Next Generation: El tren que Andalucía no puede dejar escapar

En plena pandemia, la Unión Europea dio un vuelco a su tradicional política económica y optó por un desembolso millonario a través de los fondos Next Generation para estimular y transformar las economías de los Estados Miembros y sus regiones a partir de las premisas de avanzar en la digitalización y la sostenibilidad. Andalucía es uno de los territorios que más millones tiene asignadas en esas partidas, una oportunidad única para que el cambio de modelo productivo de la comunidad para de ser un anhelo a una realidad.

Desde que se pusieron en marcha, en 2020, Andalucía ha recibido 5.681 millones de euros de los fondos Next Generation, de los que 3.235 millones son para el despliegue de inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en ámbitos de competencia autonómica —vivienda, movilidad sostenible, promoción de renovables, restauración de ecosistemas, renovación de edificios públicos, educación y formación profesional, inclusión y servicios sociales, entre otros― y 1.227 son ejecutados directamente por el Estado. 1.880.700 son partidas de los fondos REACT-EU o fondos covid, para resarcir los estragos de la pandemia, que se entregaron a lo largo de 2020.

“Estos fondos deben incidir en acelerar el cambio del tejido empresarial andaluz hacia otros pilares como la digitalización y la sostenibilidad, junto con el fomento de la energía renovable, que también son las prioridades de Europa. Vamos a disponer de una cantidad de fondos para inyectar en nuestra economía nunca hecha antes, por lo que este es un tren que no podemos dejar pasar en Andalucía”, sostiene Luis Fernández-Palacios, secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). “Los fondos Next Generation deben servir para invertir en las infraestructuras necesarias para impulsar las energías renovables y la producción de hidrógeno verde, que deben empezar a tirar de nuestro PIB, sin olvidarnos de otros sectores tractores de nuestra economía como el turismo y la agroindustria, que deben avanzar hacia la sostenibilidad y la digitalización”, abunda Francisco Tato, presidente del Colegio de Economistas de Andalucía.

Esa es la senda por la que están apostando en estos meses los ayuntamientos que buscan alternativas económicas a través de un turismo sostenible, alejados del tradicional de sol y playa; los agricultores que, con la ayuda de las universidades en muchos casos, ya aplican la inteligencia artificial y el análisis de datos para ganar eficiencia y eficacia en sus cultivos en un contexto de lucha contra el cambio climático, o los empresarios, que apuestan por la digitalización para sacar adelante sus negocios y adaptarlos a las nuevas demandas de la sociedad. El hub de start-ups de Málaga, la llegada de la agencia espacial a Sevilla, que se suma al Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica o la casi segura instalación en Granada del IFMIF Dones, evidencian que ese cambio ya está en marcha.

Pero esta coyuntura positiva puede quedar en nada si, como advierten Fernández-Palacios y Tato, esas ayudas europeas no se ejecutan ni llegan a sus destinatarios, máxime en un contexto empresarial como el andaluz, donde el 95% son pymes. “Es necesario agilizar y acelerar la puesta en marcha de esos fondos y flexibilizar los criterios de las convocatorias facilitando el acceso a las pequeñas y medianas empresas. Que nuestras pequeñas empresas sean más competitivas debe ser uno de los logros e esos fondos,”, indica el directivo de la CEA que también reclama una mayor coordinación entre el Estado, la Junta y los ayuntamientos para la identificar las necesidades de cara a plantear los programas de ayudas.

La falta de ejecución por parte de las administraciones competentes y la excesiva burocracia para acceder a los fondos son dos de las principales preocupaciones que los empresarios trasladaron la semana pasada a los representantes de la misión de la Eurocámara para analizar la ejecución de las partidas comunitarias. Que el Gobierno andaluz solo hubiera gastado el 5% del dinero de la UE a fecha del 31 de mayo de 2022, de acuerdo con un informe de la Cámara de Cuentas, o que la CEA haya reconocido que a las empresas andaluzas les ha llegado menos del 15% de esas ayudas ha evidenciado el problema que supone gestionar estos fondos, pese a la simplificación administrativa de la que hace gala el Gobierno andaluz.

Aún quedan tres años para completar su ejecución. Un margen que abre la puerta al optimismo. “Ya hemos pasado de una economía andaluza solo de sol y playa y servicios, estamos viendo el germen de otros sectores productivos y los fondos van a servir para cambiar el modelo productivo y para hacer más productivo el modelo que ya tenemos”, sostiene Tato.

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