La defensa de Cerdán pide al Supremo la excarcelación del exdirigente socialista que lleva 70 días preso

La defensa de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, ha reclamado hoy la excarcelación del exdirigente socialista al juez Leopoldo Puente, instructor del caso que investiga una trama de corrupción en el seno del ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos (2018-2021). “Es difícil imaginar que pueda aceptarse como legítimo y constitucional en un sistema penal democrático que un ciudadano sea privado de libertad sin una mínima seguridad de que esta medida tan drástica esté justificada desde la perspectiva penal”, señalan los abogados de Cerdán en el escrito que han registrado esta mañana en el Tribunal Supremo.

Santos Cerdán ingresó en prisión provisional hace 70 días al considerar tanto el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, como el magistrado instructor, que el ex número tres del PSOE dirigió una trama de corrupción que cobró supuestamente de constructores al menos cinco millones de euros a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Fiscal y juez consideraron que existía un alto riesgo de destrucción o manipulación de pruebas, por lo que Cerdán ingresó en la prisión de Soto del Real el pasado 30 de junio.

Esa trama corrupta que investiga el Supremo y que dirigía supuestamente Cerdán estaba integrada además por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que mantiene su acta de diputado nacional en el grupo mixto, y su asesor principal, Koldo García. Ambos siguen libres aunque imputados en esta causa.

La defensa de Cerdán recuerda que la prisión provisional nunca puede ser “un instrumento de investigación per se ni algo que pueda justificarse por meras sospechas policiales”. Aunque la investigación se inició hace casi dos años en la Audiencia Nacional, el juez sigue sin tener pruebas del enriquecimiento de Cerdán como consecuencia del cobro de mordidas por adjudicación de obras ilegales. El sumario incorporó hace unos meses un informe de la Guardia Civil sobre unas grabaciones, hechas supuestamente por Koldo García, donde Cerdán comenta detalles de toda la operativa corrupta.

La defensa del exdirigente socialista recuerda que el juez ordenó a la Guardia Civil investigar a Santos Cerdán en febrero de 2025, cuando el ex secretario de Organización era todavía diputado nacional y sin que nadie hubiera pedido su suplicatorio. La ley aclara que si el motivo de la prisión provisional es sólo el riesgo de destrucción de pruebas, y no la fuga o la reiteración del delito, el máximo de tiempo que puede estar preso el implicado son seis meses. Los abogados entienden que dado que la Guardia Civil empezó a investigar a Cerdán por orden judicial en febrero pasado, ya ha transcurrido el plazo máximo para su puesta en libertad. “Carece de toda lógica”, remachan los abogados de Cerdán, “que se diga que puede destruir pruebas después de haber tenido la oportunidad de hacerlo sin que esto ocurriera”.

La prisión provisional de Cerdán se basa en indicios —las grabaciones de Koldo García— de “origen desconocido” y que “avalan una hipótesis policial sin indicios que la confirmen”, según sus abogados, que denuncian “una investigación judicial sin límites y objeto delimitado que está superando la proporcionalidad temporal de la medida de prisión provisional”. “Los cuerpos policiales”, señalan los abogados de Cerdán, “han tenido el tiempo y las oportunidades suficientes para asegurar la debida investigación sin que quepa ya seguir privándole de libertad” al ex secretario de Organización del PSOE.

El escrito de los defensores de Santos Cerdán intenta desmontar uno a uno los argumentos que esgrimen la Fiscalía Anticorrupción y el juez para justificar la prisión del exdirigente socialista.

El contrato con Servinabar. Santos Cerdán firmó un documento por el que supuestamente era dueño del 45% de la constructora Servinabar, vinculada a contratos de obra bajo sospecha de corrupción. “Se trata”, dice la defensa, “de una supuesta impresión de un borrador que suscribieron hace 10 años Santos Cerdán y Antxon Alonso. Cerdán rompió dicho borrador y así lo confirmó Alonso. Transcurridos 10 años debería de poder acreditarse la existencia de pagos desde Servinabar, ya fueran directos o indirectos a favor de Cerdán”.

Pagos inexistentes de Acciona. La investigación pone en el centro de la trama a Acciona, una constructora que recibió contratos del ministerio de Transportes. Los abogados de Cerdán escriben: “No constan pagos de Acciona ni a Santos Cerdán, ni a Koldo García ni a Jose Luis Ábalos. Sí consta que desde el Ministerio de Transportes se ha realizado una auditoria integral de las adjudicaciones a Acciona y no se ha constatado objeción alguna”.

El patrimonio de Cerdán bajo sospecha. “Se revisó el patrimonio del señor Cerdán”, señalan sus abogados, “y ni siquiera se incluyó en el informe, puesto que siete meses después no hay un céntimo fuera del control de la Guardia Civil, que lleva todo este tiempo investigando ese patrimonio y no tiene argumento alguno para justificar su sesgada hipótesis”.

Sin pruebas del cobro de mordidas. La defensa recuerda que en el auto de prisión contra Cerdán se justifica la medida porque el exdirigente socialista era “la persona encargada de percibir los premios económicos, comisiones o mordidas a cambio de los cuales se otorgaban las indebidas adjudicaciones”. Los abogados sostienen que no consta en la causa “ni un encuentro, ni una conversación, ni una relación entre el señor Cerdán y alguno de los empresarios investigados”. Cuando esos empresarios de Acciona, y las empresas LIC y OPR, declararon ante el juez, “no se les hizo ni una pregunta relativa al señor Cerdán ni a los supuestos pagos que se contenían en el auto de prisión”.

La defensa de Cerdán ha solicitado numerosas diligencias al instructor del Supremo para investigar las supuestas denuncias falsas del empresario Víctor Aldama, el denominado “nexo corruptor” en las actividades ilegales del ministerio de Transportes; que se investigue a fondo el origen de las grabaciones que incriminan a Santos Cerdán en los hechos por dudar de su autenticidad; que se analicen las actividades de determinados miembros de la Guardia Civil en relación con esta investigación; y que se comunique al Congreso de los Diputados que “un número indeterminado de aforados [como el ministro Ángel Víctor Torres o la presidenta del Congreso, Francina Armengol] están siendo investigados sin que se haya solicitado el pertinente suplicatorio”.