El hermano de Sánchez y el líder del PSOE extremeño serán juzgados 50 días después de las elecciones autonómicas

La Audiencia Provincial de Badajoz ha fijado este viernes para el próximo 9 de febrero el inicio del juicio al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez; al líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y otras 10 personas más por las supuestas irregularidades en la contratación del primero en la Diputación pacense. Está previsto que la vista oral se prolongue hasta el 14 de ese mismo mes en sesiones que comenzarán a las 10 de la mañana y para las que el tribunal no descarta ampliar a la tarde si fuera necesario. La acusación popular, que encabeza el seudosindicato Manos Limpias, pide tres años de cárcel para David Sánchez y Gallardo por un delito de tráfico de influencias en concurso medial con otro de prevaricación y nombramiento ilegal, mientras la Fiscalía y las defensas reclaman la absolución.

El juicio se iniciará, por tanto, 50 días después de que se celebren, el 21 de diciembre, las elecciones anticipadas en Extremadura, en las que Gallardo será el cabeza de lista socialista y candidato a la presidencia de la Junta. Su elección como miembro del parlamento regional es, por tanto, segura, lo que en opinión de las fuentes jurídicas consultadas puede reabrir el debate sobre si, en su condición de aforado, debe ser juzgado por un tribunal distinto al resto de procesados.

Gallardo fue objeto de numerosas críticas, incluso desde dentro de su partido, cuando en mayo, pocos días antes de que la jueza decidiera mandarle a juicio junto al hermano de Sánchez, anunciase su decisión de abandonar su puesto de presidente de la Diputación de Badajoz e incorporarse como diputado a la Asamblea de Extremadura, lo que le otorgaba la condición de aforado que hasta entonces no tenía. La respuesta judicial fue un auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el que se rechazaba la posibilidad de que, como aforado, el líder socialista extremeño fuera juzgado por otro tribunal y en el que acusaba al político de intentar cometer un “fraude de ley o abuso del derecho” con su maniobra “apresurada y torticera”.

Por su parte, la defensa del hermano del presidente estudia recusar a los miembros del tribunal, lo que podría retrasar el inicio del juicio, según detallan fuentes jurídicas. Sánchez presentó el pasado lunes su escrito de defensa en el que cuestiona la legalidad de una de las diligencias de investigación: la intervención por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de miles de correos electrónicos que enviaron y recibieron los procesados mientras se gestó la creación y adjudicación del puesto de trabajo que terminó ocupando.

El familiar de Sánchez argumentaba en ese escrito que la autorización judicial que permitió el acceso a esos mensajes “lesiona derechos fundamentales de los investigados”. Esos correos electrónicos han sido, de hecho, pieza fundamental en la investigación que llevó a la jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa, a concluir en abril que existían “claros indicios de criminalidad” en la actuación de los 11 encausados. En su escrito, David Sánchez insistía en que los hechos de los que se le acusan no constituyen ningún delito y que, por tanto, debe ser absuelto.

Por otra parte, los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial que formarán el tribunal que juzgará al hermano del presidente han dictado este viernes un auto en la que acepta las pruebas propuestas para la vista oral tanto por la Fiscalía, como por las defensas y la acusación popular, salvo una. En concreto, una pericial planteada por una de las procesadas para analizar el “modus operandi” utilizado por las diferentes administraciones públicas en “el diseño y tramitación administrativa” para la creación y modificación de puestos de trabajos así como en el control del desempeño de sus funciones por parte del personal directivo. Para los magistrados, dicha prueba es “innecesaria” e “impertinente”, y añaden que el tribunal “no necesita que ningún perito aclare cuáles son las normas administrativas”.