El Gobierno convierte el aborto en su gran causa contra la derecha

Cuando el Gobierno se pasó todo el verano pensando posibles asuntos con los que marcar la agenda política, distintas reformas, iniciativas, debates, el aborto no estaba entre ellos. Sin embargo, los movimientos del PP, especialmente el madrileño, que cada vez se acerca más a las posiciones de Vox en este asunto —el alcalde llegó a aprobar una moción de Vox sobre un supuesto síndrome posaborto que la ciencia no avala y la presidenta de la Comunidad llegó a decir “váyanse a abortar a otro lado”— han forzado un giro en el Ejecutivo que ahora ha aprovechado lo que considera un error de libro del PP de Alberto Núñez Feijóo para convertir el aborto en un asunto central de la agenda política, su gran bandera contra la derecha en este momento.

Desde que José Luis Martínez-Almeida tuvo esa idea fallida —lleva desde entonces intentando rectificarla, sin mucho éxito— de apoyar un texto antiabortista de Vox que podía haber dejado morir, el Gobierno ha multiplicado sus movimientos para lanzar un mensaje claro: la coalición progresista es la garantía de que en España no habrá involución y está dispuesta a dar esta batalla hasta el final para ganar no solo en el relato, sino también en el BOE, en las leyes, y la aplicación práctica del derecho al aborto, consagrado por una ley de 2010 —con Zapatero en La Moncloa— y refrendado por una sentencia del Tribunal Constitucional de 2023.

Por si hubiera dudas, el Consejo de Ministros dio un gran salto este martes al enviar al Consejo de Estado una reforma constitucional para cambiar el artículo 43 y garantizar así el derecho al aborto en la Constitución, una forma de blindarlo ante la posibilidad de que un Gobierno PP-Vox pudiera ponerlo en cuestión o una autonomía en manos de estos partidos pudiera resistirse a aplicar la ley, como está haciendo Isabel Díaz Ayuso con el registro de objetores de conciencia. Además, el Consejo de Ministros también ha lanzado un requerimiento a Madrid que inicia la batalla legal para forzar a Ayuso a hacer ese registro que ya tienen casi todas las autonomías, y las que no lo han hecho —Aragón, Asturias y Baleares— han anunciado que lo harán.

La jornada empezó en La Moncloa centrada en este asunto. Durante todo el lunes, hasta la una de la mañana, los equipos de Félix Bolaños, ministro de Justicia, y de Yolanda Díaz, líder de Sumar, apoyados por Ana Redondo, ministra de Igualdad, y Mónica García, de Sanidad, habían intercambiado distintos borradores del añadido al artículo 43 con el que pretenden garantizar el derecho al aborto en la Constitución. La negociación estaba muy avanzada, pero faltaba cerrarla. Sumar defendía su redacción, que presentó en febrero.

Entonces el PSOE la descartó por falta de consenso, pero las cosas han cambiado. Aunque sigue sin haber consenso —la reforma probablemente morirá en el Congreso porque el PP la rechazará y sus votos son imprescindibles—, ahora políticamente es muy relevante, tal como lo ve el Gobierno, poner a Feijóo ante el espejo: si apoya la ley del aborto, como ha dicho, debería también estar de acuerdo con incluir ese derecho en la Constitución. Pero el PP ya ha dicho que lo ve como una trampa y no lo respaldará.

El Ejecutivo cree que este asunto es perfecto para demostrar la derechización del PP, su entrega a Vox, y sobre todo la amenaza real que supone para asuntos fundamentales un posible gobierno PP-Vox en La Moncloa.

Con todo avanzado pero no resuelto, a primera hora, poco antes de la entrevista de Pedro Sánchez en la Cadena SER, que empezó a las nueve, se citaron en La Moncloa Bolaños, Díaz, Redondo y García. Y ahí, en la sala contigua a la del Consejo de Ministros, se cerró el texto. Sumar tenía mucho interés en que no pusiera que se desarrollará por ley este derecho, como se suele decir en otros artículos, porque entendía que eso abría la puerta a que PP y Vox cambien la ley en el futuro y haya una involución. Y el sector socialista no aceptaba tampoco una redacción de Sumar poco jurídica, en su forma de verlo, demasiado abstracta. Se perfiló el texto final y se cerró, ya con Sánchez en la entrevista y muy poco antes de empezar el consejo, una redacción que podían asumir los dos: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.

En el trasfondo de esta discusión interna del Gobierno, que luego se extendió también a otros grupos de la mayoría, que tienen sus objeciones al texto, está una explicación política, además de jurídica. El aborto agrupa a toda la izquierda, todos los grupos progresistas defienden este derecho e incluso algunos que no lo son abiertamente, como PNV y Junts, apoyan la ley. Pero es un asunto clave en el que todos quieren mostrar su posición. Por eso hubo discusión hasta el final.

Por el contrario, mientras en la izquierda solo genera disputas por capitalizar la reforma, pero con un acuerdo de fondo, en la derecha esta cuestión genera muchos conflictos irresolubles desde hace más de 40 años, cuando el PSOE promovió la primera ley del aborto, en 1983, y el PP, entonces AP, la recurrió al Tribunal Constitucional. El recurso lo redactó José María Ruiz-Gallardón, abogado clave de AP. 31 años después, en 2014, su hijo Alberto, ministro de Justicia, dimitió cuando Mariano Rajoy le frenó la ley del aborto más restrictiva de la democracia, que quedó en un cajón.

El PP no termina de aclararse con el aborto. En 2010, como en 1983, volvió a recurrir la ley al Constitucional, con un texto durísimo elaborado por Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo contra la norma de Zapatero. Y volvió a perder. Desde entonces Feijóo ha intentado sepultar este asunto, y ni siquiera se trató en el último congreso del PP, algo atípico porque siempre salía y provocaba profundas divisiones. Pero Almeida y Ayuso, que están en clara competencia con Vox y tienen mucho interés en el voto cristiano, con mucha fuerza en Madrid no solo por la influencia del Opus Dei sino también por el voto evangélico, que es clave entre muchos inmigrantes latinoamericanos nacionalizados, han devuelto el asunto al primer plano y ahora Feijóo no acaba de ver cómo enterrarlo de nuevo.

El Gobierno está muy cómodo en el enfrentamiento con Ayuso, y la presidenta de Madrid también lo parece. Sánchez se lanzó contra ella ofreciendo datos claros: mientras en Roma, la ciudad del Papa, el 90% de los abortos son en centros públicos, en París el 60% y en Lisboa el 50%, en Madrid menos del 1% se hacen ahí, el otro 99,5% van a clínicas privadas, incluso aunque a veces se sufrague con dinero público. “Esto es solo por cuestiones de dogmatismo y de sectarismo, por eso dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid: ¡Váyanse a otro lugar a abortar! Cuando ese es el derecho también de las mujeres que viven en Madrid”, dijo Sánchez en la Cadena SER. Ayuso le contestó diciéndole que se ha hecho “el machito” al decirle lo que tiene que hacer una mujer que, según explicó, sabe lo que es un aborto porque ha tenido dos —pero naturales, no voluntarios—. La discusión la cerró la ministra de Sanidad, Mónica García, que tuvo muchos choques con Ayuso en la Asamblea de Madrid. “Machito es decirle a las mujeres que vayan a abortar a otra parte, eso sí es machito”. El aborto es así ya un elemento central del Gobierno para mostrar los riesgos de una llegada de la derecha al poder, y todo indica que aún quedan muchos episodios de esta batalla, que ahora llevará mucho combate jurídico en tribunales y también dialéctico en el Congreso, donde llegará la reforma constitucional cuando pase por el Consejo de Estado.