralización llega incluso más tarde que muchos tajos privados. La construcción de la Sagrada Familia está detenida desde el viernes 13 de marzo y promotoras como La Llave de Oro y Núñez i Navarro han decidido no seguir sus obras. Es un sector en el que trabajan 210.000 personas en Cataluña, según los datos de afiliación a la Seguridad Social. “Ya hace cinco días que solicitamos a la Generalitat que paralizaran todas las obras que no fueran estratégicas”, defiende Joaquim Llansó, presidente de la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña, partidario de que es mejor cerrar dos meses y garantizar que los trabajadores no quedarán contagiados por el coronavirus y consciente de que la cadena de suministros lleva varios días rota.

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