El Gobierno inicia ya con el PNV los contactos para presentar los Presupuestos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, empezó la semana pasada la negociación con el grupo parlamentario del PNV en el Congreso encaminada a presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, como ha prometido varias veces el presidente y que serían los primeros que se registrarían en esta legislatura. Por ahora se ha producido solo un primer contacto. El apoyo del PNV aún no está asegurado, como tampoco el de otros partidos del bloque de investidura. Junts mantiene que con ellos no se ha intentado aún ninguna aproximación. Hacienda confirma las primeras reuniones para la presentación de las cuentas “dentro de poco”, según Montero.

La Constitución establece que el Gobierno debe presentar ante el Congreso el proyecto de Presupuestos al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior, es decir, el 30 de septiembre a más tardar. El paso de los días aprieta: para poder cumplir con el trámite previsto, Hacienda tendría que llevar el borrador de cuentas públicas al Consejo de Ministros del próximo martes, el último que queda antes de que comience octubre.

El Gobierno mantiene el mensaje de que presentará, como está reglado en la Constitución y no se ha hecho hasta ahora en esta legislatura, el proyecto de Presupuestos del Estado para 2026. Montero hasta quiso subrayar este viernes a la salida del Fórum Nueva Economía que protagonizó la exvicepresidenta y actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, que de ninguna manera da por perdida la aprobación de esas cuentas públicas y avanzó que las tramitará “dentro de poco”. Ni Montero ni en Hacienda quieren precisar mucho más sobre estas primeras conversaciones, que se limitan a confirmar.

En el PNV sí que aseguran que la primera reunión se celebró la semana pasada, que tuvo lugar en Madrid entre los responsables del Ministerio y la dirección del grupo parlamentario y que a la misma no acudió en este caso el nuevo presidente de la formación, Aitor Esteban, que se reserva ese nivel de la interlocución para cuando el asunto esté más desbrozado.

Fuentes de la formación nacionalista vasca aseguran que las conversaciones se han retomado ahora donde se habían parado hace 12 meses, cuando se fracasó en el intento de discutir al menos las cuentas públicas para 2025. En el Gobierno lo único que han anticipado es que están en condiciones de proponer un proyecto de carácter expansivo, con un aumento del gasto superior al ciclo económico.

Hace un año se planteó un escenario similar, tras frustrarse en la primavera anterior los primeros intentos de acordar aquellos presupuestos, y entonces los responsables del PNV revelaron que estaban reclamando una tasa de reposición propia para los funcionarios vascos y una capacidad autónoma para fijar su sueldo en esa comunidad. Otro punto que se demandó para abordar en la Comisión Mixta del Concierto Económico desde el Gobierno vasco, en el que conviven PNV y PSE, fue un pacto sobre los límites de la deuda y del déficit para esa autonomía.

El consejero de Hacienda vasco se lo pidió en una reunión bilateral a la vicepresidenta Montero y justificó la necesidad de poder fijar su capacidad de endeudamiento para abordar una serie de inversiones para Euskadi. Todos esos puntos vuelven a estar ahora sobre la mesa.

Esa primera toma de contacto presupuestario con el PNV no se ha producido aún con Junts, otros de los socios de investidura, según fuentes de la cúpula del partido nacionalista catalán. “Cero”, resumió esta semana la portavoz parlamentaria de Junts en Madrid, Míriam Nogueras, cuando se le preguntó por si había alguna novedad con respecto a la negociación de los Presupuestos. Fuentes de la dirección de Junts indicaron así, además, que ni ha habido reuniones ni sondeos y que tampoco se les había trasladado la cifra de la senda de déficit o el techo de gasto, los pasos previos para conocer por dónde quiere el Gobierno fijar las grandes cifras de los Presupuestos del Estado.

En Junts llevan semanas advirtiendo de que este otoño tienen que “pasar cosas” y su secretario general, Jordi Turull, volvió a insistir este viernes en que durante esta estación tendrán que decidir qué ocurre con esta compleja legislatura. El partido de Carles Puigdemont, en cualquier caso, ha avisado varias veces de que para conseguir sus siete votos determinantes el Estado le tendría que entregar a la Generalitat de Cataluña las partidas presupuestarias no ejecutadas en los últimos años que han llegado a cifrar en 50.000 millones.

El panorama de los apoyos políticos en el Congreso a esas cuentas no se presenta mucho mejor tampoco para otros aliados teóricos, como Podemos, cada vez más alejado de todo el bloque de investidura y que dice considerar posible que en esos Presupuestos se revierta el aumento prometido a la OTAN del gasto militar y de Defensa hasta el 2%, romper totalmente las relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado de Israel y encarar el problema social de la carencia de viviendas bajando por ley su precio un 40%.

Aunque el ministerio ya ha activado el proceso presupuestario y ha cumplido con algunos de los hitos correspondientes, todavía quedan varias etapas por quemar, lo que convierte la posibilidad de cumplir con ese mandato constitucional en algo virtualmente imposible. Fuentes gubernamentales admiten que el objetivo de llegar a tiempo es “poco probable”, lo que abre la puerta a una posible nueva prórroga. Las mismas fuentes precisan que incumplir ese plazo inminente no supone que el Ejecutivo no pueda continuar con la actual senda de déficit prorrogada y tener aprobados los nuevos Presupuestos antes del 1 de enero de 2026.