El Gobierno aprueba el reparto de menores migrantes tras negociar el apoyo de Junts

El Gobierno ha llevado este martes al Consejo de Ministros la modificación de la ley de extranjería para la redistribución de menores migrantes entre comunidades autónomas. La medida se aprueba mediante Real Decreto Ley y solo se ha incluido en el orden del día a última hora, una vez que el Gobierno había garantizado que Junts votará a favor del cambio legislativo cuando la iniciativa tenga que votarse en el Congreso, en un máximo de 30 días. Asegurarse el sí de los independentistas era clave para evitar que, como ya ocurrió este verano, la medida decayese en el hemiciclo. El cambio permitirá que en momentos en los que determinados territorios estén muy tensionados (como le ocurre ahora a Canarias y Ceuta) puedan activarse traslados a otras regiones.

Hacienda compensará a las comunidades autónomas, pero con una fórmula con la que financiará solo los costes ocasionados por la sobreocupación generada por la acogida de menores extranjeros trasladados desde otra comunidad autónoma. Esto implica que para recurrir al fondo estatal las comunidades autónomas deberán acreditar un número mínimo de plazas de acogida (denominado capacidad ordinaria) y, en su caso, si las tiene todas ocupados. El fondo de Hacienda para 2025 estará dotado con 100 millones de euros.

La distribución de estos menores que, en el momento actual, deberían salir de Ceuta y Canarias, se activará a través de una declaración de “contingencia migratoria” que tendrá en cuenta cuando un territorio exceda en ocupación tres veces su capacidad de acogida ordinaria. Según el texto al que ha tenido acceso EL PAÍS, el traslado hacia otras regiones se hará en base a una serie de criterios con los que se pondera la población (con un peso en el cálculo del 50%), la dispersión de población (2%), la renta per cápita (13%) y el desempleo (15%). Para contemplar la singularidad de cada comunidad también se tendrá en cuenta la insularidad (2%) y si el territorio es frontera (2%), el número de menores acogidos en los últimos seis meses (6%) o el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años en atender a este colectivo (10%). Aunque el Estado tiene la competencia en inmigración, son las comunidades autónomas las competentes en materia de infancia (migrante o no) y servicios sociales.

El apoyo de Junts, que el pasado verano tumbó el cambio de la ley de extranjería con los votos de PP y Vox, se ha ido desbloqueando hace apenas un par de semanas. El acuerdo entre los independentistas y el PSOE para delegar en la Generalitat algunas de las competencias estatales en inmigración reabrió las posibilidades de negociación sobre los niños migrantes, a pesar de que otra de las condiciones de Junts era que Cataluña no tuviese que acoger más. Los cálculos de la distribución aún no han trascendido, pero aparentemente todas las comunidades tendrán que recibir a los menores que salgan de Canarias y de Ceuta. En el caso de Cataluña, pero también de País Vasco, ese número será muy limitado, porque ambas son comunidades que cuentan con un número de plazas de acogida (4.600 y 1.500, respectivamente) superior en proporción al de la mayoría y llevan años ampliándolas, dos de los criterios clave para establecer el reparto.

En la nota de prensa en la que Junts ha adelantado el acuerdo, se destaca que el pacto con el “Gobierno del PSOE” consiste en limitar el número de menores no acompañados destinados a Cataluña. “El reparto se realizará entre aquellas comunidades autónomas que hasta ahora no han acogido o han realizado un esfuerzo mucho menor en comparación con el esfuerzo que ha realizado Cataluña. Esto significa que del total de menores a distribuir por el conjunto de la Península (unos 4.000), a Cataluña llegarán entre 20 y 30 y a Madrid más de 700″, asegura el texto distribuido por los independentistas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que llevará a los tribunales el real decreto.

Sin los números definitivos no está claro cuántos menores se trasladará a Madrid, pero los cálculos internos del Ministerio de Juventud establecen que el promedio deseable es que cada comunidad cuente con una plaza de acogida por cada 2.250 habitantes. Según estos cálculos, Madrid, que no llega a 2.000 camas, debería contar con 1.145 más. También ocurre con Andalucía, donde hay 3.000 plazas destinadas a niños migrantes, pero, según los cálculos del Ministerio, debería haber al menos 800 más. Esa tabla, una de las tantas con las que se han trabajado para ponderar criterios y números de reparto, es solo una aproximación, con datos incluso que las comunidades no reconocen, pero revelaba que, si se aplicase el mismo criterio de acogida para todos, las regiones gobernadas por el PP tendrían que sumar 4.000 plazas al sistema.

Finalmente, la prolongada negociación para encontrar una solución estructural cada vez que un territorio ve sobrepasados sus sistemas de acogida no se logrará con los votos del PP, que gobierna en Ceuta y sostiene el Gobierno en Canarias junto a Coalición Canaria. Los populares condicionaron su apoyo a que el Gobierno aceptase una enmienda a la totalidad de su política migratoria y cuando todavía se pensaba que había partido se levantaron de la mesa. Por el camino, Vox hizo de los niños migrantes su diana y rompió su alianza con el PP en varios gobiernos autonómicos por haber aceptado el traslado de unas decenas niños que ya venía haciéndose desde 2022.

La propia distribución será un nuevo desafío porque los servicios de Canarias y Ceuta deberán elegir los perfiles adecuados por edad, arraigo y situación para los que sea adecuada una nueva mudanza. En cualquier caso, con la contingencia migratoria activada, el decreto establece que, con los sistemas colapsados, los primeros menores migrantes trasladados deberían ser los recién llegados, con independencia de que su minoría de edad sea indubitada o no pudiera ser establecida con seguridad. El traslado deberá producirse en un plazo de solo 15 días tras su registro.