El exlíder de UGT-A sobre el supuesto fraude de 40 millones en subvenciones: “No había nada raro en la gestión”

El ex secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, ha negado esta mañana que se hubiera producido alguna irregularidad en la gestión de las subvenciones que el sindicato recibió por parte de la Junta andaluza entre 2009 y 2013 para la formación y por la que él, y otros cuatro miembros de la antigua cúpula de la organización, está acusados de un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil: “No hay nada raro. Aquí no hay trampa ni cartón”, ha señalado ante los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla en la primera jornada en la que declaran los acusados.

La Fiscalía Anticorrupción pide 14 años de cárcel y 50 millones de euros de multa para Fernández Sevilla por supuestamente haber defraudado hasta 40 millones de euros destinados a la formación de desempleados a través de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores para facilitar al sindicato una vía de financiación para actividades propias, distintas de el objeto principal de esas ayudas. Entre “la infraestructura documental y contable” que detallaba el juez de instrucción que investigó el caso se encontraba la técnica del rappel, por la que el sindicato se beneficiaba de los descuentos que los proveedores hacían en las facturas y que no declaraban a la Administración. Otros de los mecanismos que se enumeran son la cesión de locales de la organización a una sociedad mercantil de UGT, Soralpe, que alquilaba las aulas empleadas para la formación sin general gasto; y el bote, que permitía al sindicato financiarse con cargo a un saldo acreedor generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas.

Precisamente al bote se ha referido Fernández para recalcar que ignoraba esa práctica y que solo supo de su existencia cuando, fruto de las filtraciones a la prensa de un antiguo trabajador de UGT-A —condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por haber realizado esas revelaciones a los medios de comunicación y no a la policía o en los juzgados— tuvo que “dar la cara” ante la opinión pública.

Fernández, que solo ha accedido a responder a las preguntas que le ha formulado su abogada, ha tratado de desvincularse de la supuesta trama del fraude en las subvenciones. “No había contabilidad A o B, había una sola contabilidad”, ha señalado. “La gestión era inasumible con todas las publicaciones sesgadas de facturas”, ha continuado, para justificar que, ante esa situación, se decidiera depositar el disco duro con las cuentas del sindicato en una notaría de Sevilla. “Para mayor transparencia”, ha puntualizado, para insistir en que él nunca dio “ninguna instrucción” a sus subordinados sobre cómo justificar esas ayudas.

De acuerdo con la versión de Fernández, fueron las filtraciones del exemepleado las que dieron lugar a una “película” orquestada contra UGT-A. Su antiguo secretario general ha advertido también de que el Gobierno andaluz, presidido entonces por el PSOE, “tendría algo que decir” porque había “dado el OK” a las justificaciones de las ayudas presentadas por el sindicato e incluso, según el testimonio de Fernández, les había “felicitado” por cómo se estaban impartiendo los cursos de formación.

Junto a Fernández, se sientan en el banquillo como investigados otros cuatro exmiembros de la cúpula de UGT-A -el antiguo secretario general de Administración, Federico Fresneda, la anterior secretaria de gestión económica, María Chapín, la exresponsable del departamento de Compras, Dolores Sánchez y el ex consejero delegado de Soralpe, Enrique Goicoechea-y 10 antiguos proveedores. Anticorrupción pide en total 26 años de cárcel y 200 millones de euros en multas.

Este lunes se ha celebrado la primera sesión de las declaraciones de los acusados en este proceso, cuya vista oral comenzó a finales de enero de este año, casi 11 años después de que se iniciara la investigación tras varias denuncias internas por la utilización de facturas falsas. Las pesquisas arrojaron 14 expedientes de ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a UGT-A entre 2009 y 2011 para realizar más de 2000 cursos de formación para parados.