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Las víctimas de Adamuz, un mes después del accidente: “Sentimos rabia por el olvido de las administraciones”

Los afectados tratan de asimilar lo sucedido a través de atención psicológica y se organizan para lidiar con la burocracia y las acciones legales para hallar responsables

Amigos y familiares de las victimas del accidente de Adamuz, en minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento de Punta Umbría, en Huelva.Alejandro Ruesga

Puede ser a las nueve de la mañana, a las cinco de la tarde o bien entrada la noche, que con episodios de insomnio crónicos se ha convertido en el tramo más habitual. Pero el WhatsApp que comparten 130 supervivientes y familiares de víctimas del accidente ferroviario de Adamuz en el que fallecieron 46 personas y 152 resultaron heridas, no tiene horario. Cualquier momento es bueno para compartir una duda por un trámite burocrático, la impotencia de no saber qué falló el 18 de enero y, lo que es peor, por qué les ocurrió a ellos, o la angustia larvada desde esa tarde y que aflora incontenible sin avisar. “Estamos afectadísimos”, reconoce Mario Samper, uno de los supervivientes del Alvia que descarriló justo hace un mes y el impulsor de la plataforma de afectados que ha dado lugar a ese chat que les sirve de catarsis. “Compartimos experiencias, nos damos ánimos unos a otros, pero seguimos sintiendo una profunda tristeza”, relata.

Samper, vecino de Mazagón (Huelva), viajaba en el vagón 4 del Alvia que hacía el trayecto entre Madrid y Huelva cuando fue embestido por los trenes de cola del Iryo que iba en la vía contigua, camino de Atocha y proveniente de Málaga. Fue uno de los pasajeros que alertó a la Guardia Civil de que había heridos en su tren. Después de ayudar a otros pasajeros, fue trasladado al Hospital de Antequera para ser atendido de sus propias lesiones. Tras recibir el alta, constató que no solo él se encontraba desamparado y perdido a la hora de saber dónde acudir para tratar sus secuelas, cómo contactar con Renfe o Iryo… Por eso Samper decidió constituir una plataforma para aglutinar a los afectados por el descarrilamiento, canalizar sus dudas y quejas, hallar soluciones y, sobre todo, averiguar la verdad sobre lo ocurrido en las vías del tren.

“La plataforma nació con el espíritu de ayudarnos entre nosotros”, explica. En las conversaciones que mantienen subyace un patrón común: “La rabia que tenemos por el olvido desde las administraciones”. “Un mes después, nadie, ni por parte del Gobierno, ni del Ministerio de Transportes, ni de la Junta de Andalucía se ha puesto en contacto con nosotros”, subraya el superviviente. “Y de los alcaldes, en el caso de los municipios pequeños, sí, pero en Huelva tampoco”, abunda. Samper recibe con sorpresa la decisión del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno de celebrar este miércoles, coincidiendo con el aniversario de la tragedia, el Consejo de Gobierno en Adamuz. “Me parece oportunista”, sostiene.

Después de una primera semana “un tanto confusa” por parte de Renfe, Samper reconoce que la compañía ha mejorado la atención que presta a los afectados. “En un primer momento nos atendían distintos psicólogos y teníamos que contarles lo mismo una y otra vez, íbamos al centro de salud porque sentíamos dolores y nos daban cita como a cualquier otro paciente, con las listas de espera que hay, y dependía de en qué hospital habías sido ingresado, la atención era diferente...”, relata un superviviente del Alvia, que prefiere no dar su nombre.

Renfe ha constituido un gabinete de crisis para garantizar la atención sanitaria y psicológica a los afectados y familiares hasta segundo grado de consanguinidad, tanto para el caso de los heridos, como de los fallecidos, indican fuentes de la compañía. A través de su Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares y en el marco del Seguro Obligatorio de Viajeros —que incluye asistencia médica, psicológica, alojamiento, transporte y manutención, así como las indemnizaciones de esta póliza—, la compañía ofrece atención psicológica personalizada o asume el coste de un profesional privado. En total, la entidad está en contacto y ofreciendo asistencia a 151 personas, y se está en colaboración con la gestión de las indemnizaciones por fallecimiento de 37 personas, según las fuentes consultadas.

Los pacientes a los que asiste Marienna Santiago viajaban en el Iryo. Cuatro semanas después del accidente, la psicóloga, que trabaja en Psiconnea —plataforma especializada en la gestión de emergencias y catástrofes y que colabora con la filial italiana—, está pendiente de cómo están reaccionando al impacto y a los hechos acontecidos. La atención a los pasajeros que viajaban en ese convoy ha sido personalizada, y el acompañamiento no solo se la limitado a la asistencia psicológica, se han tramitado alojamientos y todo tipo de burocracia, incluida la expatriación de Yamina, la marroquí de 45 años que falleció camino de Madrid.

Santiago también ha tratado a viajeros extranjeros y está asistiendo a uno de los siete heridos del descarrilamiento que continúan hospitalizados en Andalucía. “Se puede dar el supuesto de que la persona esté con dolor, tenga que enfrentarse a procedimientos médicos y entonces, más que el que ella hable o tú hables, lo mejor es hacer técnicas de relajación, de respiración, de control de ansiedad, de control corporal…”, cuenta. Quienes siguen ingresados se enfrentan a una nueva realidad que es dual: “Digerir el impacto y el shock de todo lo que ha pasado, pero, por otro lado, el día a día, la supervivencia y el proceso de curación, la perspectiva de que he sobrevivido y, a partir de ahora, cómo va a cambiar mi vida”.

Acciones legales

“Lo peor está por venir”, advierte Antonio Álvarez. Su visión sobre el infierno por el que están atravesando los familiares de las víctimas de Adamuz no es baladí. Es el tío de Cristina Álvarez, la madre de la familia de Aljaraque que falleció junto a su marido, su hijo de 12 años y su sobrino de 22. “Después del shock inicial, se ha pasado a una cierta calma, pero ahora vendrá el momento en que se empezará a echar de menos en el día a día”, vaticina Álvarez. El municipio onubense, que se volcó con esta familia, que dejó una niña superviviente de seis años, trata de reponerse del golpe. “Tratamos de hacernos a la idea, pero es inevitable que se te venga a la mente todo este drama”, reconoce su alcalde, Adrián Cano. Además de la familia Zamorano Álvarez, el municipio perdió a otra vecina y en él residen supervivientes que viajaban en el tren. A todos se les brindó atención psicológica en un primer momento desde el Ayuntamiento, que ahora ha asumido, tal y como cuenta el regidor, la Junta de Andalucía a través de un servicio de apoyo psicológico telefónico específico para los afectados y allegados de víctimas de Adamuz.

“La ansiedad y el insomnio son las primeras causas de las consultas”, indica una portavoz de la Consejería andaluza de Sanidad sobre la atención que presta este servicio atendido por psicólogos voluntarios y psicólogos clínicos del Servicio Andaluz de Salud. Hasta principios de febrero, 74 personas habían llamado al servicio. “A todos los pacientes que lo han requerido se les han asignado citas presenciales con la Unidad de Salud Mental Comunitaria”, indica la misma fuente.

Cruz Roja colabora con este servicio, prestando atención puntual. Sus profesionales fueron los que primero atendieron a los familiares que el mismo día del accidente se desplazaron a las estaciones de tren y a Córdoba a preguntar por sus allegados a los que no podían localizar. “La incertidumbre de no saber dónde estaban los familiares dio lugar a la angustia de una espera demasiado larga para esperar la identificación de los cuerpos, el enterramiento y lo que queda es la aceptación”, resume el trance de los familiares Miguel Ángel Rodríguez, portavoz de Cruz Roja Huelva, que en las últimas semanas ha estado prestando apoyo a los profesionales que atendieron a las familias y afectados. “No están tan mal. Tienen problemas de sueño y pérdida de apetito”, indica.

La burocracia y el papeleo para tramitar indemnizaciones, la responsabilidad civil o las acciones penales dificultan la tarea de aprender a asimilar lo sucedido a las víctimas. “Va todo muy lento”, reconoce un abogado que está representando a dos familias, pero que, de momento, prefiere mantener el anonimato. El padre de Cristina Álvarez, cuenta su tío, también ha decidido contratar los servicios de un profesional del derecho para el tema legal. Hasta el momento, de acuerdo con la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia, el juzgado de Montoro (Córdoba) que investiga el accidente ha recibido 34 denuncias de víctimas. Muchos de los más de 130 miembros de la plataforma que lidera Samper están esperando a constituirse formalmente como asociación la semana que viene para presentar una demanda conjunta. “La responsabilidad civil sí la estamos tramitando cada uno por nuestra cuenta”, indica Samper.

Para ellos es esencial que se sepa la verdad y que se haga justicia. “Alguien debe asumir responsabilidades”, incide Samper. Esa es otra de las conversaciones recurrentes en el chat. “Nos damos ánimos unos a otros. Nos hemos convertido en una familia”, concluye.

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