El ultracatolicismo rompe con la Conferencia Episcopal: “Están más cerca del demonio”

Un nuevo capítulo de la traición continúa. El sacerdote Francisco J. Delgado compartía con esta frase un vídeo en la red social X donde aparecía este martes el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el arzobispo Luis Argüello, celebrando el anuncio de la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada en Consejo de Ministros. Una medida que, desde hace varios años, ha tenido el apoyo de casi un millar de asociaciones de un gran espectro ideológico, entre las que se encuentran decenas de entidades religiosas, y más de 700.000 firmas. Delgado, cura de la archidiócesis de Toledo, es un referente dentro del catolicismo ultraconservador, articulista y destacado influencer de contenido religioso. La postura de Delgado representa el discurso del sector más ultracatólico de la Iglesia que, en el último año, ha pasado de la crítica moderada al ataque directo al conjunto de la jerarquía eclesial por impulsar la regularización de inmigrantes, firmar un acuerdo con el Ejecutivo para reparar a las víctimas de pederastia clerical cuyo caso esté prescrito y gestionar deslealmente (en su opinión) la resignificación del Valle de Cuelgamuros.

Pese a que este sector eclesial, con gran peso en las redes sociales, lleva varios años desafiando a los obispos (especialmente desde el aperturismo orquestado por el papa Francisco), el endurecimiento de sus ataques parece haber llevado a una situación inédita y ahora buscan deslegitimar a los obispos y superiores de las órdenes religiosas. Sobre el tema migratorio, el padre Juan Manuel Góngora, de la diócesis de Almería y con casi 90.000 seguidores en X, acusó esta semana a la jerarquía eclesial (a los que tilda de “funcionarios eclesiásticos y corifeos”) de “ufanarse y participar de la operación gubernamental” y contribuir al “proceso de sustitución poblacional y censo electoral” y a “inestabilizar la sociedad con inseguridad y colapso de los servicios públicos”. Otros perfiles, como el popular Universitarios Católicos (más de 126.000 seguidores) llaman a la acción: “Habría que ir planteándose la eliminación de la casilla para la Iglesia Católica en el IRPF”.

A estas ofensas también se han sumado asociaciones de extrema derecha y partidos políticos que ondean la bandera del catolicismo como un pilar fundamental de su ideología. Carlos Hernández Quero, diputado y miembro de la dirección de Vox, retuiteó la nota de prensa de la CEE sobre el proceso de regularización con una acusación: “La oligarquía al completo odia al pueblo español”. Otros partidos nostálgicos de franquismo (y sin representación en las instituciones) han dado un paso más, como la Falange Española de las JONS, que sostiene que “la Conferencia Episcopal no es la Iglesia” y que “está más con el demonio que con los pobres”. En redes, la agrupación falangista ha colgado un vídeo con inteligencia artificial en el que aparece una imagen de Argüello metamorfoseando en un demonio sonriente entre llamas.

José Luis Restán, director editorial de Cadena Cope (cuya propietaria mayoritaria es la Conferencia Episcopal) y periodista experto en temas religiosos, contraatacó estas acusaciones este jueves en antena, reflexionando que esta estrategia no es nueva, que hace unas décadas era habitual que los sectores eclesiales progresistas utilizaban un discurso, “con una especie de dialéctica marxista”, en el que separaban “el pueblo de Dios” de “la jerarquía”. En este esquema, la “verdadera Iglesia” la conformaría el pueblo “que, según ellos, se identificaba con sus postulados” y la jerarquía sería “un poder abusivo que impedía vivir auténticamente el Evangelio”. Así lo analizaba en la Cope: “Separar y oponer al cuerpo de la cabeza es negar la propia naturaleza de la Iglesia. Es la misma operación que han intentado todos los regímenes totalitarios de izquierda o derecha para combatirla”.

Lo cierto es que el discurso de los obispos sobre el electorado español ha perdido mucho peso. Su histórica influencia sobre el Partido Popular (al que logró presionar hace casi dos años para que aceptara en el Congreso la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular sobre la regularización de más de medio millón de inmigrantes) se ha desinflado a lo largo del último año. El PP ha endurecido su discurso antiinmigración y la insistencia de Argüello para ablandarlo no ha funcionado. Por otro lado, los votantes católicos que apoyan a Vox se dispararon en verano (el partido sumó más de 300.000 en agosto, según algunas encuestas). Una tendencia que coincidió cuando la CEE salió públicamente en defensa de la comunidad musulmana de Jumilla (Murcia) y reprobara moción promovida por VOX y aprobada por el Gobierno municipal del PP para impedir que los musulmanes celebrasen en instalaciones municipales sus festividades religiosas.

Ese choque ocasionó la primera ruptura del partido ultra con la CEE. “Estoy perplejo y entristecido ante una parte de la jerarquía eclesiástica”, dijo entonces Santiago Abascal, líder de Vox, durante una entrevista en el canal Bipartidismo Stream, donde también acusó a los prelados de guardar silencio ante las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. La contestación de algunos arzobispos, como el de Tarragona, Joan Planellas, fue un ataque más duro: “Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano”.

Desde entonces, los reproches no han cesado. No solo ante la posición de los prelados ante la regularización, sino también ante otras cuestiones, como su cambio de rumbo en la gestión del escándalo de la pederastia. “[El Gobierno] la tiene amordazada”, declaró en esa misma entrevista Abascal sobre esta cuestión. Las acusaciones utilizando el escándalo de la pederastia, de hecho, volvieron a comienzos de enero, cuando la CEE y la Conferencia de Religiosos Españoles (Confer) firmaron un acuerdo con el ministro de Justicia y de Presidencia, Félix Bolaños, en el que se comprometían a pagar indemnizaciones a las víctimas cuyo caso no tuviera recorrido judicial a través de un procedimiento regulado por el Gobierno y dirigido por el Defensor del Pueblo.

Vox rescató este asunto esta semana para mezclarlo de nuevo con el tema migratorio. El diputado ultra Jorge Campos Asensi publicó en X que el apoyo de la CEE a la regularización y su “silencio ante el avance del islamismo” y “la mayoría de políticas anticristianas del Gobierno” era una “contrapartida pactada” con el ejecutivo por los casos de abusos. “Esto sí me repugna”, escribió.

Lo cierto es que la presidencia actual de la CEE ha sido la más crítica de las últimas décadas con un gobierno socialista. Tanto su presidente como secretario general, César García Magán, exigen desde hace meses un adelanto electoral, una petición insólita en la jerarquía eclesial. Por otro lado, los obispos han impulsado la regularización mucho antes de que el PSOE aceptase aprobarla.

No obstante, este discurso contra los obispos también ha encontrado el apoyo de unos pocos prelados, que proclaman mensajes similares a los del partido de extrema derecha. Un ejemplo es el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, que esta semana publicó en un tuit sobre la regularización: “No todos caben”. Del mismo modo, tildó unas semanas antes el acuerdo para la reparación de las víctimas de pederastia de “arma de distracción masiva” y acusó al Ejecutivo de “querer señalar” a unos victimarios concretos, algo que él considera una “fijación” para desviar la atención y crispar el ambiente.

A estos obispos díscolos, se le suman algunas entidades religiosas o asociaciones de extrema derecha que, desde hace un año, arremeten contra la CEE por otro asunto: la resignificación del Valle de los Caídos, actualmente renombrado como Valle de Cuelgamuros. El paso de las duras críticas a la campaña hostil lo dieron a comienzos del año pasado, tras el acuerdo entre el Vaticano y el Gobierno de desacralizar la basílica. Frente a las puertas de la sede de la Conferencia en Madrid, un gran grupo de manifestantes cargaban pancartas con frases como “obispos, traidores, sois profanadores”.

Algunas de las asociaciones presentes, como Hazte Oír o Comunión Tradicionalista Carlista, impulsan campañas y concentraciones en redes sociales para “la reconversión de España”, para “la defensa de la Cruz del Valle” y apoyar a los “pastores [obispos y sacerdotes afines a su discurso ultra] que están reprimiendo el ataque de los lobos”. El papel de la CEE y de la archidiócesis de Madrid, donde se encuentra el templo, se ha limitado a la mediación del conflicto. La decisión de la resignificación dependía de un acuerdo directo entre el Gobierno y el Vaticano, y la basílica está gestionada por la orden de los benedictinos, con autonomía propia y que no deben obediencia a las directrices de ningún obispo, tan solo de su abad o el Papa.

Pero las campañas de desinformación y acoso (la mayoría de las veces dirigidas contra el cardenal de Madrid, José Cobo) han sido el caldo de cultivo para que un sector del clero esgrima un discurso de odio contra la jerarquía eclesial española. En las redes, perfiles ultras han difundido imágenes del purpurado madrileño con la palabra “traidor”, la misma palabra que también han lanzado diversos medios (y pseudomedios) esta semana en artículos de opinión, acusando a Cobo de seguir un mandato del Gobierno. Lo cierto es que el plan original del Ejecutivo para el Valle de Cuelgamuros ha fracasado, ya que una de sus líneas rojas era la expulsión de la comunidad benedictina y la desacralización total del recinto. Y eso no ha sucedido, ya que una parte templo seguirá funcionando y los clérigos continuarán viviendo allí.