Los indicios que acorralan a Ábalos

Desde que en noviembre pasado se hizo cargo del caso, el magistrado Leopoldo Puente, que instruye la causa abierta en el Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos, ha ido estrechando el cerco contra quien fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. Tras tomar declaración a los tres investigados (Ábalos; su antiguo asesor, Koldo García; y el empresario Víctor de Aldama), con varios informes de la Guardia Civil y una ronda de citaciones en la que tomó declaración a 17 testigos, el juez y la Fiscalía Anticorrupción consideran que hay indicios claros contra el exministro en, al menos, tres viviendas adquiridas o alquiladas por los empresarios de la presunta trama corrupta y en los contratos de los que se benefició la que fuera su pareja. El juez ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que rastree los movimientos bancarios y fiscales del exministro durante 11 años (desde 2014) para comprobar si se han producido “ingresos irregulares” que pudieran corresponderse “con los cobros que se le imputan”.

El magistrado Puente investiga a Ábalos por delitos de tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación. A la espera de nuevos informes de la UCO, el instructor y la Fiscalía han ido concretando en sus escritos algunas conclusiones. “Es el conjunto de los inmuebles referidos el que, a juicio de este instructor, presenta una particular potencia incriminatoria”, ha escrito el juez tras recordar los indicios que suponen las viviendas adquiridas por la trama para el supuesto disfrute de Ábalos. “De todos los pisos existentes en Madrid, la pareja sentimental del Sr. Ábalos residía, precisamente, en uno, de lujo, cuya renta era abonada por un socio del Sr. Aldama (el Sr. Escolano) y después por el asesor del entonces ministro. De todos los chalets ubicados en la costa andaluza, precisamente el Sr. Ábalos vino a arrendar, con opción de compra, un piso que adquirió con ese fin una empresa vinculada entonces con el Sr. Aldama [...]. Y, finalmente, de todos los pisos que el Sr. Ábalos podría haber intentado adquirir en Madrid para satisfacer sus necesidades de vivienda, vino a concertar un contrato privado de alquiler nuevamente con opción a compra y con un precio aparentemente muy inferior al de mercado, que resulta ser, precisamente, propiedad del Sr. Aldama”, ha advertido con incredulidad el juez.

El instructor ha citado para el próximo miércoles a dos nuevos testigos -Aranzazu Granell, una mujer que, según la Guardia Civil, dio dinero a Joseba García en la República Dominicana; y Javier Serrano, socio y supuesto testaferro de Aldama- con los que pretende apuntalar algunas de sus sospechas. Por ahora, estos son los los principales indicios que ha ido recabando el Supremo contra quien fuera ministro de Transportes:

El piso de la Plaza de España. El instructor da por acreditado que la trama corrupta alquiló una vivienda de lujo en el centro de Madrid para que viviera la entonces pareja de Ábalos, Jessica R. El exministro se ha desvinculado de esa operación alegando que él nunca ocupó ese piso. “Siendo ello cierto, lo es también, evidentemente, que el referido apartamento era ocupado [...] por la persona que [...] era en ese momento su pareja sentimental”, advierte el juez. La mujer, que declaró el pasado 27 de febrero como testigo, detalló que vivió allí aproximadamente tres años, a razón de una renta mensual de 2.700 euros, y que fue el propio Ábalos quien le propuso que dejara de compartir piso con amigas y se fuera a uno ella sola para poder pasar tiempo juntos. La mujer afirmó no saber quién pagaba el alquiler, pero dijo que daba por hecho que era el entonces ministro. El juez cree que la renta la asumió en su mayor parte Luis Alberto Escolano, socio de Aldama en el fraude de los hidrocarburos.

Los contratos de su expareja. El puesto de Jessica R. en las empresas públicas Ineco y Tragsasec han ganado protagonismo a lo largo de la investigación después de que la mujer admitiera que estuvo contratada en ambas, pero nunca trabajó realmente en ellas. La expareja de Ábalos contó que la llamaron de Ineco para contratarla unos días después de que ella le diera su currículum al entonces ministro. Jessica R. aseguró que, tras firmar el contrato, le entregaron un ordenador y se reunió con Joseba García, hermano de Koldo, quien también trabajaba allí desde hacía poco. Este le dijo que iba a ser su auxiliar administrativa y que si necesitaba algo, le llamaría, pero nunca lo hizo. Ineco ha explicado que la mujer estaba adscrita a un proyecto de Adif y que fichó e hizo partes semanales de su trabajo. El Supremo ha reclamado a Ineco y Tragsasec toda la información sobre estos contratos.

La casa de Cádiz. Los investigadores sospechan que el alquiler con opción a compra de un chalet en La Línea de la Concepción que firmó Ábalos es otra contraprestación de la trama a cambio de favores. El exministro alega que pagó la fianza y las dos primeras mensualidades y fue desahuciado cuando dejó de pagar, tras salir del Gobierno en julio de 2021. El juez, sin embargo, da credibilidad a Aldama, que sostiene que ese chalet fue adquirido, tras ser elegido por Ábalos, por la empresa Have Got Time, vinculada a Escolano. Según el instructor, el propósito de esta compra no era otro que alquilárselo al entonces ministro “para así disponerlo a su favor y en consideración al cargo que entonces ocupaba”. La explicación de Aldama ha sido confirmada por la empresaria Carmen Pano y su hija, administradora de Have Got Time, en sus declaraciones en el Supremo. El magistrado considera “irrelevante” que Ábalos no tuviera competencias para conceder la licencia de operador de hidrocarburos, que era lo que Escolano, Pano y su hija buscaban en las fechas en las que compraron esa casa, “por cuanto la dádiva o premio bien pudiera estar orientada [...] a que desplegara la indebida influencia” ante quien hiciera falta.

Piso de la Castellana. Aldama asegura que llegó a firmar con el entonces ministro un contrato por el cual Ábalos se hacía con la propiedad de un piso de lujo del comisionista ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid, valorado en 1,9 millones de euros. Según Áldama, el contrato era en realidad una garantía de futuras mordidas, de forma que Ábalos se quedaría con el piso si la trama no cumplía con las comisiones prometidas por adjudicaciones de obras dependientes del Ministerio de Transportes.

Entregas de dinero en efectivo. El instructor da credibilidad a las afirmaciones de Aldama cuando dijo que, durante mucho tiempo, hizo entrega de 10.000 euros mensuales a Koldo García para que los repartiera con Ábalos. En su declaración ante el juez, el empresario aseguró incluso que, en una ocasión, vio personalmente cómo se repartían el dinero y, tras preguntarle al entonces asesor del ministro, este le dijo que lo habían hecho así muchas veces. Los informes de la UCO recogen encuentros periódicos de octubre de 2019 a agosto de 2021 entre Aldama y Koldo García, y, posteriormente, entre el hermano de este y el empresario y principal comisionista de la trama. El juez recuerda como “un dato de especial significación” que también se ha constatado que, el 18 de octubre de 2019, Aldama creó en su teléfono una nota en la que aparecía consignado: “Grandu 11.500″, una referencia que los investigadores traducen como la entrega de ese importe a Koldo García. En el registro del domicilio de éste los agentes encontraron documentación sobre dos ingresos en efectivo de 10.000 euros que quien fuera asesor del ministro no acertó a justificar.