Alivio en el campo por la regularización extraordinaria de migrantes

“Es un triunfo que nos va a cambiar la vida porque nos da la oportunidad a miles de personas de salir de la oscuridad en la que estábamos”. Lidia Lozano, una hondureña de 62 años, llegó hace cuatro años a Jaén junto a su hija, Georgina, de 41 años. Desde entonces han tenido una travesía laboral marcada por la precariedad y la inseguridad jurídica, primero en el sector agrícola y ahora ya como cuidadoras de personas mayores. “Mis compatriotas que trabajan en el campo no pueden dar la cara porque están muy vigilados y se juegan el empleo”, avisa Lozano, una de las miles de personas migrantes que se va a beneficiar del proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno.

La agricultura no es el sector con más migrantes potencialmente beneficiados por esta regularización, pero sí el que va a sacar a flote mayor economía sumergida. Los sindicatos estiman que serán unos 200.000 los extranjeros que ahora trabajan en situación irregular y que se podrán acoger a la nueva regularización.

“El campo es, sin duda, el sector donde los trabajadores extranjeros están más silenciados y también explotados”, denuncia Antonio Hipólito, de Jaén Acoge, una provincia donde se estima que serán 3.000 los trabajadores acogidos a la regularización extraordinaria. Es el caso, por ejemplo, de Anwar El Hamdan, un marroquí de 29 años que llegó hace 10 meses a Mancha Real (Jaén) para recoger aceituna. “Mis compañeros y yo estamos muy contentos porque, por fin, vamos a trabajar en situación de legalidad”, subraya.

El Sistema Especial Agrario (SEA) contaba a finales de 2025 con 248.217 afiliados extranjeros de media, un 2,8% más que en el mismo mes de 2024, lo que coloca el porcentaje de este colectivo en el 36,91% del total de personas que conforma este régimen. Por nacionalidades, el mayor número de afiliados extranjeros en el SEA proceden de Marruecos (105.415 personas), Rumania (37.364) y Senegal (20.400); las regiones con más afiliados extranjeros son Andalucía (107.919 afiliados, 41.580 de ellos en Almería), Murcia (47.518) y Comunidad Valenciana (31.885).

El SEPE cifra la necesidad de mano de obra agraria en hasta 150.000 trabajadores de temporada al año. Sin embargo, a pesar de que la última EPA cifraba en 133.000 personas en el paro agrario (la población ocupada es de unas 750.000), el campo destruye cada vez más empleo, en parte por la mecanización del sector pero también porque muchos jornaleros no pueden trabajar por ser incompatible con el cobro del subsidio o la renta agraria.

“Valoramos la medida como una oportunidad para resolver el problema de mano de obra en el campo, donde incluso se han dejado campañas agrícolas sin recolectar por falta de trabajadores”, ha señalado Andrés Góngora, responsable de Relaciones Laborales de COAG, que reclama al Gobierno que agilice al máximo el proceso de regularización.

Desde la patronal agraria se valora el componente social de la medida: “Es un problema estructural, era urgente la regularización de trabajadores extranjeros que llevan tiempo con nosotros y que no pueden ser contratados”, señalaba recientemente María Morales, presidenta de Asaja en Sevilla, que también veía positivo que en esta regularización extraordinaria se haya reducido el arraigo en el país desde los dos años a los cinco meses. Pero esta organización lamenta ahora que este proceso no vaya a realizarse de manera sectorial, es decir, atendiendo a las necesidades de trabajadores de sectores estratégicos como el campo, la hostelería y la construcción.

En la provincia de Sevilla, Asaja y CC OO pusieron en marcha hace unos meses una campaña para promover la regularización de migrantes mediante la figura del arraigo sociolaboral, una fórmula para que pudieran obtener el permiso de trabajo y residencia, cubrir las necesidades laborales del sector y crear así una bolsa del empleo. También planteaba que se pudieran compatibilizar los subsidios con el trabajo del campo, una petición que la Administración no ha atendido.

En Andalucía, la comunidad con mayor peso en el sector primario, se estima que unas 60.000 personas extranjeras podrían beneficiarse del proceso de regularización extraordinaria de migrantes, según las estimaciones de la Fundación Ciudadanía Global, entidad impulsora de la Iniciativa Legislativa Popular que dio origen a esta medida. La comunidad andaluza alberga actualmente alrededor de 1,2 millones de personas nacidas en el extranjero, de las cuales aproximadamente 100.000 se encuentran en situación administrativa irregular.

“Las personas trabajadoras migrantes están contribuyendo de forma decisiva al crecimiento económico. Sin embargo, esta realidad no puede abordarse únicamente desde el control de fronteras o la burocracia administrativa, sino que requiere avanzar hacia un modelo que garantice la integración real, el acceso a empleo digno y la plena ciudadanía”, ha indicado Maribel Román, secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía.

También el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha congratulado por el impacto de esta medida en el sector primario: “Los migrantes son un factor de crecimiento económico para nuestro país y contribuyen a mejorar nuestro PIB y, evidentemente, tener derechos y obligaciones es un elemento fundamental para cualquier trabajador migrante”. Planas ha pedido alejar este tema de la batalla política al considerar que el procedimiento es “un cauce de convivencia y de integración”.

Son las organizaciones humanitarias las que se felicitan con mayor énfasis por este proceso de regularización extraordinaria. Antonio Hipólito, de Jaén Acoge, lo recibe como una “gran oportunidad para sacar a la luz a muchas personas que llevan muchos años entre nosotros”. Y advierte del impacto de la medida en la agricultura, donde, a su juicio, “existe una brecha estructural entre la llegada real de personas temporeras y la activación efectiva de los recursos de acogida disponibles que se traduce en situaciones recurrentes de precariedad habitacional, desinformación y riesgo de explotación”.