La Fiscalía ve delito en el pago de una multa que la alcaldesa de Motril hizo con dinero del grupo municipal

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Granada considera un delito continuado de malversación de caudales públicos el pago de una multa de 4.000 euros más 600 que costó la publicación en medios de comunicación del fallo judicial con dinero del grupo municipal popular motrileño realizados por la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro. La alcaldesa respondía con esos pagos, realizados en 2019 y 2020, a la obligación de pagar una multa derivada de una condena judicial por injurias. El delito lo cometió en 2011 cuando, siendo directora gerente de la empresa provincial de gestión de suelo y vivienda, acusó al director anterior de haberse gastado el dinero de la empresa en viajes y comidas.

Según explica la fiscal en su escrito, el grupo municipal del PP en Motril (58.460 habitantes) ingresó esos 4.600 euros en la cuenta personal de la alcaldesa y, posteriormente, esta cumplió con sus obligaciones. Los hechos pasaron inadvertidos hasta que, en octubre del año pasado, se filtraron fotocopias de los resguardos de los ingresos que en el concepto indicaban que era una “indemnización”. En un primer momento, García Chamorro alegó que la obligación de pagar le “llegó de un día para otro, hubo un intento de embargo de mis cuentas y se decidió que eso era lo más ágil”.

La entonces concejala dijo que “dentro de los gastos que taxativamente dice la ley que no se pueden justificar en las asignaciones municipales están contratar a personal para la sede y hacer inversiones. Por lo demás, hay un apartado que sí permite gastos jurídicos y que no es la primera vez que se hace”. Días después, sin embargo, decidió reintegrar ese dinero en la cuenta del PP municipal a la espera que un informe de intervención que determinara la legalidad o no de esas transferencias. Ese informe fue emitido días después y la conclusión fue que los pagos “vulneran la normativa que regula el destino de la asignación a los grupos políticos”, al no ser un gasto destinado al funcionamiento del grupo”.

Los hechos fueron denunciados por todos los grupos municipales y la fiscalía procedió a investigar el caso. Ahora, la fiscal Marta Martín Santos, considera que esos pagos con dinero prestado constituyen un delito continuado de malversación de caudales públicos, penados con entre dos y seis años de cárcel. La novedad del escrito es que la fiscal considera cooperadora necesaria a Ángeles López Cano, concejal del PP y una de las firmas autorizadas para hacer las transferencias de la cuenta del partido. La fiscal considera que su intervención fue necesaria para completar los pagos y por eso la acusa del mismo delito. El escrito indica también que García Chamorro fue “autora material y beneficiaria” de las transferencias. Esto es, que ella fue una de las firmantes de las transferencias hacia su cuenta personal.

La conclusión de la fiscal es que las transferencias están realizadas para un gasto particular ajeno al funcionamiento del grupo político. La Fiscalía, no obstante, deja abierta la posibilidad de considerar favorablemente en el momento procesal oportuno el hecho de que la alcaldesa devolviera el dinero. El Partido Popular de Granada, en nombre de la alcaldesa, se ha limitado a respetar las decisiones de la fiscalía y de la justicia en general.