Génova consensuó con los gobiernos del PP el plante a la petición de Sanidad sobre los cribados de cáncer

Después de la crisis por los cribados de cáncer de mama en Andalucía, el PP no quiere más problemas en un asunto delicadísimo y que ha empañado la gestión de uno de sus Gobiernos de mayor peso. Los populares llevan coordinándose desde que estalló el escándalo, revisando sus sistemas de detección del cáncer, y ahora las comunidades del PP han consensuado con Génova el plante a la petición del Ministerio de Sanidad de que le faciliten información sobre los cribados de cáncer de mama, cérvix y colorrectal en sus territorios, aunque con excepciones.

Con distintos argumentos y matices entre sí, la mayoría de los gobiernos autonómicos del PP se oponen a enviar a Sanidad la información que se les pide, ante la sospecha del Ministerio de que ocultan datos “malos”. La negativa del PP tiene una relevante excepción, Andalucía, la comunidad donde surgió todo, que se ha desmarcado y ha reclamado que se reúna el Consejo Interterritorial de Salud garantizando que actuará con total transparencia con el Gobierno. Otras como Extremadura también reclaman definir antes cómo enviar los datos, pero no se oponen a hacerlo llegado el caso.

Las cartas que la mayoría de consejeros de Sanidad del PP han remitido a la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, le comunican que no le enviarán los datos que les reclama, y le reprochan la iniciativa. “En ausencia de una obligación legal o acuerdo formal (...) esta consellería no considera procedente remitir la información solicitada en los términos planteados”, escribe, por ejemplo, la Comunidad Valenciana. “No vamos a colaborar en una iniciativa que, lejos de contribuir a la mejora y el fortalecimiento de los programas de cribado, parece responder únicamente a una estrategia de confrontación política y a una maniobra destinada a distraer la atención pública de las graves carencias en la gestión sanitaria del propio Ministerio”, abunda el consejero en su misiva a la ministra.

La consejera de La Rioja, María Martín de Baldeón, reprocha también a Mónica García su “oportunismo político”. “La preocupación por la salud de las mujeres, y en general de todos los ciudadanos, requiere de una actitud más seria y responsable que no obedezca a cuestiones de oportunismo político como lamentablemente estamos viendo en muchas de las acciones que se impulsan desde el Ministerio que diriges”, escribe la consejera a la ministra de Sanidad, a la que tutea en su carta.

La dirigente riojana se escuda para no remitir la información al argumento de que no está listo el sistema informático para hacerlo, una idea que repiten varias comunidades del PP. “Como bien conoces”, remacha, “no se ha terminado de desarrollar la plataforma informática que lo permite, así como no se ha finalizado la revisión del documento de consenso del sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer del Sistema Nacional de Salud”.

Pero otros gobiernos, como el de Madrid, son más explícitos en su plante, reconociendo que no remiten los datos a Sanidad no porque no esté lista una plataforma informática, sino sencillamente porque creen que García los usará en su contra. La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, admitió este martes que no facilitará la información sobre los cribados al ministerio porque no quiere que “se manipule de forma absolutamente torticera” esos datos. Matute llegó a recriminar a Mónica García que adopte desde el ministerio el papel de “candidata” al Gobierno regional para “atacar” la gestión de las comunidades autónomas.

Las autonomías del PP consensuaron su posición junto con Génova, pero el Gobierno andaluz, donde se originó el escándalo de los fallos en los cribados del cáncer de mama, se ha desmarcado del plante. El recién elegido consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, que accedió al cargo tras la dimisión de la anterior consejera por la crisis, ha propuesto, en cambio, que se reúna de forma extraordinaria el Consejo Interterritorial de Salud.

Andalucía quiere convocar al órgano de coordinación del Gobierno con las comunidades autónomas para analizar la situación de los programas de detección de cáncer en todos los territorios, más allá del suyo. “En ningún caso nos negamos a ofrecer información”, remacha además el consejero andaluz en su carta, en la que reafirma su compromiso de “colaborar estrechamente con el Ministerio de Sanidad”. El tono de Andalucía con el Ministerio es el más suave de todas las autonomías del PP.

Otras comunidades gobernadas por el PP, como Baleares, también modulan la respuesta al Gobierno y sostienen que no se niegan a entregar los datos a Sanidad, pero piden que se ponga a punto antes el sistema informático para hacerlo. Es el caso, también, de Extremadura. “Somos plenamente conscientes de la importancia de los programas de cribado y siempre actuaremos con rigor y dentro del marco competencial que nos corresponde”, apuntan en el Gobierno extremeño, donde piden a Sanidad una plataforma operativa para analizar los datos solicitados y una fecha prevista para ponerla en marcha. Otras, como Aragón, no han contestado todavía al Ministerio.

Génova, que niega directrices a las autonomías del PP, sostiene que cada una tiene “la potestad y la autonomía de incluir los cambios que considere en la carta”.

El Gobierno cree, por su parte, que las comunidades del PP se niegan a remitirle los datos de los cribados porque estos no son buenos. “Las comunidades que dicen que no nos van a dar los datos, claramente lo que nos están diciendo es que nos quieren ocultar datos que previsiblemente son malos”, sostuvo este martes la ministra de Sanidad en TVE. “Nosotros, como ministerio, no estamos fiscalizando nada. Estamos dando transparencia a un problema que surgió inicialmente en la Andalucía del señor Moreno Bonilla, que ha creado una alarma social y una desconfianza hacia todos los programas de cribado”, enfatizó García, que insistió en que han pedido los datos para “dar tranquilidad” a la ciudadanía. La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) pidió este martes “consenso y compromiso” a todos los responsables políticos en torno a los datos de los cribados de cáncer.

El del cribado del cáncer no es el único conflicto del Gobierno con las comunidades del PP en materia sanitaria. García mantiene otro abierto con la Comunidad de Madrid por su rechazo a crear el registro de objetores al aborto que reclama la ley. Como en este caso, la ministra de Sanidad ha advertido a las autonomías populares de que el Ejecutivo utilizará todas las “herramientas legales y administrativas” a su alcance para reclamarles los datos.