El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía que investigue el estudio clínico que se realizó en Sevilla sin el consentimiento de los hospitalizados

El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía de Sevilla que investigue un estudio clínico realizado por médicos del departamento de Medicina Interna del Hospital Virgen Macarena de Sevilla en el que se utilizaron muestras de enfermos hospitalizados sin contar, presuntamente, con su conocimiento informado. La Agencia Española de Protección de Datos inició su propia investigación el pasado mes de noviembre a instancias de una denuncia de uno de los facultativos del centro hospitalario que también lo puso en conocimiento del gerente del hospital y del Servicio Andaluz de Salud. Hasta que esta información no trascendió a los medios de comunicación la Junta no ha pedido un informe jurídico sobre lo sucedido.

En la petición, de la que informó la edición andaluza de eldiario.es y a la que ha tenido acceso este periódico, se solicita al fiscal jefe de Sevilla que realice “una investigación exhaustiva” del estudio clínico sobre pie diabético por entender que la petición de muestras sin el consentimiento de los pacientes constituye “entre otros delitos, el de abuso de poder” y de confianza. “También consideramos que hay una dejación de funciones por parte de la administración que no puede alegar que desconocía estas prácticas cuando están involucrados altos cargos del servicio médico”, explica a este diario Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente

Flores llama la atención sobre la indefensión en la que se ven envueltos los pacientes cuando acuden a una consulta o un hospital. “Hay un abuso de poder y confianza por parte del facultativo porque saben que pueden pedir muestras sin informar previamente y que el paciente no se va a enterar y como no conocen lo que firman tampoco lo denuncian”, señala. Las denuncias ante la Fiscalía por haber hecho firmar a usuarios de la sanidad documentos sin el consentimiento informado son de las más habituales que presentan desde que se constituyó la organización hace 27 años.

“La situación es deleznable, vas a un médico o un hospital y estamos vendidos, porque no somos nadie”, continúa. Desde la plataforma han propuesto en varias ocasiones a las administraciones que se graben las intervenciones y las consultas y que no haya ningún consentimiento informado que no se inscriba”, abunda.

De las irregularidades en el consentimiento informado que se pide que se investiguen se tuvo conocimiento el pasado mes de marzo, cuando un paciente hospitalizado por descompensación y complicaciones por pie diabético preguntó a su médico responsable por el resultado de unos análisis que le habían practicado recientemente. El facultativo desconocía que se hubieran realizado esas analíticas y cuando constató que se habían hecho más pruebas de este tipo a otros de sus pacientes, preguntó a la compañera que los había ordenado, que le explicó que formaban parte de su tesis doctoral. Cuando trasladó su malestar al responsable de ese proyecto, se le aseguró que se trataba de “análisis puntuales”.

Sin embargo, entre marzo y mayo, el médico al cargo de esos pacientes comprobó que se habían extraído una veintena de muestras, una cantidad “considerable” y para nada “puntual”, según consta en las denuncias. Esas muestras formaban parte del estudio clínico Nuevos biomarcadores pronósticos para la Enfermedad Arterial Periférica, sobre pacientes hospitalizados con pie diabético, elaborado por los profesionales de Medicina Interna a los que había consultado el médico responsable. Ese trabajo fue presentado el 25 de mayo en una reunión pública en el Virgen Macarena y, además, contaba con un dictamen desfavorable por parte del Comité de Ética de Investigación de los Hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío. Este informe negativo —y que es preceptivo para cualquier investigación en humanos―, además, se otorgó en junio, bastantes meses después de que comenzaran las analíticas supuestamente irregulares.

Este proceder no solo vulnera la Ley de Investigación Biomédica, que estipula que toda investigación en seres humanos debe contar con la autorización expresa del Comité de Ética, sino que implica una negligencia grave en relación con la salud y seguridad de los pacientes, puesto que las extracciones que se realizaron, sin ponerlo en conocimiento del médico responsable, podrían haber estado contraindicadas en función de su estado, según se argumenta en las denuncias presentadas ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el SAS.

La AEPD trasladó la reclamación al delegado de Protección de Datos del SAS el día 9 de noviembre de 2023, según adelantó este diario. El mismo SAS volvió a recibir la denuncia presentada el 6 de octubre de 2023, en enero de 2024 coincidiendo con el relevo en su gerencia, para garantizar que la misma no se perdía. Hasta ahora solo había abierta una investigación interna por parte del Virgen Macarena a raíz de la denuncia verbal que le hizo al gerente el médico denunciante. La semana pasada la Junta de Andalucía confirmaba que había pedido un informe jurídico sobre el caso.