Andalucía mantiene su veto al plan estratégico de la nueva PAC

Un cúmulo de hojas, piedra, barro y estiércol. Con los restos de la poda del olivo descargados por un camión en los aledaños del estadio de fútbol Benito Villamarín, agricultores y ganaderos llegados desde todas las provincias andaluzas han querido escenificar este jueves en Sevilla su rechazo absoluto al plan estratégico que el Gobierno de la nación ha diseñado para la nueva Política Agraria Común (PAC).

Más de un millar de coches, y en torno a una treintena de tractores y vehículos agrarios, han respaldado la caravana convocada por el sector agrario andaluz en pleno (Cooperativas Agro-alimentarias, ASAJA, COAG y UPA) para pedir al Ministerio de Agricultura que el plan estratégico reconozca la realidad y diversidad del campo andaluz. Según han advertido, la propuesta ministerial podría dejar pérdidas de 180 millones de euros anuales en la comunidad, un dinero que en parte se trasvasaría a otras regiones menos productivas. De igual forma, alertan de que unos 5.000 perceptores andaluces podrían quedar fuera del sistema de subvenciones si se endurecen las condiciones de acceso que plantean otras comunidades.

Andalucía es la principal región agroganadera del país y genera casi el 50% del empleo agrario y representa el 30% de los agricultores activos. Sin embargo, el sector entiende que el documento elaborado por el Ministerio que dirige Luis Planas no refleja el potencial productivo del campo andaluz. En concreto, el recorte a los más de 200.000 perceptores de ayudas en la comunidad podría venir por dos vías. De un lado, el establecimiento en el plan estratégico de 20 regiones productivas en todo el país (las organizaciones pedían al menos medio centenar y el Ministerio habló de ocho en su primer borrador), que provocará una distribución comarcal de los fondos sin que se garantice “el necesario equilibrio territorial y productivo”, indican.

El otro gran temor del sector en Andalucía son los llamados ecoesquemas, una nueva línea de ayudas directas (en sustitución del actual pago verde) que priorizarán prácticas agrícolas que contribuyan al medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático. Según las organizaciones andaluzas, la propuesta de ecoesquemas recogida en el Plan Estratégico Nacional “supone una clara pérdida de renta para el campo andaluz al desvincular las nuevas prácticas medioambientales de las regiones productivas en las que se van a implantar y, además, se impide aplicar más de un ecoesquema por explotación, lo que desincentiva a los agricultores dispuestos a ir más allá en materia de sostenibilidad”. Solo por este concepto estiman pérdidas de más de 50 millones de euros anuales en Andalucía.

En esta línea, la consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo, ha vuelto a insistir en que los ecoesquemas planteados por el Ministerio “pueden ser la excusa para imponer una tasa plana en la PAC, ya que sería igualar injustamente agriculturas sin respetar la diversidad productiva que existe en España”, lo que supondría “una merma en los fondos que reciben agricultores y ganaderos” de la región.

Los dirigentes de las organizaciones convocantes han incidido en que con la nueva PAC se pretende un cambio en el modelo productivo que busca un control de la alimentación con la entrada de fondos de inversión. “El proceso de transformación que se está produciendo en Andalucía es claro: olivar superintensivo, almendros, aguacates, terrenos de regadío que no pueden comprar los agricultores porque están tiesos y caen en manos de los fondos de inversión y nos están echando a la calle”, ha señalado Miguel López, secretario general de COAG en Andalucía. Y ha expresado su temor al impacto del nuevo modelo de regiones productivas: “Si la tendencia es más medio ambiente y abrimos la puerta a superficies que hoy no están en el sistema productivo y que por eso no tienen PAC, porque no han sido productivas en su vida, les estamos dando la opción a que las compren”.

“El ministro [Luis Planas] dijo ayer que era importante un consenso. Es raro que pueda haberlo cuando el 30% de los agricultores y de la producción que es Andalucía no está de acuerdo”, ha advertido Ricardo Serra, presidente de Asaja-Andalucía. “Dice que esta reforma es más medioambiental, sostenible y justa, pero no lo parece cuando todos estamos aquí protestando y porque lo sostenible es que se ocupen de los precios que pagan los agricultores frente a los que pagan los ciudadanos, y esta reforma ni siquiera lo menciona”.

Los manifestantes también han mostrado su preocupación por el alza de los precios de la energía y han sido muy claros. “Este es el inicio de un proceso de movilizaciones y no sabemos cómo ni cuándo va a terminar. Vamos a defender este modelo social mayoritario e imprescindible para nuestra economía”, ha advertido el líder de COAG-Andalucía.

Mientras tanto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que el próximo jueves, 21 de octubre, se reunirá en Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas para informarles del estado de los trabajos de redacción del Plan Estratégico Nacional de la PAC y presentarles el resultado de los grupos de trabajo sobre los ecoesquemas. Planas apeló al enfoque constructivo de todos para ser capaces de presentar el plan antes del 31 de diciembre a la Comisión Europea —confiando en que la Comisión lo apruebe en el primer trimestre― para que los agricultores y ganaderos puedan cobrar la nueva PAC el 1 de enero de 2023.