La Generalitat aflora una cuarta parte del fraude fiscal

La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) afloró el año pasado 203 millones de fraude fiscal. Es una cuantía un 7% superior a la del año anterior, pero que continúa quedando lejos de los datos de brecha fiscal calculados en un informe encargado por la Generalitat en 2017. Aquel estudio concluía que en 2014 la Administración catalana dejó de ingresar 790 millones de euros a causa de lo no declarado por los contribuyentes en los cuatro principales tributos que gestiona la Administración catalana. Tres cuartas partes continúan perdidas.

Los resultados de la lucha contra el fraude fiscal han marcado una línea zigzagueante en los últimos años. El ejercicio 2018 registró una caída del 7% respecto a 2017, mientras que en 2019 creció un 7% y se situó en las cotas más altas. Fuentes del Departamento de Economía y Hacienda afirman que los resultados económicos pueden depender de actuaciones concretas y dan más valor al aumento de las actuaciones que se han producido en los últimos años, que se ha producido coincidiendo con una ampliación de la dotación de personal de la Agencia Tributaria. Entre 2015 y 2018 la estructura se ha triplicado, en parte para poder asumir el trabajo que hasta 2017 realizaban los registradores de la propiedad.

El vicepresidente económico de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado que difícilmente se podrán mejorar mucho más los resultados si no hay más colaboración estatal. A falta de que se conforme el consorcio tributario con el Estado que figura en el Estatut, el máximo responsable de la Hacienda catalana reclama que la Agencia Tributaria Española le ceda datos para poner el foco en los contribuyentes del impuesto de Patrimonio.

Lista de morosos

Según el estudio elaborado en 2017 por el Instituto de Economía de Barcelona y Everis, el 43% de lo no ingresado en 2014 se escapaba a través de ese tributo. El otro gran agujero se produce en el impuesto de Sucesiones y Donaciones, seguido por el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el de Establecimientos Turísticos, la también denominada tasa turística.

En junio pasado Aragonès presentó el nuevo plan de lucha contra el fraude, después de que en el conjunto de periodo 2015-18 fuera incapaz de alcanzar los 790 millones de brecha fiscal detectados para los cuatro principales impuestos. En su nueva propuesta destacaba la amenaza de publicar la lista de morosos con más de un millón de euros de deuda con la Generalitat a partir de este año. Otra de las medidas consistía en un portal de subhastas electrónicas que ha sido impugnado por el Estado. Pretende aumentar los ingresos a través de la venta de los bienes embargados a contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones tributarias.