Una consultora internacional admite múltiples errores en un informe que avala la construcción de un embalse en Huelva

El prestigioso instituto holandés Deltares reconoce en una adenda “excepcional” nueve fallos en un trabajo esgrimido por la Junta para exigir la presa de Alcolea al Gobierno

Trabajos para la presa de Alcolea sobre el río Odiel en Gibraleón (Huelva), con su llamativo tono anaranjado, y el embalse del Sancho al fondo.
Trabajos para la presa de Alcolea sobre el río Odiel en Gibraleón (Huelva), con su llamativo tono anaranjado, y el embalse del Sancho al fondo.Juan Carlos Toro

Las aguas color cobrizo del río Odiel en Huelva contienen metales pesados, sulfatos y uno de los mayores grados de acidez de Europa debido a los cercanos yacimientos mineros explotados durante siglos. Por eso es tan peliaguda la construcción de su único embalse, el de Alcolea, paralizado en 2017 a la espera de que los científicos verifiquen si esta contaminación impide el consumo humano y el regadío agrícola. La Junta de Andalucía —alineada con los regantes— exige al Gobierno que reactive las obras —está construido el 21%— y culmine la presa, basándose en un informe que encargó al prestigioso instituto holandés Deltares.

Sin embargo, tras certificar el pasado febrero que el embalse “mejoraría la calidad del caudal del río”, Deltares acaba de dar marcha atrás. La consultora multinacional ha reconocido numerosos errores en sus cálculos y ha reculado en sus conclusiones en una adenda al informe inicial, que hizo sin pisar el terreno, con solo ocho documentos suministrados por la Junta y en un mes. “Con un PH de 4,2 solo sería posible el descenso de los niveles de hierro, pero otros metales permanecerían y por tanto no contribuiría a mejorar la calidad del agua”, matiza ahora la institución.

A finales de 2020 la Fundación Nueva Cultura del Agua elaboró para la organización ecologista WWF un exhaustivo informe para demostrar con datos científicos a la Junta de Andalucía que la contaminación de metales pesados hacía inviable la presa, salvo que incluyera un caro tratamiento posterior del agua de 28 millones anuales o restaurara todas las escombreras de minas abandonadas, con un coste de más de 600 millones de euros. Pero en vez de asumir las conclusiones de los conservacionistas, la Junta (PP y Ciudadanos) respondió a la advertencia con el encargo del informe a Deltares para justificar su exigencia de continuar las obras, tal y como demandaban los regantes onubenses para expandir los cultivos de fresas en 25.000 hectáreas más de invernaderos.

“La presa de Alcolea ya puede seguir su trabajo. ¿Por qué? El Ministerio [de Transición Ecológica y Reto Demográfico] se ha escudado en la calidad del agua, y la Junta ha encomendado un proyecto significativo a una de las entidades más importantes de Europa respecto al agua”, anunció el 25 de marzo la consejera de Medio Ambiente andaluza, Carmen Crespo, tras recibir el informe favorable inicial desde Países Bajos.

La Junta remitió dicho documento al Gobierno para presionarle y, mientras, WWF y la Fundación Nueva Cultura del Agua cuestionaron los cálculos científicos realizados por el instituto neerlandés. Tras varias reuniones entre los expertos de ambos equipos, la multinacional, con 877 empleados y 120 millones de facturación neta anual, admitió sus graves errores ―que contravenían los estándares de calidad basados en la ciencia― en la adenda remitida a los conservacionistas “para clarificar y hacer ajustes” a sus comentarios críticos. De momento, la Junta no ha enviado al Gobierno este apéndice corrector, según fuentes del ministerio. El Ejecutivo autonómico ha rechazado pronunciarse sobre el laberinto probatorio en el que basa su defensa a ultranza del embalse.

En una respuesta por escrito remitida a este diario, Deltares defiende que no violó ninguno de sus principios éticos y que la afirmación de que “la calidad del agua mejoraría con la presa” no implica que la calidad sea “buena o excelente”. La compañía tilda su adenda de “excepcional” y asegura que está en conversaciones con la Junta para que publique en su página web dicho apéndice al informe inicial.


Río Tintillo, afluente del Odiel cercano a las minas de cobre de Riotinto. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
Río Tintillo, afluente del Odiel cercano a las minas de cobre de Riotinto. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

¿Este giro entierra de manera definitiva el proyecto? Casi. El ministerio está pendiente de recibir un informe técnico que elabora el Centro de Estudio de Experimentación y Obras Públicas (CEDEX, dependiente del Ministerio de Fomento) sobre el embalse de Alcolea con 62 metros de cota, pero, como precedente, Transición Ecológica ha eliminado este año 85 presas zombis de sus 25 cuencas hidrográficas. Sin embargo, la cuenca onubense del Tinto, Odiel y Piedras pertenece a la Junta, que ha advertido al Gobierno que, si no ve pertinente la obra, pondrá de sus arcas los 100 millones necesarios para la presa, a los que deberá sumar la red de abastecimiento. Con todo, será muy difícil para el Ejecutivo andaluz superar el varapalo de encargar un informe, que la respuesta sea contraria a sus intereses, y aun así persistir en el empeño.

“Deltares fue imprudente como organismo de prestigio. Nos dirigimos a ellos para decirles que habían roto sus principios éticos y de certidumbre científica, y que no habían revisado los más de 48 documentos científicos de universidades como la de Valencia o la Politécnica de Barcelona sobre el Tinto y el Odiel. Además, los propios técnicos de la Junta ya habían manifestado en 28 ocasiones las dudas importantes sobre el uso de las aguas en la presa, que eliminaron con un informe de 30 páginas de Deltares”, censura Joan Corominas, vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua y uno de los cinco autores del informe para WWF. Leandro del Moral, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla y también autor del documento, resalta la dificultad de contar una verdad incómoda: “Ante procesos de contaminación de aguas, siempre hay un sector que te critica por catastrofista”.

Entre los estudios científicos sobre el terreno, uno de la Universidad de Huelva alertó en 2007 que el agua del embalse de Alcolea “no podría ser utilizada” y que la Declaración de Impacto Ambiental para avalar el proyecto “partía de asunciones no contrastadas”. “La cantidad de metales tóxicos transportados por el río Odiel al cabo del año es enorme: 4.500 toneladas de aluminio, 2.800 de hierro, 2.600 de zinc, etc.”, concluían los expertos en su artículo publicado en la revista de la Sociedad Geológica de España Geogaceta.

Deltares admite hasta nueve fallos técnicos como este: “El PH [escala que mide la acidez del agua] del embalse fue estimado como la mezcla de diferentes aguas, teniendo en cuenta solo la acidez protónica, pero no que el Al (aluminio), el Fe (hierro) y otros elementos se hidrolizan con la precipitación y liberan nuevos protones al medio, lo que limita el alcance de nuestra estimación simplificada”. Y de procedimiento: “La información exacta de que hay minas en funcionamiento que contribuyen a la polución actual de los ríos no nos fue facilitada. La Junta requirió hacer los cálculos usando la información proporcionada por ellos para simplificar el análisis (…) Nuestro informe no analizaba si la mejora en la calidad del agua implicaba que fuera usada para agricultura u otros usos. Responder a esa pregunta requiere un estudio más detallado, tal y como subrayaron WWF y FNCA”.

Río arriba de la presa proyectada, la mina de cobre de Riotinto alberga tres colosales balsas con 182 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos. Muy cerca, el río Tintillo destaca por su color anaranjado y gran acidez.

Aguas del Río Tintillo, afluente del Odiel, cerca de las minas de cobre. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
Aguas del Río Tintillo, afluente del Odiel, cerca de las minas de cobre. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

En paralelo al uso para regadío, la intención de la Junta es que parte de esa agua embalsada en Alcolea —a pesar de su contaminación— fuera trasvasada a Doñana, cuyos acuíferos han sido esquilmados durante décadas por los agricultores freseros. “De no terminarse la presa de Alcolea, sería devastador para Doñana porque esta infraestructura serviría para aliviar la presión de los acuíferos. Enterrar este proyecto sería enterrar el futuro de los onubenses”, advirtió Crespo. La inacción de las administraciones ha permitido el saqueo del agua subterránea mediante pozos ilegales por parte de agricultores freseros en fincas cercanas a la reserva natural durante dos décadas.

Ahora está por ver que la Junta modifique sus conclusiones provisionales, expuestas tras recibir el primer informe de Deltares en el documento Esquema de Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica del Odiel: “La calidad del agua del futuro embalse de Alcolea será mejor que la actual del río Odiel y otros ríos como el Oraque, y las perspectivas son que será mejor que la de otros embalses de la región (…) Por tanto, se retocarán las alusiones a la calidad del agua”. Satisfecho con estas conclusiones previas a la adenda, Juan Antonio Millán, presidente de la asociación de comunidades de regantes de Huelva (Corehu), añade: “La presa se ha convertido en una bandera y se hará sí o sí. ¿Ahora de pronto todo está mal en Huelva?”.

Desde que en 2001 el embalse fue declarado de interés general del Estado, el debate en esta provincia andaluza ha silenciado los informes contrarios a su construcción, debido en parte al papel relevante que juega el sector agrícola en la economía onubense. Los invernaderos de bayas emplean a casi 100.000 personas, la mayoría inmigrantes, con una facturación de 12.333 millones en 2020, el 7% de la producción agraria andaluza. Sobre la controversia, Rafael Seiz, responsable del programa de agua de WWF, zanja: “Esas aguas sin tratamiento previo no se pueden utilizar, las sustancias tóxicas llegarían a las fresas, por no hablar de la corrosión de las tuberías. Y aun con toda la tecnología para tratar esa agua masivamente, el coste supera por mucho el beneficio. Esa agua no se usaría porque nadie pagaría por utilizarla [unos 0,39 euros el metro cúbico]. Carece de sentido gastar ese dinero público”.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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