Regularización de migrantes: “Tener papeles nos salva la vida”
Los extranjeros sin papeles sueñan ya con trabajar legalmente, cobrar más y viajar para abrazar a sus hijos
“Esta ley nos salva la vida”. Seis palabras explican el sentir de cientos de miles de migrantes y refugiados que estos días se afanan en formalizar sus papeles para obtener un permiso de residencia y trabajo que les cambie esa vida de pesares y clandestinidad por una de libertad y derechos. Lo decía Othmane Nahi, un marroquí de 36 años que lleva 10 de campaña agrícola en campaña agrícola por media España sin haber podido nunca regularizar su situación, algo recurrente entre los temporeros. La salvadoreña Angélica María Victoriano también tiene un sueño: estudiar inglés; y Elena Pérez cuenta los días para regresar a Honduras y abrazar a sus tres hijas sin el riesgo de no poder volver a entrar en España. Trabajar y enviar dinero, llevar una vida digna y volver a casa de vez en cuando mantiene en vilo a todos los que hacen cola día y noche frente a las oficinas que tienen que expedirles el pase de la esperanza.
Una legión de abogados, decenas de organizaciones humanitarias, empleados de los servicios sociales, policiales y consulares tratan de dar salida a la documentación que se precisa para acceder a una ciudadanía ordenada en España. En contra de lo que se pensó al inicio, no está siendo tan problemática la obtención de los antecedentes penales, que “se atascan a veces más en los consulados españoles que en los gobiernos de los distintos países”, dice el abogado extranjerista Vicente Marín, como el certificado de vulnerabilidad, uno de los tres requisitos optativos que hay que adjuntar a los documentos requeridos. Este certificado es el culpable de las largas filas y la peregrinación de los extranjeros de oficina en oficina, ya sean municipales como de las ONG. Quien no tiene hijos a los que cuidar o la posibilidad de demostrar un futuro contrato de trabajo tiene que recurrir a la situación de vulnerabilidad. “Ninguno de esos tres requisitos debería haber existido, solo entorpece el proceso”, se queja Marín, fundador del portal parainmigrantes.info. Pero el texto del decreto tuvo varios redactados para contentar a unos y a otros y finalmente se incorporó el farragoso trámite de la vulnerabilidad, que solo ha llenado de gente las oficinas municipales y saturado el quehacer de las entidades sociales.
Que las personas en situación irregular en un país que no es el suyo son vulnerables lo dan por hecho las organizaciones que trabajan con ellos, porque son víctimas fáciles de la explotación, explican, nunca ganan lo justo y la carestía de la vivienda los obliga no pocas veces a vivir en condiciones de hacinamiento. Que se lo digan al paraguayo César Verdún, de 48 años. O mejor, que lo diga él: “Sin documentos, en el trabajo siempre hay hora de entrada, pero nunca de salida”. Cuando se quita el mono de la construcción muchas noches han dado las 10 y no llega al salario mínimo. Cuatro años después de ser invisible en España, solo piensa en poner en regla los papeles y conseguir un empleo estable que le permita mandar dinero a casa. “Quiero regularme para trabajar bien, no para irme al paro”, asegura.
Una década después de llegar a España, el marroquí Othmane Nahi vive todavía en un alojamiento que le presta Cáritas en Jaén, y eso que no ha hecho otra cosa que trabajar y trabajar en todo este tiempo. Por eso dice sin dudar: “Esta ley nos salva la vida, tener papeles nos salva la vida”. Colabora como voluntario para la organización religiosa, que le requiere para que cuente su experiencia en colegios y asociaciones: “Cuándo hablo con los más jóvenes y les pregunto qué serán de mayores nadie contesta que quiere ser agricultor”. Nahi les dice: “¿Entonces, quien va a recoger la aceituna?”. La respuesta se la da él mismo: “Los migrantes no estamos quitando el empleo a nadie, hacemos lo que los españoles no quieren hacer y lo justo es que si estamos legalizados tengamos los mismos derechos todos”.
Donde Nahi pone ahora el dedo es una llaga que sigue abierta desde que el Gobierno anunció la regularización extraordinaria para espanto de la derecha y la ultraderecha, que han respondido con dos acuerdos de Gobierno en Extremadura y Aragón de marcado cariz racista. Como la pólvora se ha extendido la consigna de la “prioridad nacional”, que Vox ha hecho tragar al PP como una píldora amarga que no acaba de escupir. La traducción es sencilla: los españoles están primero, en consonancia con el America first de Donald Trump y su política antiextranjeros.
“La gente está centrada en el proceso de regularización, no en qué pasará en España más adelante”, asegura Mónica López, directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), una de las organizaciones de mayor relevancia en el apoyo a migrantes y que estos días tiene las calderas a toda marcha. Estas entidades pueden también certificar la vulnerabilidad de los extranjeros y no dan abasto. Considera que los extranjeros viven ahora en el terreno de la esperanza y no se paran a pensar si mañana, o ya mismo en Extremadura o Aragón, los ultraderechistas despliegan sus consignas racistas o acuerdos con el PP de “prioridad nacional” para los españoles. “Eso solo indica la polarización que estamos viviendo, pero afortunadamente la regularización dará derechos a quienes llevan viviendo años aquí, se trata de justicia y de consenso social, porque esta regularización ha concitado el apoyo de la patronal, los sindicatos, las entidades sociales, la Iglesia… pocas veces ocurre algo así”.
Frank Daniel Padrón Rojas, de 37 años, visitó España como turista en 2022. Volvió en 2024 huyendo de la dictadura cubana con su pareja, Lisandra González, él camarógrafo y ella actriz. Vivían al inicio de las ayudas familiares hasta que lograron una cita para solicitar asilo y el permiso de trabajo llegó meses después, sin que la situación se haya resuelto definitivamente, razón por la cual ahora recurren a esta regularización. Él se colocó entonces en El Corte Inglés, en supermercados como Carrefour, y ella, de empleada de hostelería. Aunque Padrón dice que no ha encontrado rechazo en España, el horizonte político no le hace gracia: “Ahora mismo, ser inmigrante se ha convertido en un conflicto político, ideológico. Para nadie es un secreto que lo que está haciendo Vox es criminalizar la inmigración de manera complemente injusta y falsa”, afirma. “La mayoría venimos a trabajar, a salir adelante. ¿Qué me puede decir un español ahora mismo que esté en Estados Unidos con Trump?”, se pregunta.
El hombre, también documentalista y periodista, teme que los bulos extendidos por la ultraderecha acaben por quitar derechos. “Vi a Abascal [líder de Vox], por ejemplo, diciendo que había pasado por un consultorio y que lo había visto abarrotado de migrantes. Y eso no es cierto”, señala, en alusión a los datos y las estadísticas que ha leído y a su propia experiencia.
Cuando sale a colación el planteamiento de la prioridad nacional que la ultraderecha ha impuesto al PP en sus pactos autonómicos, el camarógrafo de Camagüey, que estudió cine en La Habana, se revuelve levemente, sin apenas variar su semblante sosegado: “Yo no creo en el nacionalismo. Creo que el nacionalismo le ha hecho daño tanto a la izquierda como a la derecha”.
Lejos del ruido político, asegura que “la regulación es un rayo de esperanza para muchos” viniendo, como viene él, de un lugar donde “no podía trabajar en libertad. Es una dictadura”. Ahora se habla de los continuos cortes de luz y de la gran carestía que padece la isla, y es verdad que “todo se ha agravado, pero los problemas venían de mucho tiempo antes”, apunta en el centro de Valencia, ciudad donde se ha instalado la pareja. De momento, ve muy complicado dedicarse a lo suyo, pero no renuncia a ello. Entre la incertidumbre y la esperanza.
“La prioridad nacional es algo patético”, se despacha la hondureña Lilia Lozano, de 62 años, que lleva viviendo cuatro años en Jaén con su hija Georgina, de 41. Ambas se desempeñan cuidando ancianos, una tarea que recae mayoritariamente en manos de migrantes, como saben los españoles de todas las ideologías; que es penosa y que está mal pagada. Así que Lilia contesta a Vox y al PP alto y claro: “La regularización no solo nos favorece a nosotros, también el bienestar económico de este país, no sé cómo pueden decir esas barbaridades”.
La polvareda política, sin embargo, no nubla la felicidad de madre e hija, que siguen reuniendo los papeles para su regularización. “Es algo que nos va a cambiar la vida a miles de personas porque nos da una oportunidad”, dice Lilia. Y muestra, orgullosa, los documentos que le abrirán el camino a la legalidad, incluido su informe favorable de antecedentes penales.
La regularización avanza en los plazos previstos, por ahora. Esta semana salieron a la luz las primeras solicitudes admitidas a trámite, otro motivo de celebración para quien recibió la noticia, porque eso posibilita ya un permiso de trabajo y residencia provisional y augura una resolución final favorable. Antes de que se cumplieran los primeros 10 días del proceso, el Gobierno ya había recibido 130.000 solicitudes y se habían asignado 55.000 citas para llevar los trámites de forma presencial. Abogados como el granadino Vicente Marín dicen que los plazos se están cumpliendo, pero él calcula que, finalmente, serán más de 500.000 los solicitantes, tal y como van los números.
El suave acento argentino de Mónica Gómez, de 50 años, contrasta con el decir burgalés, la provincia donde vive desde hace tres. Profesora informática, especializada en formar profesores de primaria y secundaria, sus planes de estudiar Administración y Finanzas se truncaron en España tras una enfermedad que derribó varias fichas del dominó seguidas. Ha chocado, dice, con errores de la Administración que le han dejado sin respuestas oficiales y ahora celebra el plan del gobierno que la aleja del “limbo” en el que vive. Mientras tanto se ha ganado la vida en una guardería, dando clases particulares a compañeros de sus hijos, cargando la compra de personas mayores y haciendo recados. Tiene los papeles en regla y “el limbo”, los días contados, informa Juan Navarro.
Los migrantes clandestinos son en realidad muy visibles. Los que estos días hacen largas filas frente a oficinas y consulados son los mismos que todos los españoles ven a diario sirviendo el café en el bar, la paella en la playa; los que construyen ladrillo a ladrillo esas viviendas que tantos necesitan; los que recogen las cerezas en verano, las uvas en otoño y las aceitunas con el sonido de los villancicos en el horizonte; esos de la fila roban horas a sus trabajos en negro para regularizarse y son los mismos que entran en miles de hogares a limpiar, cuidar niños y ancianos, que quieren a las familias cuanto ellas puedan tener de hospitalarias, que diría Machado.
En la limpieza y cuidando a una persona mayor trabaja la salvadoreña Angélica María Victoriano, que sueña con aprender inglés y cambiar el salario de 1.000 euros por los dos empleos y seis días laborales. La ilusión se le nota en los ojos. Si algún día pudiera ser profesora de inglés…
Los mismos 1.000 euros cobra Elena Pérez, de 42 años, en un país donde una habitación puede costar 700 euros en barrios de clase media de la capital. O más. Y los trabajos que estas mujeres soportan son bien penosos, encerradas en la casa con un anciano sin apenas salir o sufriendo las arremetidas inconscientes de quienes padecen ciertas enfermedades. “Cuidaba a un matrimonio, solo tenía un día libre, y no era completo porque el domingo tenía que volver a dormir en la casa”. Y llegó la regularización, las madrugadas y las colas: “Llevo ya varios días levantándome temprano y yendo, y nada”, cuenta, en busca del dichoso certificado de vulnerabilidad. Los papeles servirán a Elena para trabajar mejor y cobrar más, pero una idea le anima a no desfallecer: “Veré a mis hijas, llevo sin abrazarlas tres años”.
Con información de Ginés Donaire (Jaén), Stephanny Pinzón Triana (Madrid) y Ferrán Bono (Valencia).
