El juez pide información a dos empresas públicas sobre los contratos de la pareja de Ábalos

El magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, ha acordado este jueves varias diligencias para investigar los contratos con Ineco y Tragsatec de la expareja de José Luis Ábalos, Jessica R. En un auto, el juez solicita a ambas empresas públicas información sobre cómo se publicó la vacante que acabó cubriendo la mujer, que declaró en el alto tribunal que estuvo contratada en ambas empresas pero nunca trabajó. El juez también quiere saber el número de concursantes que optaron a la adjudicación de dicha plaza y pide que relaten en qué consistió el proceso selectivo. El instructor pide, además, la relación de viajes oficiales en los que Jessica R. acompañó a Ábalos y quién pagó sus gastos.

La petición de información de Ineco, Tragsatec y Transportes es el primer paso que da el instructor después de que Jessica R. admitiera en su comparecencia como testigo en el Supremo que estuvo contratada en ambas empresas, pero nunca fue a trabajar, y que acompañó a Ábalos en muchos viajes oficiales. Respecto a los trabajos, según explicó, consiguió el primero, el de Ineco, tras darle su currículum al entonces ministro. La contrataron, afirmó, como auxiliar administrativa de Joseba García, hermano de Koldo, el antiguo asesor de Ábalos y uno de los supuestos cabecillas de la trama corrupta que se investiga en el Supremo por supuestamente favorecer adjudicaciones públicas vinculadas a Transportes a cambio de mordidas. Jessica R. aseguró que se reunió con Joseba García en la empresa y este le dijo que le llamaría cuando la necesitase, pero nunca lo hizo.

Tras esa declaración, Ineco (participada por Aena, Adif y Renfe) remitió la semana pasada a la Fiscalía Anticorrupción documentación que, según la compañía, “acredita, de manera fehaciente, el seguimiento que la compañía ejerció sobre su actividad laboral”. En un comunicado, Ineco aseguró que lo declarado por Jessica R. no coincide con la documentación interna y los datos comunicados por ella misma, que hizo partes semanales de su tarea diaria y registró 3.684,23 horas de trabajo.

Las diligencias acordadas ahora por el juez habían sido solicitadas por las acusaciones populares, y Ábalos y Koldo García se habían opuesto por considerar que sería una investigación prospectiva. El juez ha optado por ponerlas en marcha y concluye que “en modo alguno” se sostiene el argumento del exministro y quien fuera su asesor, en la medida en que la petición de información se refiere a contratos celebrados con la Administración pública y que, según los indicios, aparecen vinculados “a varios de los investigados”.

Puente tampoco asume que, como señalaban Ábalos y García, se haya acreditado que realmente hubo una relación laboral entre Jessica R. y ambas empresas públicas, ya que la propia mujer lo ha negado “rotundamente” al admitir que “no hizo nada” durante los aproximadamente dos años de relación laboral en Ineco y que tampoco tuvo actividad profesional alguna durante los seis meses que duró su contrato con Tragsatec.

El magistrado requiere a ambas empresas públicas que relaten en qué consistió el proceso selectivo de personal en el que supuestamente participó la expareja de Ábalos, y precisen si hubo alguna entrevista con los candidatos, en particular con Jessica R. En caso de que la hubiera habido, añade el magistrado, “deberá precisarse por la empresa quién fue la persona o personas que entrevistó a los candidatos y en particular a doña Jessica”. Igualmente, Puente solicita el contrato de trabajo finalmente suscrito por la mujer y demanda información a las empresas para que, “siquiera sucintamente”, expliquen “en qué consistían las actividades profesionales encomendadas” a la expareja de Ábalos, quién era la persona que le encargaba el trabajo y cómo rendía cuentas de su tarea diaria. El magistrado requiere también a Ineco la documentación interna que ha enviado a la Fiscalía.

Las acusaciones habían pedido al juez que reclamara asimismo a esta empresa la información sobre el contrato de Joseba García, pero el instructor no lo cree oportuno por ahora, aunque deja la puerta abierta a hacerlo en el futuro.

Gastos en viajes

Las acusaciones populares también habían solicitado que se solicitara información sobre los gastos generados por todos los viajes oficiales realizados por Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes y por Koldo García. Para el instructor, esta petición es excesiva y “no se advierte motivo bastante para sujetar a una suerte de auditoría global”, señala Puente, acogiéndose, en este caso sí, a las alegaciones del exministro y su antiguo asesor.

Sin embargo, el magistrado sí considera pertinente pedir que el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible certifique el número de viajes oficiales realizados por Ábalos durante toda su etapa como titular de esa cartera, en los que constara que pudo haberle acompañado Jessica R. El ministerio reclama que, si hubiera constancia, se informe de qué persona, personas o entidad pudieran haber pagado los gastos generados por la presencia en esos viajes de la pareja del entonces ministro. Para ello, el instructor se dirige al actual titular de Transportes, Óscar Puente, para que ordene a quien corresponda que, en un plazo de 15 días, certifique la información que le reclama.

Por otra parte, el juez ha citado a dos nuevos testigos para el día 2 de abril: Aranzazu Granell, una mujer que, según la Guardia Civil, dio dinero a Joseba García en la República Dominicana; y a Javier Serrano, socio y supuesto testaferro del empresario cabecilla de la trama, Víctor de Aldama.