Almeida rectifica y reconoce ahora que el síndrome posaborto no existe: “No es una categoría científica reconocida”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este jueves que el supuesto síndrome posaborto “no es una categoría científica reconocida” y que, en todo caso, la información que se facilitará a las mujeres que estudien abortar no será obligatoria, sino voluntaria, ni tampoco la “va a determinar Vox” sino “los profesionales del Ayuntamiento de Madrid”. La rectificación en fondo y forma del regidor ha llegado durante un acto en el Colegio de Médicos, hasta donde le ha perseguido la polémica porque el PP aprobara en el pleno del martes una propuesta de la extrema derecha que obligaba a los empleados municipales a explicar a las embarazadas supuestas consecuencias del aborto como “consumo de alcohol y drogas (...) pensamientos suicidas (...) aumento de cánceres en el aparato reproductor femenino”. Un proyecto de difícil encaje legal, pues esa información no puede ser obligatoria en aplicación de la normativa estatal, como ha venido a reconocer este jueves el regidor, y que cuenta con el rechazo de los empleados responsables de ponerlo en práctica.

“Apoyar que se dé información a las mujeres no es apoyar el argumentario que utiliza Vox para proporcionar esa información”, ha dicho Martínez-Almeida durante un acto en el que ha recogido el galardón que reconoce a la capital como la ciudad más longeva de Europa. “Nadie duda de que las mujeres tienen la madurez suficiente para recibir la información que ellas estimen adecuado, no se va a obligar a ninguna mujer a recibir información”, ha seguido, pese a que el PP y Vox aprobaron precisamente eso, la obligatoriedad de informar sobre el supuesto síndrome, pese a que la ley estatal de salud sexual y reproductiva especifica que cualquier información debe ser voluntaria y requerida por la mujer.

Sobre el supuesto síndrome posaborto, el alcalde ha admitido: “No es una categoría científica reconocida. Coincidimos con Vox simplemente en que hay que proporcionar información. Circunstancia distinta es cómo lo argumenta Vox y cómo lo argumenta el PP”.

Y ha rematado: “Tenemos un extraordinario equipo de profesionales en el Ayuntamiento de Madrid que no le van a dar ningún tipo de información falsa a la mujer, no se puede dudar de los profesionales que tenemos en el Ayuntamiento”.

Esas frases suponen un giro de 180 grados en la estrategia comunicativa del partido conservador. El miércoles, tras aprobarse la propuesta de Vox en el pleno, el PP cierra filas. Nadie se salta el guion. De la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, al alcalde José Luis Martínez-Almeida, pasando por las fuentes consultadas por este diario, todas repiten, palabra por palabra, la misma frase: “Proporcionar información para tomar decisiones nos parece correcto. El que no quiere dar información será el que lo tenga que explicar”.

Un día después, este jueves, Martínez-Almeida rectifica, dejando en fuera de juego a todos los que le han apoyado públicamente, y haciendo patente el error de haber puesto su mayoría absoluta al servicio de la propuesta de Vox.

Porque aunque el alcalde intente defender que lo aprobado por el PP fue informar (genéricamente) a las embarazadas, este es el texto de la moción aprobada: “Que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, a través de las diferentes áreas implicadas, proporcione información, de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible, sobre el Síndrome Post Aborto, en los centros de atención al público de Madrid Salud, Espacios de Igualdad/CIAM, Samur Social y trabajadores sociales del Ayuntamiento de Madrid, y que esté incluida en las webs oficiales de estos organismos, en cartelería y folletería en los ámbitos mencionados”.

El PP tuvo muchas dudas de aprobar ese texto. Por eso, el partido de Martínez-Almeida presentó una enmienda para intentar diluir la iniciativa de la extrema derecha. Quería cambiar el texto de una manera tan sutil como profunda. Desaparecería la obligación de dar la información. Y se añadiría una salvedad que podría dejar todo el proyecto en nada: el plan debería ser “previamente estudiado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid”.

Información voluntaria por ley

La frase refleja las dudas del propio PP sobre el encaje legal de la propuesta finalmente aprobada, que se mantuvieron al día siguiente, miércoles, cuando la vicealcaldesa, Inma Sanz, reafirmó que todo se haría “respetando el marco legal”.

Esa apreciación, que por obvia resulta sorprendente, no es menor. La ley estatal de salud sexual y reproductiva de marzo de 2023 refleja que las embarazadas que quieran abortar solo podrán recibir información en el caso de que así lo pidan. Así, el artículo 17 (“Información vinculada a la interrupción voluntaria del embarazo”) explicita que “en los casos en los que las mujeres así lo requieran, y nunca como requisito para acceder a la prestación del servicio, podrán recibir información” sobre anticoncepción, centros de asesoramiento u ayudas públicas.

De ahí que el PP quisiera eliminar la obligatoriedad de dar la información de la propuesta de Vox, y también introducir el criterio de los servicios jurídicos municipales, pese a que luego, sorprendentemente, apoyara el texto original. Un voto favorable del que ahora los conservadores se desmarcan entre las críticas de la oposición.

“Si el alcalde realmente cree lo que ha manifestado debe demostrarlo con hechos: le exigimos que retire la iniciativa, en lugar de ampararla con la excusa de que la información la elaborarán los profesionales municipales”, ha reclamado este jueves Reyes Maroto, la líder del PSOE en el Ayuntamiento.

En paralelo, Más Madrid ha elaborado una proposición de ley que prohíba en la Comunidad de Madrid a instituciones públicas difundir información sanitaria que no se apoye en evidencia científica, como es el caso del supuesto síndrome posaborto.