Pisar el acelerador para atraer inversiones a Andalucía

Consulta pública previa; presentación de la documentación del proyecto al Ayuntamiento; informe de carreteras; informe de vivienda; informe de comercio; formulación el estudio ambiental estratégico… Este es un resumen de los cronogramas que marcan las jornadas de trabajo de Rajesh Mahtani, Juan Antonio Torres, Miguel Ángel Cuevas y José Antonio Blázquez: hojas de Excel con una enumeración exhaustiva de todos los trámites administrativos que debe completar un proyecto de iniciativa privada, con las fechas de resolución perfectamente delimitadas en un calendario. Ellos son los denominados project managers de la Unidad Aceleradora de Proyectos que el Gobierno andaluz puso en marcha en 2019 para agilizar los trámites de aquellas iniciativas inversoras que las distintas consejerías consideran estratégicas o de interés para la comunidad. Un departamento que, como sostiene el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, de quien depende, se ha convertido “en la joya de la corona” de la Administración andaluza.

La tarea de estos funcionarios de alto nivel es hacer de enlace entre las empresas y la Junta y acompañarles a lo largo del proceso, agilizando en todo lo posible la maraña burocrática de la Administración. “No nos saltamos ningún trámite, no facilitamos atajos, los pasos son los que son y las garantías de cumplimiento normativo son las mismas, pero nos aseguramos de que no se frenan”, explica Torres, desde la sala en la que trabaja junto a sus compañeros, una estancia diáfana y minimalista ocupada por una mesa amplia y despejada que todos comparten. Al lado, otra habitación de paredes de cristal les recuerda los principios que rigen su trabajo: simplificación, buena administración, agilidad de procedimientos, claridad de servicios, racionalización, transparencia, eficacia, eficiencia y coordinación.

“Lo que buscamos es la agilización, la simplificación y el acompañamiento de las empresas a la hora de desarrollar su inversión y ofrecemos a las empresas seguridad, certidumbre y fiabilidad”, señala Sanz. Las consejerías son la puerta de entrada de los proyectos a la Unidad Aceleradora, a la que se puede acceder por dos vías: la 1 que requiere de un informe favorable de declaración de interés estratégico por parte de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos —un camino más largo, pero más ventajoso―; y la 2, que requiere de la aprobación en la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. “En todo caso, para acceder a la aceleradora todos los proyectos tienen que tener unos parámetros de inversión, creación de puestos de trabajo, viabilidad económico-financiera…”, explica Cristina Amador, directora general de Administración Periférica y Simplificación Administrativa, enumerando algunos de los requisitos que se incluyen en el Decreto-ley de 10 de diciembre de 2019 que regula el funcionamiento de la UAP.

La Unidad está gestionando 119 proyectos, englobados en 68 iniciativas, con una inversión de más de 8.000 millones de euros que generarán de 39.718 puestos de trabajo. La mayoría corresponden a proyectos de energías renovables, pero también destacan los industriales, de minería o los turísticos —que abarcan polémicas apuestas como megahoteles, urbanizaciones con campos de golf o centros comerciales de lujo―, y también incluyen proyectos de ciudades de la Justicia, o sanitarios, como centros de salud y hospitales.

Sanz hace hincapié en que en la UAP “no son garantes de que el proyecto salga adelante”. “Nosotros respondemos de que en los trámites que atañen a la Junta no haya trabas ni obstáculos, pero si choca contra una declaración medioambiental o de patrimonio, allí no podemos hacer nada”, indica el consejero. En la unidad no hay datos sobre cuántos proyectos de los que han accedido han concluido el proceso de acompañamiento que les compete.

La tarea de los project managers es el elemento clave del éxito de la unidad. El hecho de que todos hubieran trabajado para la empresa privada y a la vez fueran conocedores de los entresijos de la Administración Pública ha sido determinante para desarrollar su función de intermediación. “Favorecemos el diálogo entre las partes o servimos de interlocutores con los directores generales y tratamos de anticiparnos cuando detectamos que puede haber un problema con un procedimiento”, indica Torres. “Aquí solemos tener muchas reuniones con los promotores y ya el hecho de que empecemos presentándoles un cronograma les sorprende”, abunda Cuevas. “Y si surge algún motivo por el que un proyecto corra un riesgo, también se lo comunicamos y nuestros informes se toman en consideración en las consejerías”, añade Mahtani. Sus teléfonos están operativos las 24 horas del día, reconocen.

Laboratorio para la próxima simplificación administrativa

Además de la tarea de acompañamiento y supervisión durante todo el proyecto, Amador destaca también la coordinación entre el resto de consejerías y las delegaciones territoriales como otro de los puntos fuertes que contribuyen a agilizar los proyectos inversores. “En la unidad trabajan permanentemente cinco personas, pero al final somos unas 20 con el apoyo de los compañeros de las delegaciones y de otros funcionarios que se incorporan de manera puntual”, indica.

La UAP comparte de manera absoluta la filosofía de la simplificación administrativa que imbrica el Gobierno de Moreno desde que llegó a la Junta en 2019. De hecho, como avanza su consejero de la Presidencia, el trabajo desarrollado por sus funcionarios en estos meses servirá de base para el próximo decreto de reducción de trámites y duplicidades entre las administraciones andaluzas que el Ejecutivo del PP acometerá en los próximos meses. “Es importante generar confianza a los inversores, que sepan que sus proyectos no van a estar parados, esperando que se resuelva una solicitud de una ayuda…”, apunta Sanz.

Ese trabajo desarrollado por los project managers empezó gestándose de manera casi intuitiva. “El anuncio para presentarse al puesto era muy somero: ‘¿Te gusta la gestión de proyectos? ¿Crees que puedes ayudar a Andalucía a atraer inversiones?”, recuerda Torres. “Se pedía una memoria y se presentaron unos 100 currículos”, añade Amador. Una vez seleccionados recibieron una formación específica sobre gestión de proyectos a través de la Escuela de Organización Industrial y del Instituto Andaluz de Administración Pública. “De allí salieron unas pautas básicas, como la reunión de lanzamiento, la elaboración de cronogramas o la comunicación a todos los organismos afectados de la Junta, pero luego cada proyecto es distinto y desarrollamos mucho trabajo colaborativo que volcamos en la nube o en nuestras reuniones periódicas donde siempre hay un apartado de lecciones aprendidas”, señala Cuevas.

En este tiempo, entrar en la UAP se ha convertido en un sello de calidad para los inversores y hay otros Gobiernos autónomos que se han interesado por esta entidad que, al fin y al cabo, lo que hace es asegurar que la Administración cumpla con los tiempos. “Es algo que debería pasar en todos los ámbitos, pero, como no pasa, tenemos que elegir los proyectos prioritarios para que suceda”, reconoce el consejero.

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