El Observatorio Económico de Andalucía critica el pacto para la financiación catalana: “Es la aceptación de algunas de las hipótesis del procés”

Continúa la disrupción frente al acuerdo que firmaron el PSC y ERC para un nuevo modelo de financiación para Cataluña. A las voces que cuestionan este pacto, se ha sumado este miércoles el Observatorio Económico de Andalucía (OEA) con duras críticas porque este se haya cerrado para resolver un problema político concreto. Sobre todo, añaden, porque la reforma del sistema de financiación autonómica “debería haberse producido hace 10 años”. “El acuerdo alcanzado no es el ‘fin del ‘procés’, como se argumenta, sino más bien la aceptación de algunas de sus hipótesis de partida, léase, el llamado e injustificado maltrato fiscal”, remarca el documento presentado por el OEA en el que se valora el acuerdo de investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, Diego Martínez López, encargado de presentar el informe del Observatorio, ha cifrado en 25.000 millones el coste para el Estado de la salida de Cataluña del régimen común. En el documento, además de críticas al acuerdo para la financiación singular de Cataluña, también se comentan las “principales limitaciones” del actual sistema de financiación autonómico y se proponen soluciones. Entre ellas, se apela a una reforma profunda que respete los criterios de equidad. En palabras de Martínez, es importante “que todos los ciudadanos del país, con independencia de su lugar de residencia, tengan acceso a los mismos servicios públicos”.

El informe del Observatorio, formado por economistas, ingenieros o abogados de la sociedad civil, es muy beligerante con la bilateralidad entre el Estado y las comunidades autónomas en temas de financiación y advierte que ese criterio solo es aceptado para País Vasco y Navarra. “La discusión de los asuntos abordados en el pacto PSC-ERC debe realizarse en un marco multilateral, tanto en el fondo como en la forma”, se concluye en el documento. Por eso el OEA cree que debe formularse como proyecto integrador de país”, en línea con la argumentación del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que ya ha advertido que no negociará los asuntos de financiación o quita de deuda solo con el presidente del Gobierno.

“Dos gobiernos de distinto nivel van a decidir sobre todos los españoles. Para muchos, es algo muy similar a un concierto autonómico. Hablan de financiación singular, pero este tipo de financiación ya existe y está regulada en el régimen actual”, ha abundado Martínez, que formó parte de la Dirección General de Financiación y Tributos de la Junta de Andalucía entre 2015 y 2018, que formaba parte de la Consejería de Hacienda a cargo de María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y quien, recientemente se refirió al acuerdo como “solidario”. Martínez, aún así, se ha mostrado algo prudente y ha comentado que se encuentran a la espera de conocer más detalles del pacto de financiación para Cataluña que pueda aclarar algunos puntos.

El catedrático ha resaltado que la financiación autonómica debe seguir unos criterios de armonización fiscal y que el nuevo sistema que propone debería mostrar coherencia con la actual gobernanza económica europea. Es decir, que la reforma no puede traducirse en “incrementos desproporcionados del gasto público autonómico”.

El informe es muy crítico con el actual sistema de financiación. “Hay una fiesta con la recaudación de impuestos en España y Andalucía participa en ella”, ha declarado Martínez. Los expertos critican en el documento la ausencia de un criterio de equidad coherente en el actual sistema de financiación y reiteran la importancia de que se incluya entre los criterios de reparto el gasto por habitante ajustado, una de las reclamaciones que el Parlamento Andaluz recogió en su pacto de financiación de 2018 y que es la base de las reclamaciones sobre financiación que esgrime la Junta de Andalucía desde entonces. “Son las personas, y no los territorios, los sujetos y objetos protagonistas de este debate de amplitud nacional”, se concluye en el informe, en términos muy similares a los recogidos en el pacto de 2018.

El Observatorio también califica como “raquítico” el Fondo de Compensación Interterritorial, que Pedro Sánchez habló de duplicar para compensar la eventual salida del Cataluña del régimen común, pero que solo suponen un 0,3% de la financiación de las comunidades y considera necesario rediseñar y analizar su eficiencia.

Las críticas del informe no se quedan solo en el acuerdo, también se alude directamente a la política fiscal de la Junta de Andalucía y, en vísperas de la reunión que mantendrán el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, con el de España este viernes. El OEA reprueba la incongruencia de alegar problemas de financiación de los servicios públicos, mientras el Ejecutivo popular adopta rebajas fiscales.

Martínez ha afirmado que la Junta “aquí [en Andalucía] no disminuye la recaudación de impuestos, pero sí crece a tasas inferiores que el resto del país”. En este sentido, ha destacado que Andalucía incrementó el gasto en un 13% en el año 2023, pero que no se tradujo en una mejora de los servicios públicos.

El informe, en línea con buena parte de su contenido, en el que cuestiona el actual modelo de financiación, insiste en la necesidad de una “profunda transformación en términos de recursos e instrumentos” de la política regional española.