La marca juvenil de Vox recaudó “cientos de miles de euros” que no llegaron a los damnificados por la dana, según la denuncia

La Fiscalía provincial de Madrid, a la que ha correspondido el caso, tramita ya la denuncia interpuesta el pasado 1 de diciembre contra Revuelta, la organización juvenil vinculada a Vox, por presunto desvío de fondos recaudados para los damnificados por la dana. Los denunciantes son dos miembros dimisionarios de la dirección de Revuelta, el exvicepresidente Arturo Villarroya, y un exvocal, Javier Esteban. Los denunciados, los otros tres miembros de su Junta Directiva, aún en sus cargos: el presidente, Jaime Hernández Zúñiga; el secretario general, Pablo González Gasca; y el tesorero, Santiago Aneiros.

En el texto de la denuncia, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se asegura que Revuelta recaudó “cientos de miles de euros” en donaciones solidarias con motivo de la dana, pero sus donantes “han sido engañados, pues sus aportaciones no se destinaron a las víctimas de las riadas del 28 de octubre de 2024 en Valencia”, como se les prometió.

Además, Vox ha abierto expediente disciplinario al secretario general de Revuelta, quien habría grabado subrepticiamente las reuniones que mantuvo con dirigentes del partido, como Montserrat Lluis, secretaria general adjunta, y Jorge Buxadé, portavoz de la formación en el Parlamento europeo, durante los meses de octubre y noviembre, con el objetivo de proceder a una liquidación ordenada de la organización juvenil antes de que estallase el escándalo. Además de su cargo en Revuelta, González Gasca es responsable de marketing digital de Vox y trabaja en su sede central, por lo que se da por descontado que el expediente acabará con su despido. Desde que se destaparon las irregularidades en la organización juvenil está de baja médica.

Las grabaciones, publicadas en los últimos días por El Mundo y El Plural, ponen en evidencia la honda preocupación del líder de Vox, Santiago Abascal, ante la posibilidad de que el presunto desvío de fondos para la dana acabe salpicando al partido, a pesar de que este ha intentado en los últimos días desvincularse de la marca juvenil que le sirvió para promover el asedio que sufrió durante semanas la sede federal del PSOE en la madrileña calle Ferraz en noviembre de 2023. La crisis de Revuelta se ha convertido en un conflicto interno, con ribetes de guerra sucia, pues tanto los denunciantes como los denunciados son miembros de Vox y varios de ellos están a sueldo del partido o lo han estado.

Entre otras irregularidades, los denunciantes alegan que Revuelta tendría todavía en sus cuentas bancarias 105.000 euros que no se han dedicado a ayudar a las víctimas de la dana como prometió a pesar de que ha transcurrido más de un año desde la catástrofe. Tampoco habría cumplido con sus obligaciones fiscales, pese a que ha realizado actividades mercantiles como la venta de camisetas. Además, sospechan que el presidente de Revuelta utilizó en beneficio de su empresa privada, Picaporte, una furgoneta comprada para la asociación por valor de 35.000 euros y cargó a Revuelta una factura falsa de unos 5.000 euros para compensar supuestos pagos adelantados de su bolsillo. Por último, en octubre pasado, cuando ya había estallado la crisis interna, Jaime Hernández habría registrado a su nombre la denominación y el logo de Revuelta en el registro de marcas y patentes.

En realidad, Revuelta siempre se movió al margen de la legalidad, ya que nunca llegó a inscribirse como asociación. Sus responsables utilizaron como cobertura una asociación preexistente, ASOMA (Asociación Social de Mayores), para recaudar fondos, dejando la legalización de Revuelta en el aire. Además, desde la puesta en marcha de la organización, “no se ha realizado ni una sola convocatoria de asamblea general ni junta directiva ni se han aprobado cuentas anuales”. Tampoco se ha aprobado en su máximo órgano de dirección “la celebración de contratos de ningún tipo”, según la denuncia. A quienes se inscribían en Revuelta a través de su página web no se les reconocía la condición de afiliados, sino que se les consideraba donantes periódicos y sus cuotas se contabilizaban como donativos, por lo que se les privaba de los derechos que corresponden a los miembros de cualquier asociación, como recibir información sobre sus cuentas o participar en la elección de los órganos de dirección, agrega la denuncia.

Tras solicitar sin éxito al presidente de la asociación la entrega de toda la documentación económica, los dos denunciantes intentaron convencer al secretario general, González Gasca, de que se sumase a la convocatoria de una asamblea general en la que acordar la disolución de Asoma (ya que Revuelta legalmente no existía), “previa regularización de todas sus obligaciones contables, jurídicas, económicas y fiscales”. Se añadía el compromiso de entregar el dinero sobrante a entidades sin ánimo de lucro dedicadas al cuidado de personas mayores y radicadas en los municipios afectados por la dana, intentado así compatibilizar el objetivo legal de la asociación Asoma con la promesa de destinar el dinero a los damnificados por la riada.

La firma de González Gasca hubiera dado a los críticos la mayoría de votos en la junta directiva, pero este se negó a suscribir la disolución de la asociación, pese a las presiones de la cúpula de Vox para que se pusiera fin a su existencia lo antes posible y una comisión liquidadora eliminara “cualquier riesgo de responsabilidad” por sus irregularidades económicas. Ante esta situación, tanto el vicepresidente de la asociación, Arturo Villa —asesor de Buxadé en el Parlamento europeo—, como el vocal Javier Esteban presentaron la dimisión de sus cargos, al tiempo que volvían a reclamar la relación de ingresos y gastos, extractos de cuentas, contratos, declaraciones tributarias, cuentas anuales, gastos de viajes, listado de asociados, etcétera.

La versión del presidente de la asociación, Jaime Hernández Zúñiga ―conocido como El Pelos en círculos ultras― y de sus fieles es radicalmente diferente. Tras negar cualquier irregularidad económica, aseguran que el supuesto desvío de fondos es un pretexto de la dirección de Vox para tomar el control de Revuelta y ponerla bajo tutela de su brazo sindical, Solidaridad. La ruptura con el partido de una marca que se lanzó en 2023 para encauzar el activismo de los jóvenes afines a Vox se produjo, según esta versión, después de que Revuelta convocara una manifestación contra el expresidente valenciano Carlos Mazón, aliado de Abascal. A diferencia de otras organizaciones satélites de Vox, Revuelta contaba con una autonomía que incomodaba al partido, alegan.

Como prueba de que las irregularidades económicas son solo un pretexto, los partidarios de Hernández Zúñiga aseguran que este ha encargado una auditoría externa de la contabilidad de Revuelta –aunque no revelan a qué empresa auditora ha contratado ni cuál es el importe del contrato— y añaden que ofreció a Vox la entrega de sus cuentas con la única condición de que firmara un acuerdo de confidencialidad, lo que el partido rechazó. En un ambiente enrarecido por las amenazas de denuncias y despidos se produjeron las conversaciones con Montse Lluis, Buxadé y Manuel Mariscal, vicesecretario de Comunicación de Vox y cuñado del propio Hernández Zúñiga. El doble juego del ahora expedientado González Gasca lo ha dejado al descubierto la propia Revuelta, al asegurar que este continuó “simulando estar alineado con la dirección de Vox mientras recopilaba más información” sobre la supuesta operación de acoso y derribo de la organización juvenil.