El Gobierno apura los plazos para la acogida del millar de menores refugiados ordenada por el Supremo

El Gobierno asegura que acogerá al millar de menores refugiados que viven hacinados en Canarias, tal y como le ordenó el Tribunal Supremo en un auto el pasado 26 de marzo, pero no lo hará de forma inminente. Aunque el tribunal daba un plazo “improrrogable” de 10 días para garantizar a los menores solicitantes de asilo el acceso y permanencia en el sistema estatal de acogida, el Gobierno aún tiene margen para cumplirlo —ninguna de las fuentes consultadas sabe concretar cuánto— y todo apunta a que lo apurará. Según fuentes al tanto de la Comisión Interministerial de Inmigración celebrada entre varios ministros este martes, se presentarán alegaciones al auto del Supremo en las que se dejará claro que se acatará la medida, no sin antes insistir en que el Estado no cuenta con los medios adecuados para atender a estos niños, que la tutela seguirá siendo de la comunidad autónoma o que el hacinamiento que motivó la orden se reducirá cuando comience el traslado de unos 4.000 menores acogidos en las islas que se votará este jueves en el Congreso. En esa reunión se acordó también que, antes de cualquier movimiento, se suscribirá un protocolo con el Gobierno de Canarias para el traslado de estos menores, en su mayoría huidos de Malí. El Ejecutivo canario interpreta que esta hoja de ruta retrasará el cumplimiento de una medida que considera urgente.

El auto con el que el Supremo ordenó al Gobierno que integrase en la red de acogida estatal a este grupo concreto de 1.221 niños supuso un auténtico giro de guion después de más de un año de contienda política para obligar a las comunidades a solidarizarse con territorios fronterizos como Canarias o Ceuta. Cuando por fin, el pasado 18 de marzo, el Gobierno dio por superado este trance y logró el compromiso de Junts para introducir un cambio de la ley de extranjería que imponga la redistribución de menores extranjeros no acompañados cuando determinados territorios estén saturados, el Supremo se pronunció con un auto inesperado. El dictamen respondía a una petición de Canarias que, alegando el nivel de hacinamiento de sus centros, consideraba que el Estado podría asumir sus competencias en asilo para dar acogida a esos menores que han pedido protección o están pendientes de hacerlo. El tribunal le dio la razón y, aunque asume que las competencias en infancia son autonómicas, reprocha que no se haya puesto a disposición de estos niños el sistema estatal al que tienen derecho y evitarles las condiciones de hacinamiento.

La Abogacía del Estado llegó a recurrir el auto el pasado 3 de abril, en un movimiento difícil de justificar políticamente. Mientras diferentes ministros defendían la buena colaboración con el Gobierno canario y apelaban a todos los territorios para que se implicasen en la acogida de los menores, el departamento jurídico movía ficha. Sin renunciar al fondo de la cuestión —se sigue pensando que la acogida de los menores extranjeros solos no solo no es competencia del Estado y que la red no está preparada para atenderlos en condiciones—, el Gobierno central retiró al día siguiente su recurso en lo que ha calificado como una “muestra de buena fe negociadora” con los canarios.

En cualquier caso, el hito de más relevancia en esta crisis se producirá el jueves, cuando se vote en el Congreso el real decreto ley que impondrá por ley la redistribución de los menores que emigran solos y que se concentran en determinados territorios de entrada. De momento, todo apunta a que la votación saldrá adelante, como ya se ha acordado con los grupos parlamentarios, a excepción de Vox y el PP, pero la iniciativa necesita la luz verde de la mayoría de los diputados.

La aprobación será solo el primer paso de otro laborioso proceso en el que el Gobierno debe definir cuántos niños y adolescentes deben ir a cada comunidad autónoma. El cálculo se basará, en buena medida, en el esfuerzo que ya se ha hecho en esta materia y en el que salen perjudicadas muchas de las autonomías gobernadas por el PP. Mientras tanto, la Comisión Interministerial de Inmigración, entre los acuerdos de este martes, ha creado un grupo de trabajo para coordinar todo lo relativo a la ejecución del real decreto.