El Gobierno retrasa hasta 2028 una polémica presa de Huelva

La polémica presa de Alcolea, en Huelva, seguirá interrumpida al menos seis años más. El Ministerio para la Transición Ecológica ha aplazado hasta 2028 la construcción del embalse sobre el río Odiel, debido a la elevada cantidad de metales pesados y sulfatos que vierten al cauce 200 minas y sus balsas de residuos tóxicos. La viabilidad de la presa, paralizada en 2017 al 21% de su construcción, ha sido desde entonces escrutada tanto como las aguas de llamativo color cobrizo del río, para verificar si son aptas para el regadío o el consumo humano.

A pesar de que todo apunta a que la extrema acidez desaconseja el uso, la conclusión de los científicos es que ninguno de los principales estudios realizados hasta ahora por el Seprona de la Guardia Civil, la Universidad de Huelva, los ecologistas y diferentes empresas es definitivo: es necesario un seguimiento intensivo de la cuenca, al menos durante un ciclo hidrológico (los próximos seis años) para examinar las aguas y los sedimentos, y así determinar “las cargas contaminantes” con “cálculos fiables”, según el informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al que ha tenido acceso este diario.

Tras siglos de yacimientos mineros, el Odiel y el Tinto en Huelva están entre los ríos que sufren mayor densidad de metales pesados del mundo, según coinciden varios estudios internacionales. El caudal del Odiel es ácido, ferruginoso y con bajo pH y biodiversidad, consecuencia de las escombreras, diques de estériles y cenizas de pirita, que vierten zinc, hierro, manganeso y cobre principalmente.

“Para poder predecir con mayor precisión y rigurosidad las condiciones futuras de la calidad del agua, se recomienda llevar a cabo un seguimiento intensivo en la cuenca con una resolución espacial y temporal adecuada, al menos durante un ciclo hidrológico (…) Se sugiere igualmente elaborar un modelo hidroquímico”, concluye el informe del CEDEX, fechado el pasado febrero. El ministerio formalizará en breve el encargo a los investigadores para aclarar antes de 2030 si la presa es viable o la inversión de 100 millones sería un malgasto de dinero, precisan fuentes del Departamento de Teresa Ribera.

A pesar de las lógicas cautelas, los científicos descartan una falsedad difundida en los últimos años sobre la presa: que al almacenarse el agua estancada, con el tiempo los metales pesados se irían al fondo y no permanecerían en suspensión, por lo que el agua perdería la acidez que posee río arriba. “Si se mantuviese un pH con valores bajos durante todo el año en las aguas que llegarían al embalse, se impediría la precipitación de los metales tóxicos, que permanecerían en solución con la excepción del hierro”.

Este descenso de los metales pesados al fondo no se produciría ni en los diques de cola previstos, ni en el vaso del embalse, aclaran los expertos. Desde que en 2015 Andalucía reactivó muchas de las minas antaño abandonadas, la calidad de las aguas ha sufrido “una acidificación progresiva y un aumento de la concentración de metales tóxicos disueltos”.

El informe, desarrollado a lo largo de año y medio y firmado por el jefe del área de Medio Ambiente Hídrico y por el director de estudios de Agua y Medio Ambiente del CEDEX, contiene 78 referencias de estudios previos, muchos de ellos con toma de muestras en los 121 kilómetros que recorre el cauce del Odiel. A pesar de que hasta ahora la balanza de investigaciones realizadas en los últimos 20 años se inclina por el veto al uso de agua en Alcolea, los científicos son cautos: “Se recomienda adoptar una postura precavida y plantear un estudio detallado con mayor resolución espacial y temporal en la cuenca para resolver las cuestiones más conflictivas o contradictorias”.

A pesar de que la Junta de Andalucía recibió el informe del CEDEX hace meses, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha insistido en la necesidad urgente de que el Gobierno invierta en la limpieza de todas las escombreras mineras abandonadas y activas, una obra que llevaría décadas y cifrada entre 600 y 800 millones de euros, dado el estado de abandono de muchos yacimientos. Crespo sabe desde principios de verano que los científicos recomiendan un estudio en profundidad para verificar que se puede usar el agua, pero hace 10 días insistió: “El Ejecutivo andaluz está dispuesto a asumir el pago del embalse de Alcolea”.

La presa de Alcolea ha sido un elemento clave de la batalla que la Junta andaluza (PP) lleva a cabo contra el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) por la política de aguas. De manera cíclica, los consejeros andaluces acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de falta de inversión y este responde que los datos desmienten sus acusaciones. En este cruce de reproches, la Junta se alinea con los agricultores regantes y es defensora a ultranza de la construcción de la presa onubense, por lo que hace dos años encargó un estudio al prestigioso instituto holandés Deltares. Sin embargo, al Ejecutivo autonómico le salió el tiro por la culata y después de afirmar que el embalse “mejoraría la calidad del caudal del río”, Deltares dio marcha atrás y reconoció numerosos errores en sus cálculos, al emitir una adenda al informe inicial de 30 páginas, realizado sin pisar el terreno y con solo ocho documentos facilitados por la Junta y en el plazo de un mes.

Hace dos años la Fundación Nueva Cultura del Agua elaboró para WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) un informe que concluía que la contaminación hacía inviable la presa, salvo que el agua se tratara con un coste de 28 millones al año o se restauraran las escombreras. El estudio llegaba a la misma conclusión que la Universidad de Huelva, que en 2007 descartó el uso “agrícola o urbano” de las aguas de Alcolea. “La restauración de las viejas minas llevaría un mínimo de 20 años. Está muy claro que el agua es malísima y sería un malgasto de dinero. De los 28 informes realizados, solo algunos están a favor de la Junta, como el de la empresa Ayesa, el resto son todos muy negativos”, razona Joan Corominas, vicepresidente de la fundación con sede en Zaragoza y uno de los cinco autores del informe.

Desde WWF, Rafael Seiz, técnico de su Programa de Aguas, resume: “Mientras no se aborden las escorrentías de las minas, el agua no mejorará. Lo primero que debe hacer la Junta, que tiene las competencias mineras, es un inventario de minas abandonadas y en activo, ya que no hay diagnóstico oficial. El agua es tan ácida que resulta corrosiva y no serviría ni para uso industrial”. Hoy día, las bacterias extremófilas matan mediante la oxidación las algas, plantas y otros organismos acuáticos del río.

Mientras que se ejecuta la intención de limpiar las escombreras, es evidente que la presencia de las minas hace difícil que el agua sea potable algún día. En 2017 se rompió un tapón de hormigón de una galería en la antigua mina de la Zarza, abandonada desde 1991, lo que provocó un vertido de 270.000 metros cúbicos de aguas ácidas repletas de contaminantes que recorrieron 50 kilómetros del Odiel.