Una huelga de hambre en el norte de Córdoba para reclamar diálogo y terminar con ocho meses sin beber agua del grifo

En las comarcas de Los Pedroches y El Guadiato, en la sierra norte de la provincia de Córdoba, no se acostumbran a que sus problemas —que son muchos en una zona eminentemente rural y que pierde población― se resuelvan con “soluciones provisionales permanentes” y no están dispuestos a que ocurra lo mismo con la respuesta a la prohibición de beber y cocinar con el agua que sale de sus grifos por no ser apta para el consumo, que se prolonga ya desde hace ocho meses y que ha obligado a sus 80.000 vecinos a abastecerse con garrafas y el agua de camiones cisterna. Por eso, la Plataforma Unidos por el Agua, una agrupación vecinal que se constituyó en agosto para exigir a las administraciones una propuesta que garantizara un agua de calidad, ha pasado a la ofensiva. Cuatro de sus miembros llevan en huelga de hambre desde el pasado viernes y reclaman a los Gobiernos central y de la Junta andaluza “que se sienten” y dialoguen para abordar de manera definitiva el problema.

“Queremos una solución, pero con una visión global, no para estar peor dentro de unos años. Queremos un compromiso definitivo por parte de las administraciones involucradas, que hagan como en Doñana, que hablen”, explica en conversación telefónica Francisco Casero, histórico activista andaluz por el medio ambiente, presidente de la Fundación Savia y uno de los principales impulsores de la Plataforma y de la huelga de hambre. Él, junto con el presidente de la organización, Miguel Aparicio;uno de sus responsables de campaña, Pedro Vera; y María Eugenia Molero, miembro de la plataforma, llevan desde las dos de la tarde del pasado viernes encerrados en el salón de plenos del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, uno de los 28 municipios afectados por la prohibición de beber agua de boca, para llamar la atención al Ejecutivo central y al andaluz sobre un problema que lleva enquistado desde hace ocho meses. Desde la Plataforma les han remitido sendas cartas al secretario de Estado de Medio Ambiente y al presidente de la Junta demandando “una actitud de colaboración entre las administraciones”.

El pantano de Sierra Boyera —que surte a las comarcas de Los Predroches y El Guadiato―, fue el primero en quedarse sin agua como consecuencia de la sequía el pasado mes de marzo. La Junta determinó que sus habitantes se abastecieran del vecino embalse de La Colada y estableció un sistema de bombeo del agua entre ambas balsas, cuyo coste asumió la Diputación. El 17 de abril, ese agua se declaró no apta por el consumo humano por sus altos niveles de carbono orgánico total (COT)

Precisamente, los miembros de la plataforma se pusieron en huelga de hambre el mismo día en que el presidente del Gobierno andaluz, el popular Juan Manuel Moreno, visitaba la Diputación de Córdoba para firmar un convenio “de auxilio” que garantiza el abastecimiento de agua en la zona norte. En virtud de este acuerdo, la administración regional dispondrá de 15 millones de euros para realizar mejoras en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera y para finalizar la conexión con el cercano embalse de Puente Nuevo. “El Ejecutivo autonómico sale al auxilio de Los Pedroches y el Alto Guadiato, cuando no es competencia de la Junta de Andalucía”, afirmó Moreno.

“A nosotros nos ha ofendido que el presidente de la Junta dijera que venía en auxilio de la zona norte, un padre no sale en auxilio de sus hijos, es su obligación. Lo triste es que ha venido casi nueve meses después”, se lamenta Aparicio, en su cuarto día sin comer. La Plataforma cuestiona el acuerdo porque consideran que, de nuevo, es una “solución provisional permanente”, para el problema del agua que afecta a los vecinos. Sus técnicos consideran que una mejora de la ETAP de Sierra Boyera no es la respuesta adecuada, porque el agua contaminada viene de La Colada y es allí donde debería instalarse una depuradora —la solución por la que se decantó Diputación de Córdoba antes de que el PP asumiera el mando tras las elecciones municipales de mayo, y que se desechó por muy costosa―.

Sobre la unión con el tercer embalse de Puente Nuevo, también muestran reparos porque con esta actuación lo que se pretende es rebajar los niveles de COT de La Colada con el agua limpia proveniente de este último. “Pero es que además para que fuera viable sería necesario que cayeran 300 litros por metro cuadrado en los próximos meses, según reconoció el presidente de la Diputación, algo que no va a pasar. Invertir en un proyecto que solo funciona si llueve, no tiene sentido”, argumenta Aparicio. Esta conexión se incluyó en el Plan Hidrológico del Guadalquivir en 1994, para abordar la sequía, y aunque se empezó a construir, quedó inconclusa. Su finalización se excluyó del último plan hidrográfico y el Gobierno central respondió hace unas semanas al PP que no estaba en su estrategia terminarlo, porque la prioridad desde 2021 es la construcción de la depuradora.

“Pedimos que esta partida de tenis entre un partido político y otro se termina, porque a nosotros nos pilla en medio”, señala Aparicio. “El problema es importante y no tiene fácil solución, pero que esto lleve durando ocho meses es un dato lo suficientemente grave para buscar una solución duradera y llegar a un consenso”, señala por su parte el alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, del PSOE. “Esto hay que encauzarlo, como hicimos con Doñana, pero para eso es importante que todas las administraciones se sienten y hablen y aborden el problema desde un punto de vista global y que se tenga en cuenta a muchos otros actores”, abunda Casero, que estuvo muy implicado a través de su fundación en las negociaciones entre ambos ejecutivos para llegar al acuerdo final sobre el Parque Nacional. “No puede ser que se hable de 1.400 millones para Doñana y no se hable de los 20 millones que costaría una depuradora de última generación”, añade, para reconocer que en estos días está manteniendo conversaciones con miembros del Gobierno central y el andaluz, de los que prefiere no avanzar nada más, por el momento.

Un SOS del mundo rural

La demanda de una solución definitiva al problema del agua en la sierra norte de Córdoba entraña una petición más acuciante: la llamada de socorro del mundo rural. “Nos hemos acostumbrado a que en los pueblos desaparezcan los cajeros, las farmacias, los colegios… A nadie le extraña que falten esas cosas, pero con la pandemia vimos cómo el mundo rural es imprescindible. Las administraciones no pueden categorizarnos en una cuarta o quinta categoría, condenándonos a la despoblación. El tema del agua es un ejemplo más de que la gente del campo no merece atención”, reflexiona Aparicio.

Además de las llamadas que recibe Casero, representantes políticos, del ámbito académico y empresarial, les han trasladado su apoyo —el propio relator de Naciones Unidas sobre el derecho al agua potable ha abierto una investigación al respecto―. También los vecinos, que les insisten en que vayan a sus casas a asearse. Mientras ellos pasan el día bebiendo agua —no del grifo, por supuesto― e infusiones. “Estar en un solo espacio es un poco claustrofóbico, pero la vida nos da oportunidades de luchar por lo que creemos y es lo que vamos a hacer”, señala Aparicio.

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