El Constitucional se pronunciará sobre el tratado de amistad entre España y Francia

El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la constitucionalidad del Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa, suscrito por el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron, en la cumbre de Barcelona de enero de 2023. El alto tribunal ha dado por recibido el requerimiento sin precedentes presentado por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, sobre un tratado que se presentó como un salto cualitativo en la cooperación con el vecino con el que España mantiene más estrechas relaciones políticas, económicas y de seguridad.

El Constitucional no ha accedido, como pedía la Cámara alta, a paralizar la tramitación parlamentaria de un acuerdo que fija el marco de las relaciones bilaterales entre España y Francia en todos los terrenos, de la concertación europea a la defensa, pasando por la cooperación transfronteriza, en materia de Interior y Justicia o en los ámbitos cultural, educativo o deportivo. Sin embargo, según ha precisado el alto tribunal en un comunicado, “el procedimiento [para que el Gobierno español ratifique el tratado y pueda entrar en vigor] queda suspendido en tanto se pronuncia el Tribunal Constitucional”. El debate del convenio figura en el orden del día del pleno del Congreso previsto para este jueves.

El punto que ha llevado al PP a cuestionar este tratado es el que señala que “un miembro del Gobierno de una de las Partes [España y Francia] será invitado al Consejo de Ministros de la otra Parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación”. Este artículo se presentó en la cumbre de Barcelona como símbolo del nivel de confianza alcanzado entre ambos países, a semejanza de los consejos de ministros conjuntos que celebran periódicamente Francia y Alemania.

Sin embargo, el PP considera que la participación de un ministro francés en el Consejo de Ministros español desvirtúa la función del máximo órgano colegiado del poder ejecutivo y vulnera el artículo 98 de la Constitución, según el cual “el Gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley”; y también los artículos 13 y 23, que fijan los derechos de españoles y extranjeros.

El Partido Popular sostiene que para aprobar este tratado habría que reformar antes la Constitución y acusa al Gobierno de tratar de cambiarla por la puerta de atrás al introducir, en la ley del servicio público de la Justicia de enero pasado, una modificación de la ley del Gobierno según la cual “a las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los secretarios de Estado y, excepcionalmente, otros altos cargos cuando sean convocados para ello, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales”.

El PP cree que este cambio se hizo para allanar el camino a la aprobación del tratado con Francia, que no se remitió al Congreso hasta enero pasado, mientras que fuentes gubernamentales acusan a los populares de “obstaculizar las relaciones exteriores” de España y alegan que “invitar” al Consejo de Ministros no significa formar parte del mismo, ya que es habitual celebrar consejos de ministros deliberantes en los que no se adopta ninguna decisión, como los que preside el Rey.

Más allá del debate jurídico, el requerimiento del Senado refleja las malas relaciones del Gobierno con el primer partido de la oposición en materia de política exterior, incluso en un aspecto tan poco conflictivo como las relaciones con Francia. La reunión de este jueves entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, para debatir el aumento del gasto en defensa y la guerra de Ucrania, será la primera en más de un año y el PP ya se ha quejado de que se trate a su presidente como a los portavoces de los demás grupos parlamentarios y no se le reconozca el estatuto de líder de la oposición.

En el pleno del Senado, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado al PP de “perjudicar a casi un millón de españoles” (350.000 que residen en Francia y más de medio millón en las comunidades autónomas limítrofes con el país vecino) por “obstaculizar” el tratado de amistad y cooperación entre Madrid y Paris.

El tratado de Barcelona pretende subir un peldaño más en unos vínculos que se han ido estrechando por todos los gobiernos democráticos de cualquier signo entre los dos países tras superar obstáculos como la inicial falta de colaboración en la lucha contra ETA o los recelos de París al ingreso de España en la UE. La principal novedad del acuerdo radica en la institucionalización de esas relaciones, no solo mediante la celebración de cumbres bilaterales anuales o la invitación a ministros de la otra parte a participar en los respectivos consejos de ministros, sino también como marco para foros sectoriales como el Consejo franco-español de Defensa y Seguridad.

La impugnación por parte del Senado de un tratado internacional es un hecho prácticamente inédito. Hasta ahora, los recursos presentados por el PP, haciendo uso de su mayoría absoluta en la Cámara alta, se han referido a la ley de amnistía, al techo de gasto, a la reforma que permitía a presos de ETA contabilizar los años de condena cumplidos en Francia y a la presunta modificación de textos legales mediante corrección de errores. Solo en dos ocasiones, en 1992 y 2004, se ha pedido al alto tribunal un pronunciamiento previo sobre la constitucionalidad de un tratado internacional y ha sido en ambos casos a petición del Gobierno.

El requerimiento se presenta al amparo del artículo 78 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por lo que tendrá una tramitación muy rápida. Una vez admitido a trámite, se abrirá un plazo de un mes para presentar alegaciones y el alto tribunal dispondrá de otro mes para pronunciarse, aunque el plazo puede prolongarse 30 días más si se piden aclaraciones. Además de “tener por recibido” el escrito del Senado, el Constitucional ha emplazado ya al Gobierno y al Congreso para que den su opinión al respecto. Antes del verano, en todo caso, debería dictar una declaración vinculante que permitirá desbloquear el tratado en su actual redacción o bien obligará a renegociarlo con Francia.