Andalucía dejó sin gastar casi 5 millones en memoria democrática, la mitad de lo asignado en su plan

El Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) ha hecho balance de su gestión en materia de memoria democrática cinco años después de llegar a la Junta de Andalucía, pese a que la ley andaluza establece que cada año debe presentar un informe anual de las actuaciones desarrolladas. La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ha presentado dos estudios, uno sobre la ejecución del I Plan de Memoria de Democrática 2019-2022 y otro sobre las acciones realizadas en 2023. Sus resultados no son muy alentadores, tal y como ha señalado la Federación Andaluza de Memoria Democrática, que engloba al mayor número de entidades memorialistas de la comunidad. Del primer plan solo se ejecutaron 4,5 millones de los 9,4 millones de presupuesto del que estaba dotado y las actividades de 2023, con 1,5 millones —del que el 30% son fondos estatales—, se circunscriben a exhumaciones, identificación de ADN y estudios de viabilidad de fosas, obviando otros objetivos de la ley regional como investigación, divulgación, declaraciones de lugares de memoria, revisión de la nomenclatura del callejero, eliminación de símbolos franquistas, censo de víctimas o modificación de los contenidos curriculares en la escuela.

Las asociaciones memorialistas opinan que esta falta de ejecución equivale a una derogación de la ley de memoria democrática, como las que han impulsado otras comunidades en las que el PP gobierna con Vox. “El no desarrollo de la ley es como si se hubiera derogado”, subraya Antonio Manuel Mateos, vicepresidente y portavoz de la Federación Andaluza de Memoria Democrática (FAMD). En el informe que su organización ha realizado sobre los dos balances de la Junta se llama la atención sobre los casi cinco millones que se dejaron sin ejecutar: “Qué mejor balance para demostrar ese desinterés y la inacción del Gobierno andaluz con las reclamaciones de los familiares de víctimas durante estos últimos cinco años”.

La reclamación del balance de la ejecución de este plan ha sido una constante desde que en 2022 terminó su vigencia. Se ha hecho esperar dos años. De acuerdo con la información ofrecida por la Junta en ese informe, presentado la semana pasada ante el Consejo de Gobierno, de los 4,5 millones de los que se dispusieron, un total de 3,1 se destinaron a trabajos de localización, delimitación y exhumación de fosas y 1,4 millones, al desarrollo de identificación genética. El plan era un ambicioso proyecto de 140 páginas redactado por el anterior Gobierno socialista que, además de acciones destinadas a la exhumación, a la identificación de víctimas o la creación de un banco de ADN, incluía reconocimientos institucionales a las víctimas, la divulgación del papel de las mujeres, la creación de una línea de indemnizaciones para expresos y exrepresaliados del franquismo, el impulso de nuevos lugares de memoria o el fomento del conocimiento y la difusión científica y la preservación y publicidad de los fondos documentales. Nada de eso aparece recogido en el balance.

“En este tiempo tampoco se ha puesto en marcha ningún plan para la eliminación de la simbología y actos contrarios a la ley de memoria democrática, desapareció la Dirección General de Memoria y las oficinas provinciales de atención a víctimas, se recortaron las inversiones para universidades y ayuntamientos y prorrogaron el convenio de identificaciones con recorte de presupuesto cuando más muestras se tienen en espera”, indica el documento de la FAMD. El balance no ha sido presentado de manera oficial ante el Consejo Andaluz de Memoria —donde están representadas las asociaciones―, a diferencia del relacionado con las acciones desarrolladas en 2023, que sí se entregó en la reunión de 19 de junio.

Ese informe, al que ha tenido acceso este diario, tampoco incluye otras actividades distintas de la exhumación, localización y trabajos en futuras fosas o la identificación de ADN, actuaciones que se han desarrollado en colaboración con el Gobierno de España o financiadas en buena parte con fondos provenientes del Ministerio de la Presidencia. De los 1,5 millones de euros de los que se dispuso para las acciones de 2023, algo más de 435.000 euros son aportaciones recibidas en aplicación del III Consejo Territorial de Memoria Democrática.

De acuerdo con la memoria de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, a lo largo del 2023 se desarrollaron los convenios suscritos con las universidades de Cádiz, Málaga y Jaén para la localización de fosas y la viabilidad de las exhumaciones con el cálculo de su coste económico. También se ha continuado con los trabajos en las fosas de Pico Reja, Alcalá de Guadaíra, Osuna y Carmona, en Sevilla; Barranco de Víznar, Galera y Ugíjar, en Granada; y Alcalá del Valle, en Cádiz, financiadas conjuntamente o a través de fondos del Estado. Asimismo se ha renovado el convenio con la Universidad de Granada para la recuperación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la posguerra y el mantenimiento del banco de datos.

Solo 12 víctimas identificadas

“El Gobierno de España ha salvado el I Plan andaluz de Memoria Democrática y las obligaciones del Gobierno andaluz para el cumplimiento de la ley andaluza”, subraya el documento de la FAMD, en alusión a las escasas actividades relacionadas con la memoria democrática impulsadas de manera independiente por la Junta. La federación memorialista recoge cómo entre 2020 y 2023 la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha transferido a la comunidad casi 5,9 millones de para financiar actuaciones en este territorio.

La Consejería de Cultura hace especial hincapié, siempre que se le pregunta sobre políticas de memoria democrática, en la identificación de las víctimas, pero la tardanza en la realización y cotejo de las pruebas de ADN es otra de las críticas de las asociaciones recogida por la FAMD en su informe. En 2023 se realizó un estudio pormenorizado de las muestras de restos y familiares de víctimas que fueron analizadas en el laboratorio de la Universidad de Granada. En las 28 fosas donde se tomó ADN solo se ha podido identificar a 12 víctimas. “La precariedad de estos resultados se debe fundamentalmente a que existen fosas a la espera de iniciar los trabajos exhumatorios, o no se han completado o no cuentan con financiación suficiente para abordar los estudios genéticos”, apunta la FAMD. Mateos, en este sentido, llama la atención sobre el hecho de que “en varias fosas únicamente se reconoce que se han tomado muestras de los familiares, lo que evidencia que las actuaciones de exhumación aún no se han puesto en marcha”.

Mateos advierte también de que el balance de 2023 es, en cierta medida, “fantasma”, porque ese ejercicio debería estar recogido en el II Plan de Memoria Democrática 2023-2027, que sigue siendo un borrador un año y medio después de la fecha en la que tenía que haber entrado en vigor.