El Gobierno ultima una partida de 2000 millones de euros para defensa en plena presión de la OTAN

Pedro Sánchez presume de haber aumentado en 10.000 millones de euros el gasto en defensa desde que llegó a La Moncloa, a un ritmo de un 10% anual, sin necesidad de haber contado con el apoyo del PP, porque todo se ha hecho dentro del Consejo de Ministros de forma discreta. De vez en cuando, sin que comparezca la ministra de Defensa, Margarita Robles, que está teniendo un perfil político muy bajo en este momento, el Gobierno aprueba grandes paquetes de gasto en defensa que suponen un aumento del presupuesto a través de diversas vías, con transferencias de crédito o tirando del fondo de contingencias. Este martes, en pleno debate en España sobre el aumento del gasto en defensa y en un momento de máxima presión en la OTAN, que reclama a Madrid y a otros países europeos, especialmente Italia, un esfuerzo superior, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un gasto de más de 2.000 millones de euros de una tacada que se destinarán sobre todo a armamento, según fuentes del Gobierno.

Dados los compromisos internacionales de España, que tiene que llegar al 2% del PIB en gasto en defensa antes de 2029 y según ha anunciado Sánchez lo hará mucho antes, es probable que haya más partidas como esta en el futuro, aunque el Ejecutivo insiste en que aún queda mucha negociación por hacer y muchos datos por conocer. Entre ellos, el más importante es cuánto gastó España en 2024 según los criterios de la OTAN.

El acuerdo de Hacienda, que se hará a través de una transferencia de crédito a Defensa de 2.084 millones para atender “necesidades ineludibles”, ya fue estudiado en la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios el miércoles, y por tanto está todo listo para que el Consejo de Ministros lo apruebe este martes, aunque eso siempre se puede modificar a última hora.

Sumar, que rechaza el aumento del gasto en defensa, como ha dicho varias veces públicamente, resolverá la situación de la manera habitual: la vicepresidencia segunda, que dirige Yolanda Díaz, presenta observaciones en el proceso para mostrar su rechazo a esta partida, y las mantiene vivas para el Consejo de Ministros, pero la iniciativa sale adelante de todas maneras. Los ministros de Sumar han utilizado esta solución política para mostrar su discrepancia a la vez que permiten que siga adelante el gasto en varias ocasiones en los últimos meses, cada vez que había un aumento del gasto en defensa. Esta es la fórmula que ha encontrado la coalición para pactar esta discrepancia de fondo, que genera tensión mediática pero no pone así en riesgo la estabilidad del Gobierno.

El argumento técnico para utilizar esta vía de la transferencia de crédito, que evita tener que votar esta cuestión en el Congreso, algo que siempre genera problemas porque varios grupos de la mayoría rechazan cualquier aumento del gasto en defensa y habría que recurrir a los votos del PP, siempre una incógnita, es el hecho de que los Presupuestos estén prorrogados, y por tanto no se puede mover de la manera directa esta partida. Defensa argumenta que esa prórroga presupuestaria provoca que algunos programas, especialmente de armamento de última generación, se queden sin financiación, y por eso pide esta transferencia de crédito. Defensa argumenta que necesita este dinero para cumplir incluso con los contratos alcanzados con la industria militar y para dar respuesta a los compromisos internacionales.

El paquete más importante de inversiones, 870 millones de euros, se destinará según el plan de Defensa al programa especial de modernización 122B, que implica el “desarrollo, fabricación y adquisición de sistemas y equipos de defensa, que tienen una alta complejidad y larga duración, cuyo objetivo es lograr la modernización de las Fuerzas Armadas, dotándolas de los mejores sistemas de armas”. Esto es, armamento de última tecnología. Otros 803 millones irán al programa 122A, de modernización de las fuerzas armadas, que incluyen el sistema de Entrenamiento Integrado del Ejército del Aire y del Espacio, el Sistema de Defensa de Punto Antimisil, para proteger a los buques de la Armada, y además mantenimiento y reposición de equipos y sistemas para los tres ejércitos. El resto de gastará en programas de apoyo logístico y cuestiones de gestión del ministerio, investigación o asistencia hospitalaria.

El Gobierno ha ido soltando un goteo de aumentos de gastos en defensa de forma discreta, con más de 15 acuerdos en Consejos de Ministros desde noviembre de 2023, cuando tomó posesión el nuevo Ejecutivo. Antes, cuando no estaba Sumar sino Unidas Podemos en el Gobierno, también se hacía de una manera muy similar. De hecho la semana pasada, cuando Ione Belarra, líder de Podemos, le llamó “señor de la guerra”, Sánchez le recordó que cuando ella era ministra —de 2020 a 2023— también había los mismos aumentos del gasto en defensa y ella no le descalificaba así. El Ejecutivo los saca adelante con una gran discreción, y lo habitual es que ni siquiera se informe en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros entre los asuntos relevantes tratados en la reunión, y solo queda constancia a través de la referencia que se publica horas después.

Sánchez tiene mucha presión para aumentar de forma muy importante el gasto en defensa. Esta semana, en la reunión de la OTAN, ha quedado muy claro que la nueva administración de Donald Trump apuesta por exigir un 5% a todos los aliados, algo que el Ejecutivo español ve como completamente inviable. No es el único. Otros de diferente signo político, como el italiano, también rechazan de plano esa idea del 5% y también discuten el 3% que plantean otros aliados. España e Italia, como todos los demás, se comprometieron en 2014 a llegar al 2% y ese es el único objetivo que reconocen de momento, aunque es previsible que en la decisiva cumbre de la OTAN en junio en La Haya se alcance un acuerdo superior.

España e Italia tienen una situación similar, pese a sus diferencias políticas, porque tienen deudas altas —bastante más la italiana— y un margen limitado para aumentar mucho el gasto en defensa sin tocar el gasto social, como ha garantizado Sánchez. La opiniones públicas tanto española como italiana, pero también de otros países del sur que no sienten tan cercana la amenaza rusa, son claramente contrarias a aumentar el gasto en defensa si eso supone recortes sociales. Sánchez se mueve así en el equilibrio entre los compromisos internacionales que pretende cumplir, y su interés por mantener a España en el corazón de las decisiones, y la necesidad de poner límites a la escalada militarista que se vive en otros países del norte y el Este y sobre todo de no comprometer en ningún caso el gasto social. En La Moncloa insisten en que es perfectamente compatible y todo se verá en los próximos meses, cuando se le ponga cifras y plazos a los compromisos. De momento, este martes, si no hay cambios de última hora, habrá un primer golpe de más de 2.000 millones de euros.