La Ertzaintza se convierte en la primera policía en informar sobre la procedencia de sus detenidos

Cuando los periodistas llaman al servicio de Comunicación de la Ertzaintza para conocer los detalles de una detención, reciben información sobre el qué, cuándo, dónde y cómo. Pero, desde hace tres semanas, cuando se pregunta por el quién, ya se proporciona un dato que hasta ahora se ocultaba de manera deliberada. Además del género o la edad, también se detalla la procedencia del arrestado. En sus notas escritas para los medios informativos, suele venir recogida en el último párrafo.

La Policía vasca no menciona la nacionalidad concreta de los arrestados extranjeros, salvo que estos sean españoles —en estos casos sí lo indica explícitamente—. Lejos de informar sobre el país, las comunicaciones reflejan el origen por zonas geográficas. Es decir, se comunica que el detenido es de procedencia “magrebí, latinoamericana, europea, asiática o subsahariana”, entre otras.

Esto supone una ruptura del consenso que había hasta ahora y que el propio Departamento de Seguridad había impulsado hace más de una década en un proceso participativo con periodistas y medios de comunicación. De esta forma, la Ertzaintza se convierte en el primer cuerpo policial del Estado que comunica el origen de sus arrestados.

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria (PNV), admite un cambio de criterio y de “filosofía”. Asegura tener “la impresión de que, en la última temporada en Euskadi, ocultar el origen de los detenidos o investigados da lugar a una estigmatización de unas determinadas comunidades o bandas”. El responsable político defiende que “el peor favor que nos podemos hacer es no poner todos los datos encima de la mesa y dejarnos llevar por quienes de manera interesada quieren dar una mayor sensación de inseguridad y arrojan los datos que a ellos les interesan”.

El dirigente señala directamente al Partido Popular y a Vox. En declaraciones a la Cadena SER, ha asegurado que estas dos formaciones filtran datos de sus respuestas parlamentarias a determinados medios de comunicación “como a ellos les parece”. “Prefiero ser yo quien facilite estos datos”, argumenta el consejero. Zupiria, que hasta su llegada a la política ejercía como periodista, exige “abordar el tema de seguridad de frente, aportando todos los datos y con total transparencia. Debemos tomarnos en serio este tema”.

Preguntado por la razón de no difundir la nacionalidad y solo el ámbito geográfico, explica que “no es lo mismo decir marroquí que magrebí”: “En los últimos años, hay unas nacionalidades que destacan más que otras, y esto hay que tenerlo en cuenta”.

Críticas en la izquierda

Los grupos parlamentarios de izquierdas piden una rectificación. La representante de EH Bildu Eraitz Sáez de Egilaz califica de “muy graves” las declaraciones del consejero en los últimos días. Y critica su decisión: “De los 75 parlamentarios que nos sentamos aquí, ocho, y en especial una [en referencia al Partido Popular y a la única representante de Vox], le condicionan”.

“¿Puede una minoría determinar las políticas y la posición histórica de un Gobierno que cuenta con mayoría absoluta” del PNV y del PSE?, se pregunta. Y añade: “Aquí tenemos las condiciones para hacer política de otra manera. Las mayorías se basan en los derechos humanos, en el respeto mutuo y en la solidaridad”.

Por su parte, el parlamentario de Sumar Mugimendua traslada a EL PAÍS su preocupación. “Nos parece una irresponsabilidad que haya cedido a las presiones. Sabemos que este tipo de actuaciones fomentan el racismo, la discriminación y los estereotipos”, destaca Jon Hernández. “La Ertzaintza y el Gobierno vasco tienen que actuar con rigor, siguiendo un principio de no discriminación y esto, desde luego, no aporta valor informativo. Solo refuerza los discursos de odio”, protesta.

Rechazo de los colectivos sociales

Las denuncias también llegan desde organizaciones y asociaciones sociales que trabajan con migrantes. El presidente de la ONGD Mundubat, Eneko Gerrikabeitia, se pronuncia así: “No me parece bien ya que, desafortunadamente, se está jugando con el término de la seguridad”, sostiene. En su opinión, se está “entrando en el juego de la prejudicialización de estas personas y cayendo en estereotipos”. “Me parece que hay que juzgar los hechos y no las personas”, afirma y añade: “Creo que se vulnera uno de los derechos, el de la identidad, y casi el de la presunción de inocencia cuando ya se hace referencia al origen de las personas”.

En la misma línea explica su postura la presidenta de la asociación vizcaína San Nikolas Zabalik, dedicada a la integración del colectivo magrebí. Aintzane Monteverde añade que comunicar el origen o la nacionalidad supondrá “una estigmatización de los chicos” y “dar por hecho, en cierta forma, que son culpables”. Monteverde cree que esta no es una forma de “proteger la presunción de inocencia de estas personas”. “Por unos pocos, van a pagar las consecuencias el resto”, sentencia.

Aumento de las infracciones

Según el último informe de la Ertzaintza, con datos actualizados hasta septiembre, las infracciones penales han aumentado un 1,36% en Euskadi. Del total, 28.758 casos se han cerrado con personas detenidas o investigadas. La mayoría, 15.294 (el 53%), han sido cometidas por personas de nacionalidad española, mientras que los casos atribuidos a personas de origen extranjero han supuesto 13.448 (el 47%).

El Instituto Vasco de Estadística (Eustat) calculaba a comienzos de año que el 9,9% de la población de Euskadi tenía nacionalidad extranjera, es decir, 217.489 personas. Por su parte, el número de residentes nacidos en el extranjero (incluyendo quienes ya han obtenido la española) asciende a 298.422 personas, un 9,6% más que en 2023.

La última encuesta sobre preocupaciones de la ciudadanía vasca publicada por el Gobierno vasco concluye que la sensación de inseguridad ciudadana ocupa el cuarto puesto, después de la vivienda, el empleo o la sanidad. Es la principal inquietud para el 21% de la población, lo que la sitúa en el nivel más alto de los últimos años. El Departamento de Seguridad contará en 2026 con 850 millones de euros de presupuesto, un 6,4% más que este año.