Díaz reconoce las dificultades para salvar la reducción de jornada y se saca la presión de encima: “No es el Gobierno el que falla”

Yolanda Díaz ha reconocido de manera implícita este miércoles las dificultades para salvar la próxima semana en el Congreso la reducción de la jornada laboral al no tener amarrados, de momento, los votos de Junts. La vicepresidenta segunda del Gobierno y titular de Trabajo ha tratado de sacudirse la presión al asegurar que el ministerio ha cumplido ya con su labor en las negociaciones de los últimos meses y que son otros partidos los que boicotean la norma. “No es el Gobierno el que está fallando, es la oposición, que está dañando a los trabajadores, hablo del PP”, ha especificado para centrarse en la formación de Alberto Núñez Feijóo, con 137 diputados en la Cámara baja, y sacar el foco del grupo de Carles Puigdemont, parte de la mayoría de investidura pero que ha expresado su rechazo a la ley.

“Vamos a trabajar, no me levanto de una mesa jamás. Como no lo hice en la reforma laboral. Fui a la votación sabiendo que la perdíamos”, ha afirmado reconociendo lo complicado del trámite y que podrían no superarlo. “Os tempos son chegados”, ha anunciado en gallego para referirse a un debate que, según ha expresado, no podía retrasarse ya mucho más. “Quien vaya a votar a favor votará a favor y quien lo haga en contra, por una semana más, una semana menos, no va a cambiar”, ha concluido antes de anunciar que si el proyecto decae, volverá a llevarlo al Consejo de Ministros.

Fuentes del ministerio trasladan que la parte técnica de la negociación con Junts está ya muy avanzada y expresan que son reclamaciones ajenas a las competencias del departamento —más relacionadas con la política de la legislatura— las que podrían dar al traste con el proyecto. Las mismas fuentes reconocen que el hecho de que la votación en el Congreso vaya a producirse un día antes de la Diada puede condicionar el resultado.

Fuentes parlamentarias de Junts indicaban ayer a este periódico que mantienen la enmienda a la totalidad. “Una serie de errores de los partidos de gobierno (PSOE y Sumar) han hecho que hoy se votara en la Junta de Portavoces aplazar el debate a la totalidad. El propio Gobierno español pidió el voto a favor para aplazarlo. Han perdido la votación”, indicó el grupo catalán, en referencia al hecho de que la fecha se haya fijado tan pronto porque la Junta de Portavoces, con los votos de PP, Vox y UPN (que representa temporalmente al Grupo Mixto y hace que la izquierda no tenga mayoría en ese órgano) impidió que este punto fuera retirado del orden del día del próximo miércoles, a pesar de haberlo pedido el Ejecutivo. Por plazos, en realidad, debía debatirse en esa fecha, porque la Mesa de la Comisión de Trabajo (que preside la diputada de Sumar Aina Vidal) ya había calificado las enmiendas. “Por lo tanto, ha sido una cadena de errores que ha precipitado, en contra de la voluntad del Gobierno, el debate a la totalidad la semana que viene”, agrega Junts.

Con todo, Trabajo se había mostrado partidaria de no dilatar más los plazos. El departamento de Díaz quería llevar la norma a votación en el pleno del 22 de julio, el último antes del parón del verano, pero finalmente Sumar decidió no incluirla en el orden del día tanto porque el contexto no era propicio —todo giraba esos días en torno a los casos de corrupción que salpicaban a dos ex secretarios de Organización socialistas— como para dar más tiempo a la negociación con el partido de Carles Puigdemont.

La caída de la ley supondría un golpe muy duro para el Gobierno, pero sobre todo, para el socio minoritario de la coalición, que ha hecho de este asunto su principal bandera desde las elecciones generales del 23-J. Sumar peleó muy duro en las negociaciones para el acuerdo de coalición con el PSOE hasta lograr incluir la reducción en el pacto y ya no pudo cumplir con el primer hito, que era el de reducir hasta las 38,5 horas semanales la jornada antes de final de 2024. Para los de Díaz, que la rebaja a las 37,5 horas este 2025 es ya un imperativo y por eso mismo no querían retrasar mucho más el paso de la norma por el pleno, aunque se inclinaban por llevar la ley un poco más delante en septiembre, según reconocieron este martes. El ministerio descarta en cualquier caso retirar el proyecto para evitar una derrota.

El proyecto es rechazado por las patronales, pero sí tiene el respaldo de los sindicatos. El jefe de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado este miércoles que la fecha de la votación de enmiendas es “prematura”. “Francamente, llegar de vacaciones y encontrarnos que con menos de una semana esto se va a pasar a Pleno y se va a votar, no puedo decir que sea oportuno”, ha señalado el sindicalista. “Creo que esta batalla la vamos a ganar. No sé si en la votación del próximo miércoles, espero que sí”, ha añadido líder de UGT, dejando claras sus dudas sobre cómo transcurrirá la votación de la próxima semana.

Endurecer el registro horario

Además de la contracción de la jornada ordinaria máxima semanal de 40 a 37 horas y media, la norma refuerza el derecho a la desconexión digital, garantiza que no haya merma salarial para los empleados beneficiados (incluidos aquellos con jornadas parciales) y refuerza el registro horario, con sanciones más cuantiosas a las empresas por incumplirlo y obliga a que sea digital. El ministerio ha advertido de que este último elemento saldrá adelante incluso en el escenario de que el Parlamento rechace la reducción, ya que se puede modificar con un desarrollo reglamentario (que no exige convalidación en el Legislativo). Una baza de Trabajo que sirve a su vez para ejercer presión sobre las patronales en la negociación.