El Gobierno estudia cómo hacer frente ante la justicia al desafío de Ayuso a la ley del aborto

El Gobierno vivió la jornada del jueves como un auténtico regalo político. Isabel Díaz Ayuso eligió chocar de nuevo con Pedro Sánchez pero con dos elementos muy cómodos de combatir para el Ejecutivo. Primero, un debate muy incómodo para el PP, que divide históricamente a su electorado: el aborto, tanto que generó una discrepancia pública entre ella y el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. Y segundo, un incumplimiento flagrante de una ley, la del aborto, que además está acordado en un Consejo Interterritorial de Salud y, por tanto, asumido por la Comunidad de Madrid, esto es, el registro de los objetores de conciencia para poder organizar la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos.

Un caramelo para un Ejecutivo que ha optado después del verano, tras unos meses de junio y julio durísimos, volver a la política, al contenido, a los debates sociales, y especialmente al choque ideológico de dos modelos de país para intentar dar sentido a la legislatura y reactivar a la izquierda, muy desmovilizada según las encuestas. “El del aborto es un debate que el PP tiene perdido de entrada. Divide a su electorado, les genera contradicciones constantes —incluso la propia Ayuso se contradice— y además sirve para recordar a la ciudadanía hasta qué punto el PP y Vox representan un retroceso social”, señala un miembro del Ejecutivo.

Siempre ha habido mucho debate dentro del Gobierno sobre la idea de chocar con Ayuso. Ella lo busca permanentemente, el eje de su política es el antisanchismo, y está mucho más cómoda en el combate contra el presidente que en la gestión, de la que apenas habla. Primero se probó el conflicto, luego el acercamiento —aún se recuerda en La Moncloa como un gran fiasco la comparecencia conjunta llena de banderas en la Puerta del Sol que organizaron Iván Redondo y Miguel Ángel Rodríguez— y más tarde la indiferencia.

Pero ahora el Ejecutivo hila más fino. No va al choque con Ayuso por su histrionismo, por sus insultos —el famoso “me gusta la fruta” como sinónimo de “Sánchez, hijo de puta”— o por sus gestos teatrales como abandonar la Conferencia de Presidentes porque se habla en catalán o euskera. Ese es su terreno, en el que es especialista Miguel Ángel Rodríguez, y ahí el Ejecutivo apenas entra.

Pero sí se han elegido varios conflictos importantes de contenido que tienen detrás políticas muy relevantes y en los que ella se declara insumisa y el Gobierno le plantea una batalla a fondo. “No podemos ignorar el ataque a los pilares de nuestra política: sanidad pública, universidad pública, vivienda, y su empeño por representar a los más ricos, al 1%”, señala otro miembro del Gobierno.

El último conflicto y de momento más interesante para el propio Gobierno, hasta el punto de que ha entrado al choque directo con Ayuso para minusvalorar a Alberto Núñez Feijóo —bromeó con un “Isabel, Alberto tiene una carta para ti” después de que el líder del PP le mandara una carta distanciándose de ella— es el del aborto. Ayuso se declara de nuevo insumisa, y el Gobierno ya está preparando su respuesta jurídica y aventura un conflicto largo. Aún no está decidida la fórmula, y este viernes se estudiarán técnicamente varias de ellas, pero de momento en el Gobierno se debaten entre dos posibilidades, que tienes sus plazos diferentes y sus posibilidades de éxito distintas.

Por un lado, existe la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo ante la inacción de la Comunidad de Madrid. Los expertos del Ejecutivo recuerdan que el registro surge de una decisión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y que, por tanto, es de obligado cumplimiento para todas las autonomías. Además, Madrid estuvo de acuerdo. La otra vía, más compleja y lenta, es la del Tribunal Constitucional. Si se incumple el plazo de tres meses para crear el registro, el Gobierno podría interponer un conflicto negativo de competencias ante el Tribunal Constitucional. Pero el éxito de esta última fórmula es incierta. Lo que es seguro es que el Gobierno hará todo lo que esté en su mano para que se cumpla la ley y dará también la batalla política a fondo, como anunció el propio presidente.

Otro conflicto abierto recientemente y muy potente es el de las universidades privadas. El Gobierno ha aprobado un decreto para frenar la creación de nuevos centros privados, algunos de ellos considerados auténticos chiringuitos para hacer negocio sin ninguna calidad docente o investigadora. Ayuso ha anunciado un recurso al Constitucional. Los gobiernos de Madrid, Andalucía o Extremadura, en manos del PP, están dando licencias incluso con el informe en contra del Ministerio de Universidades, algo que este decreto va a impedir. Mientras la ministra Diana Morant señala que el PP está dejando desfinanciada la universidad pública mientras aprueba estos chiringuitos, lo que ha multiplicado los alumnos que van a la privada y eso obliga a muchos padres a endeudarse para que sus hijos estudien y rompe el ascensor social, el Gobierno de Ayuso señala que esto es un “atentado contra la iniciativa privada” y luchará contra él.

Otra tensión fuerte se está produciendo con la vivienda. Ayuso no es la única que se niega a cumplir la ley y declarar zonas tensionadas para limitar los precios, todo el PP lo hace, pero sí es la más activa. Es una batalla que también está dando contra ella el Gobierno y en especial el ministro Óscar López, líder del PSOE en Madrid. El Ejecutivo busca, como en el aborto y en tantas otras cosas, el contraejemplo de Cataluña, donde sí se está aplicando la ley y están bajando moderadamente los precios de alquiler, mientras en Madrid siguen subiendo, según los datos oficiales.

El último gran conflicto, además del choque con la ministra de Sanidad, Mónica García, no solo por el aborto, sino también por la privatización encubierta, es el de la memoria histórica. Ayuso también se niega a cumplir esta ley desde los detalles, como poner una placa en la sede del Gobierno madrileño, que fue centro de represión franquista, hasta las cuestiones de fondo. Ángel Víctor Torres, ministro responsable, ya ha señalado que impartirán ellos los cursos ante la decisión de Ayuso de retirar un curso de formación al profesorado sobre cómo abordar el franquismo en las aulas. Todos insisten en la misma idea: obligarán de una u otra manera a Ayuso a cumplir la ley. Pero más allá del choque jurídico, el más importante es el político, y todo indica que seguirá y se recrudecerá porque al Gobierno le interesa que se vean los dos modelos y las consecuencias de tener al PP al frente de la mayoría de los gobiernos autonómicos.