La presidenta del Parlamento andaluz propone multar con 60.000 euros a quien no conteste en una comisión de investigación

Por ahora solo figura en un borrador, pero la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, (Ciudadanos) ha propuesto multar hasta con 60.000 euros a las personas que incumplan la obligación de “declarar y contestar a las preguntas (…) de modo completo y adecuado” que se le formulen en una comisión de investigación. Así se recoge en el borrador de reforma del Reglamento de la Cámara que, como toda ley, requiere del apoyo mayoritario de los grupos.

Bosquet ha justificado esta sanción en que es necesario que los comparecientes “no desvirtúen” las investigaciones parlamentarias, al hilo que lo que está ocurriendo en la comisión sobre la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) en la que algunos comparecientes se han acogido a su derecho a no declarar. Según ha dicho hoy, pretende evitar que los comparecientes digan “buenos días” y se vayan.

El caso más significativo fue el del expresidente de la Junta, Manuel Chaves, quien fue citado al Parlamento la víspera de las elecciones de noviembre de 2019. Chaves consideró que se estaba instrumentalizando su presencia y que su citación respondía a un “acto de campaña electoral”. El expresidente andaluz dijo entonces: “Mis derechos se han visto afectados y me acojo al derecho a no declarar ni a contestar las preguntas”.

Otros ex altos cargos de la Junta hicieron lo mismo en una estrategia diseñada por el PSOE andaluz. Vox denunció estos hechos en el juzgado que atendió a la petición de la Fiscalía de sobreseimiento de las actuaciones. En un auto de julio de 2020, el juzgado de instrucción numero 12 de Sevilla dictaminó que “no existe norma alguna que imponga al compareciente el deber de declarar o castigue específicamente su incumplimiento”.

Las personas llamadas a una comisión de investigación están obligadas a comparecer, como tipifica el artículo 502 del Código Penal: “Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia”. Pero no está prevista sanción alguna por las respuestas que den.

La redacción del artículo propuesta por Bosquet está plagada de contradicciones. Dice así: “La persona requerida tendrá derecho a no declarar contra sí misma y a no confesarse responsable de ilícito penal o administrativo. Estará obligada a declarar y a contestar a las preguntas que se le formulen en relación con el objeto de la investigación de modo completo y adecuado, salvo que concurra causa legal que ampare su derecho a prestar silencio o no declarar contra sí mimo. El incumplimiento de esta obligación podrá ser sancionado con multa de hasta 60.000 euros, tras el correspondiente procedimiento contradictorio, que será resuelto por la Mesa del Parlamento de Andalucía, a instancia del presidente o algún miembro de la comisión”.

Bosquet ha dicho en una comparecencia ante los medios de comunicación que esta propuesta, inédita en España, según ella, cuenta con el aval de los servicios jurídicos del Parlamento. La presidenta no ha sabido explicar por qué la sanción es de hasta 60.000 euros.

Esta propuesta de reforma no cuenta por el momento con el visto bueno de los grupos, que conocieron el martes por la tarde su contenido. El portavoz del grupo popular, José Antonio Nieto, ha mostrado sus dudas acerca de que la sanción propuesta se pueda ejecutar: “No sé si eso se puede aplicar, si tiene sustento legal”, ha dicho. También se ha mostrado muy escéptica la secretaria general del grupo socialista, Soledad Pérez, quien ha apelado a respetar la Constitución.

El jurista Joaquín Urías asegura que la iniciativa de Bosquet es contraria a la Constitución. “Atenta contra el derecho a no declarar contra sí mismo, que está en el artículo 24 de la Constitución. Si te fuerzan a declarar en una comisión parlamentaria y te pueden sancionar por mentir, te están obligando a inculparte. Lo que digas podrá ser utilizado para una acusación penal o incluso para multas administrativas. Así que creo que es inconstitucional”, ha afirmado.

Bosquet pretende que la reforma salga aprobada antes del final de la legislatura y por lectura única, lo que requiere la unanimidad de todos los grupos.