La Oficina de Anticorrupción navarra sostiene que la adjudicación de las obras de los túneles de Belate es “nula de pleno derecho”

El Gobierno de Navarra ha dado a conocer este lunes cuatro informes elaborados por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), en los que, a petición del propio Ejecutivo, analiza hasta cuatro adjudicaciones de obras públicas a Servinabar y Acciona, empresas investigadas en el informe de la UCO sobre el caso Cerdán.

El informe más relevante es el que estudia el procedimiento seguido para la contratación de los trabajos de duplicación de los túneles de Belate. Con un precio de salida de 76 millones de euros, una de las adjudicaciones de obras públicas más importantes de los últimos años en Navarra se concedió por 62,88 millones de euros a la UTE formada por Osés Construcciones, Acciona y Servinabar. Las obras ya han comenzado y, ahora, la OANA determina en su análisis que se han cometido irregularidades durante la tramitación del expediente.

En concreto, la OANA considera que la mesa de contratación cometió una infracción “esencial” de las normas porque, citando el expediente, “en la valoración de los criterios cualitativos, cuatro miembros de la Mesa de Contratación remitieron sus puntuaciones al presidente, y este determinó la suya teniendo conocimiento de las asignadas por los demás”. Es decir, que determinó su puntuación sabiendo qué iba a votar el resto. No solo eso, sino que ni siquiera se celebró una reunión para intercambiar las puntuaciones. Estas se enviaron por mail.

Según el texto, hay seis actas de reuniones que se confeccionaron “tras el intercambio de correos electrónicos entre los miembros de la mesa, si bien no consta que se convocara reunión al efecto ni se aprobara norma alguna que estableciera un plazo para el intercambio de correos electrónicos o cómo serían las deliberaciones y la adopción de acuerdos”. Este hecho motivó el voto particular del secretario de la mesa, que solicitó en varias ocasiones al presidente que convocara una reunión para garantizar que todos los miembros de la mesa puntuaran a las empresas sin saber las puntuaciones del resto. Todo esto, apunta la OANA, “supone la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de la mesa de contratación y, por tanto, de la propuesta de adjudicación”.

Eso sí, la OANA reconoce que no pueden “determinar si ha existido o un conflicto de interés que haya llevado al presidente de la mesa de contratación a actuar como lo hizo”. Eso, concluye, “es algo que la comisión de investigación constituida en el Parlamento y a quien se dirige este informe, tendrá que tratar de delimitar”. Los informes han sido ya remitidos a dicha comisión. Este análisis parte de las conclusiones del Informe de Cuentas Generales de Navarra de 2023, elaborado por la Cámara de Comptos, que también concluyó que se habían producido algunas irregularidades, pero no ilegalidades. Además de la asignación de puntuaciones, la entidad recalcó que se había sobrepasado el plazo máximo de 80 días para adjudicar la obra y que los criterios cualitativos de adjudicación “debieran haber sido más desarrollados”.

Este lunes, el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha comparecido ante los medios para expresar que no comparte las conclusiones de la OANA y subrayar que las obras van a seguir adelante: “Respetamos el trabajo de la OANA, pero no compartimos las conclusiones sobre la nulidad que aporta en su informe de investigación del contrato de obras de duplicación del túnel de Belate”. En línea con lo manifestado de forma recurrente por la presidenta navarra María Chivite, el consejero ha afirmado que la “adjudicación de Belate se resolvió de forma legal y transparente”. En cualquier caso, ha reconocido que ha dado instrucciones a la secretaría general técnica de su departamento para que analice jurídicamente las conclusiones y consecuencias del informe.

“Irregularidades administrativas no son ilegalidades y mucho menos corrupción”, ha añadido, para luego aseverar que en dicho informe “no constan otro tipo de responsabilidades, no se acredita daño patrimonial ni conflicto de intereses”. Chivite ha defendido que “el hecho de que no hubiera una reunión presencial final de la mesa de contratación no altera el resultado de la adjudicación porque hubo sobrado contraste de opiniones vía telemática y, de hecho, se recogieron en el acta”. Pese a que ha afirmado que “el presidente de la mesa tenía prefijadas sus puntuaciones con anterioridad a recibir las restantes”, no ha sabido concretar a los periodistas en qué correos o en qué documentación se basa para afirmarlo. “Yo me baso en la información que hemos recabado una vez terminada la licitación”, ha dicho.

Sobre el criterio de la OANA, Chivite ha expresado que “una cosa es que nos interese su opinión y otra cosa es acatarla sin discusión”. “Nosotros lo respetamos, lo evaluamos, lo valoramos, lo estudiaremos, estudiaremos las consecuencias que tiene. Paralelamente, siguen abiertas las auditorías externas y la Comisión de investigación dentro del Parlamento de Navarra. Esperaremos a tener la valoración final de todos los procesos que están abiertos”, ha apuntado.